Suena fuerte y va a causar un revuelo interesante la propuesta de resolución que Convergència i Unió (CiU) está negociando con otros partidos en Cataluña para someter a votación el jueves en el Parlamento regional. Sin embargo, la propuesta en sí es un poco más tibia: no menciona la palabra referéndum, no habla de independencia y sigue haciendo referencia al clamor independentista sin adueñarse de él. Sin embargo, incluye frases fundamentales como “transición nacional”, “derecho a decidir” y “voluntad del pueblo”.

La resolución reconoce y felicita a los catalanes por la gran convocatoria a la manifestación del 11 de setiembre -en la que participaron dos de los siete millones de habitantes- y subraya que “una parte muy importante del catalanismo” intentó durante 30 años “encajar” en el Estado español, pero concluye que “los intentos de encaje de Cataluña en el Estado español son hoy una vía sin recorrido”.

“Por todo eso”, en el texto, al cual tuvo acceso el diario español El País, se sugiere que el Parlamento exprese “la necesidad de que Cataluña haga su propio camino” y de que “pueda decidir libre y democráticamente su futuro colectivo”.

El texto que CiU presentará en el Parlamento el jueves no es vinculante, sino que pide al gobierno de la Generalitat que realice una consulta al pueblo catalán para que éste pueda “determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”.

CiU mantiene negociaciones con otras formaciones catalanas como Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana, y los independentistas de Solidaritat y el diputado independiente Joan Laporta, y no se descarta la posibilidad de que el texto pueda ser alterado para asegurarse el respaldo de estas agrupaciones, que en total cuentan con 86 de los 135 diputados del Parlament. Desde el arranque, la iniciativa cuenta con la oposición del Partido Popular (PP), pero se trata de una nueva ocasión en la que el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) -en continuo equilibrio entre Madrid y Barcelona- debe tomar una postura que lo incline hacia uno u otro lado. Sin embargo, el secretario general de los socialistas españoles, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya advirtió que el PSC: “no es un partido soberanista”. Aun si se unieran, el PP y el PSC no podrán contrarrestar una aprobación pactada por el resto de los partidos catalanes, ya que no llegan a los 50 legisladores.

Es la tibieza de la propuesta la que será puesta en tela de juicio en las negociaciones. Otras formaciones que ya manejaban iniciativas para presentar en el Parlamento invocaban directamente un referendo (Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana, por ejemplo), o incluso una declaración unilateral de independencia (Solidaritat). Voceros de estas formaciones independentistas -y no nacionalistas moderadas, como lo es CiU- reclaman que la declaración del Parlament sea más contundente, para que no termine en la nada, como sucedió con la declaración a favor de la autodeterminación que se aprobó en 2011.

Una de las primeras reacciones después de que se conociera el documento en debate fue la de la Asociación de Militares Españoles, integrada por antiguos miembros del Ejército, que advirtió que quienes promuevan la “fractura de España” pueden ser juzgados por un tribunal castrense por “alta traición”, ya que es el Ejército el responsable último de que se cumpla la Constitución.

No sólo la marcha multitudinaria precede a la propuesta de resolución que debate el CiU con las demás formaciones, sino también el rechazo del mandatario Mariano Rajoy a negociar un pacto fiscal que sea más beneficioso para Cataluña. Tras una reunión con el president de la Generalitat, Artur Mas, Rajoy le prometió una reevaluación del modelo de financiamiento para el próximo año, cuando será necesario que se actualice el actual pacto entre las comunidades autónomas y Madrid, porque caducará. Sin embargo, en las últimas horas el mensaje desde el gobernante Partido Popular (PP) se endureció.

El lunes se reunieron los presidentes autonómicos del PP y tras el encuentro, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, hizo pública una declaración en la cual “el PP garantiza que va a defender la unidad de España”. También aseguró que los presidentes autonómicos del PP -que son mayoría- no permitirán que se someta a debate el modelo de financiación el próximo año, porque “no es el momento de abrir el debate por la situación económica”.

Horas después, desde Nueva York, Rajoy completó el balde de agua fría: “Cambiar el modelo de financiación no es una prioridad [...] plantear ahora reformar el sistema de financiación es plantear el reparto de lo que no hay”. La del presidente fue una declaración que le marcó distancia a Mas y lo presionó así para que decidiera rápidamente su próximo movimiento. Y fueron sólo algunas horas las que pasaron antes de que saliera a la luz el texto que su partido estaba debatiendo con los independentistas.