El 28 de julio de 2011 el Parlamento aprobó la ley que reglamenta las RED, incorporadas en una reforma de la Constitución de enero de ese año, en el artículo 329 sobre la promoción del “desarrollo integral en lo económico y social”. Según el texto que habilitó la aprobación de la norma, “la Ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas”.
En las dos instancias estuvo en suelo hondureño el estadounidense Paul Romer, ideólogo de las “ciudades modelos” y presidente de Charter Cities, organización que él presenta como independiente y sin fines de lucro. En su sitio web se define a estas ciudades como “zonas de reformas especiales” que permiten a los gobiernos adoptar “rápidamente” sistemas de reglas “nuevas e innovadoras” que pueden “diferir notablemente del sistema de reglas vigentes de un país”. Uno de sus principales componentes, añade, son los “terrenos despoblados del tamaño de una ciudad, contribuidos voluntariamente por un gobierno anfitrión”.
Charter Cities asesora en el tema al gobierno de Honduras. En 2011, en una entrevista con el periódico El Heraldo, Romer detallaba cómo serán estas ciudades. Dijo que gozarían “de un alto grado de autonomía” y que las reglas relacionadas con la salud, la educación, la justicia y la seguridad en la RED podrán diferir de las del resto del país. “La autonomía también implica que la recaudación fiscal del resto de Honduras no se destinará a la financiación de ninguna de las actividades en la RED. La ventaja es que permitirá que los hondureños prueben reglas diferentes. Podríamos compararla con un laboratorio donde podremos experimentar con nuevos sistemas”, explicó.
Yo soberano
Ante las críticas en torno a que estas ciudades violentan la soberanía y a pedido del opositor Partido Liberal, que de todos modos respaldó la iniciativa, se agregó un artículo que establece que las RED “son parte inalienable del Estado de Honduras y están sujetas a la Constitución” en los temas relacionados a defensa nacional, relaciones exteriores, elecciones, emisión de documentos de identidad y pasaportes.
“No cambiará su soberanía territorial ni sus fronteras reconocidas a nivel internacional. Lo que sucederá es que se creará una nueva región que podría funcionar con reglas diferentes a las que rigen en el resto del país”, afirmó Romer, quien entiende que Honduras tiene “muchos aliados internacionales fuertes” que podrían desempeñarse en la nueva RED, como Canadá, Suecia, Chile y India.
Las RED, según el texto, tienen el objetivo de “acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente”. A su vez, deben tener personería jurídica, contar con su propio sistema de administración pública, emitir su propia normativa legal, firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio y la cooperación en materias de su competencia, con la anuencia del Congreso.
La creación de una RED debe ser aprobada por dos tercios del Congreso. La marcha atrás para que ese territorio convertido en “ciudad modelo” vuelva a formar parte de las reglas del Estado de Honduras está sujeta a la aprobación del Congreso, previo referéndum a los ciudadanos que habiten la RED.
Críticas al modelo
“Golpe de Estado: crisis económica + represas + ciudad modelo”. Así dice la pancarta que se puede ver en la foto de portada del sitio de Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que reúne a las comunidades garífunas, descendientes de africanos, caribes y arahuacos. Denuncian la falta de información precisa en torno a la aplicación de la ley de las RED y señalan que esta norma forma parte de “una serie de leyes” de corte neoliberal destinadas “supuestamente a promover la inversión extranjera” pero que buscan extranjerizar la tierra mediante la venta.
Se prevé que la primera ciudad modelo abarque desde la Bahía de Trujillo hasta el río Sico, franja que compromete la mitad del territorio habitado por las comunidades garífunas. “Van a estar en todo el país, pero una de ellas ya está avanzando en la costa atlántica donde están estas comunidades y donde hay acceso a puertos para la exportación”, dijo a la diaria Juan Barahona, subcoordinador del FNRP, la base social del Partido Libertad y Refundación (Libre), que impulsa la candidatura a la presidencia de Xiomara Castro, esposa de José Manuel Zelaya, el presidente que fue derrocado en un golpe de Estado en 2009 y sustituido por el liberal Roberto Micheletti.
En contexto
El 18 de noviembre se celebran las internas de cara a las elecciones de 2013, las segundas tras el golpe. En el oficialista Partido Nacional y en el Liberal competirán varios precandidatos, mientras que el Partido Libre tiene a Xiomara Castro como única candidata. “En Honduras hoy se vive una situación política muy difícil: la situación económica es bastante crítica, hay inseguridad ciudadana, no hay un respeto a los derechos humanos, cada día hay cantidad de muertes impunes y la delincuencia ha crecido. Se reprime la protesta de los movimientos sociales, son criminalizados, encarcelados. La persecución política es una situación muy pero muy difícil”, dijo Barahona.
El dirigente se refirió al violento desalojo de centenares de campesinos que se habían instalado el 19 de julio en una finca de 529 hectáreas cultivada con palma africana y perteneciente a un agroempresario reconocido en Honduras, Miguel Facussé. Las cifras varían según la fuente, pero se habla de más de 30 detenidos, unos 80 muertos y otros tantos desaparecidos.
Todavía no hubo acciones de desalojo, pero Barahona afirma que “son inminentes y es un hecho” porque los territorios en los que se anuncia la construcción de la primera “ciudad modelo” están poblados por comunidades garífunas. “Uno de los que promovieron la venta de territorio en países de Asia y ahora es el gran impulsor de estas ciudades, porque acaba de hacer un desembolso de 15 millones de dólares para iniciar la construcción, es Juan Orlando Hernández, precandidato por el Partido Nacional, que es el mismo que está en el poder, el de Porfirio Lobo Sosa, sucesor del golpe”, enfatizó Barahona.
Con promesas
En una ceremonia encabezada por Hernández como “testigo de honor” en su calidad de presidente del Congreso, se firmó el martes 4 el primer convenio entre el gobierno y la empresa NKG de Estados Unidos para la construcción de la primera RED. Michael Strong, ejecutivo de NKG, dijo que se trata de una colaboración entre un “diverso grupo de inversionistas, empresarios y expertos” que apunta a la “eliminación de la pobreza a través de la creación de riqueza en Honduras mediante las RED”.
Hernández, por su parte, señaló que hay tres sitios posibles. “La región del Valle de Sula, la región adyacente a todo lo que es Puerto Castilla, ya sea en Sico-Paulaya o el Valle de Agalta; y la región del sur de Honduras. Hay que estar cerca de puertos y en eso los hondureños tenemos muchas facilidades”, aseguró. Prometió que se generarán 5.000 empleos para la construcción y anunció para octubre el inicio de las obras. “Después vendrían los empleos para construir fábricas y equiparlas”, acotó. Hernández prometió 13.000 nuevos puestos para 2013, 30.000 para 2014 y 45.000 para 2015.
La candidata del Partido Libre, en tanto, se pronunció en un comunicado que recuerda que la ley de las RED fue considerada inconstitucional por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución y propone que el proyecto se someta a referéndum. “La impuesta ley es incompatible con el concepto de soberanía, independencia e igualdad de oportunidades para la inversión nacional y extranjera”, escribió Xiomara Castro.
También hubo críticas desde el sector empresarial que en distintas intancias ha reclamado al gobierno “seguridad jurídica” para promover inversiones. Cuando se aprobó la ley de las RED, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que reúne 67 organizaciones y que no fue consultado en este tema, se declaró en contra de la iniciativa y señaló que tiene “incongruencias, vaguedades y ambigüedades que no dan seguridad a las inversiones”.
El 18 de junio, la Cohep volvió a pronunciarse “ante la convulsión en el sector agrario evidenciada por la invasión y afectación de tierras en plena producción”. Los empresarios pidieron al gobierno “respeto a la propiedad privada”. Agregaron: “Nuestro país enfrenta problemas muy serios, pobreza, desempleo, inseguridad jurídica y ciudadana, y su actividad económica confronta incertidumbres internas y externas que frenan la inversión y su capacidad para contribuir sustantivamente al desarrollo económico y social”.
“Las ciudades modelo no son más que la venta de nuestro territorio, de nuestra soberanía, donde se va a instalar un Estado dentro de un Estado: tendrán sus propias leyes, sus propias autoridades jurídicas y policíacas. El pueblo hondureño se ha manifestando en contra pero el gobierno lo está presentando como el futuro del país, como el desarrollo y la salvación aunque no es más que la venta de nuestro territorio a pedazos”, concluyó Barahona.