Decenas de miles de personas se reunieron ayer en el centro de Madrid para intentar rodear la cámara baja del Parlamento español, que sesionaba en pleno. Eran tres anillos de vallas y agentes policiales los que rodeaban la sede del Poder Legislativo para “protegerlo”, en una operación que incluyó más de 1.300 miembros de la Guardia Nacional. Sobre el operativo estaba fija la mirada del gobierno, que desde que se convocó la manifestación se dedicó a señalarla como un ataque a la democracia y a descalificarla.

Fueron tres las “cargas” policiales -como le llaman los medios españoles- que se sucedieron entre las 19.00 y la medianoche madrileña. Cada una de ellas diezmó la asistencia y el grupo de manifestantes que volvía al borde de los anillos después de cada una era cada vez menor.

Algunos participantes de la protesta habían tirado objetos pequeños contra el cerco policial, que varios jóvenes intentaron traspasar. Cuando la Policía decidió responder, lo hizo con palos contra los que estaban más cerca del vallado.

El saldo fue una cincuentena de heridos, 22 detenidos y decenas de personas haciendo sentadas en los distintos puntos de la movilización. La lluvia que comenzó a caer cerca de la medianoche terminó de dispersar a los grandes grupos.

Esa lluvia permitió que los diputados, que ingresaron al Parlamento antes de las 18.00, hora para la cual estaba convocado el cerco de manifestantes, lograran salir sin problemas del recinto. También favoreció a la mayoría de los manifestantes y a todos los organizadores, cuya intención era que la protesta terminara ayer y no se extendiera hasta hoy mediante acampadas, argumentando que querían reservar fuerzas.

Las manifestaciones masivas se dieron en Madrid, pero también frente al Parlamento catalán se reunieron unas 500 personas para expresar su disconformidad con los recortes. En Andalucía el Sindicato Andaluz de Trabajadores intentó irrumpir en la sede del legislativo local y en varios países europeos se desarrollaron protestas ante las embajadas españolas.

Con previa

Hace más de un mes que en redes sociales comenzó a circular la convocatoria a la manifestación de ayer, que tenía el objetivo de “invadir” el Parlamento e incluso la plataforma organizativa se denominó “Ocupa el Congreso” y buscaba “la dimisión del gobierno, la disolución de las Cortes y de la jefatura de Estado”. Con el correr de las semanas varias agrupaciones derivadas de los indignados del 15-M se fueron desmarcando del llamado, porque considera arriesgado ocupar físicamente el Congreso.

En cambio, otras organizaciones se sumaron y en conjunto conformaron dos plataformas nuevas -¡En Pie! y Coordinadora 25-S- y moderaron los objetivos: en lugar de ocupar, rodear el Congreso de forma pacífica para subrayar que los parlamentarios ya no representan al pueblo español.

Sin embargo, entre las idas y venidas una escisión de Democracia Real Ya! que se abrió de la convocatoria aseguró que en ella estaban vinculados “colectivos violentos de extrema derecha”.

Ese punto fue aprovechado por la delegada del gobierno español en la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la número dos del gobernante PP María Dolores de Cospedal, que además agregaron la presencia de extremistas de izquierda. La primera aseguró que la manifestación se trataría de un “golpe de Estado encubierto” y la segunda lo comparó con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando un coronel de la Guardia Civil ingresó a una sesión de los diputados para exigir su desmantelamiento.

Ni unos ni otros se dejaron ver en la convocatoria de ayer, que más allá de las exageraciones de las funcionarias del PP, significaba una infracción al Código Penal español, que prohíbe manifestaciones en los alrededores del Congreso cuando éste está en sesión. El artículo 494 -que se volvió famoso esta semana- promueve penas de seis meses a un año de prisión -o multas- para quien promueva, dirija o presida manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del legislativo cuando estén reunidos los legisladores.

Y no son palabras al viento: la semana pasada cuatro activistas fueron detenidos en una manifestación por extender una pancarta que invitaba a unirse a la manifestación de ayer y un día después fueron detenidas unas ocho personas que estaban reunidas preparando la convocatoria.