El 15 de junio unos 50 campesinos, entre ellos mujeres y niños, ocupaban el predio Marina Cué, de unas 2.000 hectáreas y ubicado a cinco kilómetros de la ruta 10, llamada Las Residentas, que separa los campos de la comunidad de Yvy Pytã, en el departamento de Canindeyú. A eso de las 8.00, un operativo organizado en la madrugada con unos 400 efectivos policiales, que incluyó fuerzas de choque especiales, policía montada, un helicóptero, alrededor de 20 patrulleros y varias ambulancias, avanzó sobre el campo y se desató la balacera. El resultado fue un desastre: 11 campesinos y seis policías murieron, decenas fueron heridos y hubo 12 detenidos.

Hay 54 personas imputadas porque estaban en una lista elaborada por los campesinos de Marina Cué de compañeros de militancia que querían tierra y que fue encontrada por la Policía. Algunos de ellos ni siquiera estaban en el predio ese día. Decenas de los requeridos, sobre los que pesan varios cargos, están prófugos.

Una gira por la zona, unos 250 kilómetros al noreste de la capital Asunción y cerca de la frontera con Brasil, explica la urgencia de tierra de los campesinos. La versión de una infiltración entre los sin tierra hizo estragos en la confianza de la población local. No obstante, lentamente, han vuelto a hablar y a organizarse para retomar su lucha.

En Yvy Pytã, tierra ganada por la lucha campesina, muchas de las familias viven hacinadas. Aquellos que tienen un pedazo de tierra suelen dar lugar a sus familiares o allegados para que también tengan dónde producir. Llegan a ser diez personas en un pequeño predio. Las plantaciones de sésamo, mandioca, tabaco, algodón, maíz, y la cría de vacas, cerdos y gallinas les dan el sustento principal.

Algo similar ocurre en las comunidades de Carro Cué, Britez Cué o Yasy Kañy, a decenas de kilómetros, donde también hay familiares de sin tierra involucrados en Marina Cué. Así lo constató una misión de solidaridad y verificación de derechos humanos que visitó esas zonas en los primeros días de setiembre, en la cual participó este periodista por Radio Mundo Real (de la red Amigos de la Tierra Internacional). La integraron también representantes de varios países y de entidades internacionales, como la red de organizaciones campesinas Vía Campesina y FIAN (FoodFirst Information and Action Network), dedicada a la defensa del derecho a la alimentación. La misión, que ya hizo un informe preliminar, presentará a fin de año uno 
final a Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos y a la Unión de Naciones Suramericanas.

La tierra, rojiza por esos lados donde el guaraní es la lengua madre, asegura el alimento y la dignidad, dicen los campesinos. Pero ese recurso escasea y el hambre y las penurias se abren espacio. Por eso, decenas de campesinos sin tierra, entre ellos muchos jóvenes ya padres de familia, dejaron los predios de sus seres queridos para cruzar a Marina Cué y generarse un futuro.

Al lado de esos pequeños campos, los grandes monocultivos de soja de empresarios brasileños y paraguayos no dejan de generar ganancias. Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierra en el mundo: 2,5% de los propietarios tiene cerca de 85% de las tierras.

El presidente Federico Franco y el Gabinete Social de la Presidencia ya visitaron Yvy Pytã más de una vez luego de la masacre. Frente a la portera de entrada a la comunidad, del otro lado de la ruta 10, las delegaciones oficiales vieron las carpas de un grupo de campesinos que levantaron un pequeño campamento de reivindicación por la tierra y en recuerdo de los 11 compañeros caídos.

El gobierno ha ofrecido en Yvy Pytã obras de caminería, iluminación, formación en oficios y avanza en la instalación de un puesto de salud que aún no abrió sus puertas, pero pidió un plazo de cuatro meses ante el reclamo de las tierras de Marina Cué. Franco asegura que ese predio es estatal y que lo recuperará para los campesinos sujetos de la reforma agraria. El plazo finaliza el 20 de diciembre y hasta ese día esperan los sin tierra. Si no hay novedades, entran de nuevo por las suyas.

Las otras voces

Los campesinos subrayan que el predio en disputa es del Estado, para ser destinado a la reforma agraria, pero está ocupado irregularmente por la empresa agrícola ganadera Campos Morombí, que en el momento de la ocupación pertenecía al ex legislador colorado Blas Riquelme, que murió el 2 de setiembre. Ese empresario, señalan campesinos y diversas organizaciones sociales paraguayas, fue beneficiado con las tierras “malhabidas” del ex dictador Alfredo Stroessner. El Estado paraguayo tiene un proceso judicial abierto en reclamo de esos predios.

Las versiones sobre lo que pasó el 15 de junio en Marina Cué son bastante variadas. Sin embargo, algunas declaraciones campesinas se reiteran y coinciden con otras fuentes, incluso provenientes de la Policía. Existió una orden judicial de allanamiento, que se terminó ejecutando como desalojo, y una orden fiscal de “detención de ocupantes”.

Adalberto Castro tiene 24 años y estaba en Marina Cué. Fue herido de bala en una pierna, detenido y está preso en la cárcel regional de Coronel Oviedo, en el vecino departamento de Caaguazú. Perdió a uno de sus hermanos, Adolfo, en la represión policial y otro, Néstor, fue gravemente herido de bala en la mandíbula. “Nosotros esperábamos que fuera la Policía o alguien de la Justicia a conversar, tal vez con un documento que iba a decir si ese predio tenía dueño o no”, dijo a la diaria Adalberto. “Nunca íbamos a pelear, nunca pensé que fuera a pasar eso, si no, no íbamos a estar con nuestros hijos ahí”.

Muchos familiares reiteran que los campesinos creían posible que el 15 de junio les entregaran las tierras y que estaban contentos con esa expectativa. Juana Evangelista Martínez, de Yvy Pytã, contó que habló con su marido Arnaldo Ruiz Díaz, que estaba en Marina Cué, a eso de las 6.00 de ese día. El campesino le dijo a su compañera que se preparara para festejar porque les darían las tierras. Horas después estaba muerto y Juana se quedó con seis hijos chicos y una pequeña parcela prestada que no puede sostener sola.

La llegada de la Policía al predio en disputa ese día no fue la esperada. Los campesinos consultados dicen que Avelino Espínola, el dirigente que se mantenía en la lucha por Marina Cué desde el inicio en 2003, con varios desalojos de por medio, intentó hablar con la Policía. Lo mismo habría hecho Rubén Villalba, otro de los líderes del campamento. “Pero la Policía atropelló, eran miles y atacaron”, sostuvo Adalberto. Avelino habría sido uno de los primeros campesinos en morir y Rubén está prófugo.

El ex ministro del Interior de Fernando Lugo Carlos Filizzola, que renunció para “descomprimir” la situación ese mismo 15 de junio, dijo en conversación con la diaria que el jefe del operativo, Erven Lovera, buscó conversar con los campesinos, versión contraria a la que exponen los sin tierra. Sin embargo, en un informe televisivo de Paraguay.com, que tenía un equipo periodístico al lado de Lovera antes de empezar el operativo, se ve al jefe policial informándole a un superior por celular: “La idea es la siguiente: el grupo antimotín con montada irá a atropellar directamente”. En el enfrentamiento Lovera fue baleado con un arma de grueso calibre y murió. Otros policías también fueron ultimados con armas del mismo tipo.

Primera bala

Las declaraciones campesinas coinciden en que hubo “una primera bala que no se sabe de dónde salió” y que desató la tormenta. Algunos sin tierra, entre ellos uno prófugo que prefirió no identificarse, reconocen que varios compañeros tenían escopetas para defenderse, pero niegan la presencia de metralletas. “Es normal que los campesinos tengan escopetas, las usan incluso para cazar y alimentarse. Pero no tienen armas de grueso calibre”, señaló Filizzola. “En unos 100 operativos de desalojo conmigo como ministro nunca los campesinos reaccionaron así, acá pasó algo raro”, agregó. El ex jerarca pide que se investiguen los hechos debidamente, pero cree que hubo francotiradores infiltrados con el objetivo de generar una masacre para desestabilizar al gobierno de Lugo, que cayó en un juicio político “exprés” días después.

Las organizaciones campesinas paraguayas que integran la Vía Campesina y otras agrupaciones sociales y de defensa de los derechos humanos creen firmemente que los partidos políticos tradicionales, la oligarquía vinculada al dominio de la tierra en el país, los medios de comunicación de la derecha y el lobby de la transnacional semillera Monsanto tuvieron alguna incidencia, cuando menos, en lo ocurrido en Marina Cué.

Luis Olmedo tiene 22 años y es uno de los detenidos en la penitenciaría de Coronel Oviedo. El 15 de junio intentó huir pero los policías lo atraparon. Le pegaron durante horas con armas de fuego en el rostro. En una comisaría en Curuguaty lo amenazaron de muerte varias veces. Es otro de los puntos en común de los relatos: la saña policial, la tortura y las amenazas de muerte.

A Adalberto Castro, luego de capturado, un policía lo exhortó a huir. El joven campesino, temeroso de que lo balearan por la espalda, no corrió. Su hermano Adolfo tenía 28 años. La familia sospecha que fue ejecutado. La versión de las ejecuciones a sin tierra caídos o heridos también se repite, y no sólo entre las fuentes campesinas. Asimismo, algunos campesinos heridos se quejan de que no fueron atendidos correctamente en centros de salud de Curuguaty, al tiempo que en Marina Cué los pobladores de la zona se encargaban, un día después de la matanza, de encontrar cadáveres y heridos ante la ausencia de autoridades estatales.

Motivos de lucha

Mariano Castro, el padre de Adolfo, Néstor y Adalberto, es el presidente de la Comisión de Víctimas del grupo de familiares de los campesinos muertos en la masacre. Esa comisión tiene tres demandas bien concretas: liberación de los detenidos y sobreseimiento a los imputados, resarcimiento económico a los familiares de los muertos y entrega del predio en disputa a los sin tierra.

“No es que los campesinos quieran entrar” a Marina Cué, si Franco no les da las tierras, sino que “van a entrar”, manifestó un poblador de Yvy Pytã que prefirió no ser identificado y que está dispuesto a ingresar al predio el 21 de diciembre. Pertenece al grupo de familiares de muertos en el desalojo del 15 de junio.

Desde el Gabinete Social les insisten con los cursos de formación en oficios. “A mí particularmente no me conviene eso. Si yo soy peluquero, gano plata. No me conviene si no tengo tierra donde vivir”, resumió el entrevistado.

Muchos familiares de los campesinos que murieron en Marina Cué subrayaron que quieren vivir en el lugar por el que pelearon sus seres queridos. “Más que nunca unimos criterio y tenemos fuerza para conquistar esa tierra”, enfatizó Mariano. “No nos vamos a dejar plantar soja más sobre la sangre caída de nuestros compañeros e hijos”, aseguró.