A propósito del tercer aniversario del terremoto, el presidente de Haití, Michel Martelly, rindió tributo a las víctimas, presentó un adelanto del Código Nacional de Construcción y anunció, sin dar cifras, que “una parte” del presupuesto nacional se destinará a un proyecto de “Reducción del riesgo sísmico”. El 12 de enero participó, junto a otras autoridades, en un acto oficial en las ruinas del palacio presidencial en un “Día de conmemoración y reflexión”. Allí, Martelly prometió una reconstrucción que “cumpla las normas sísmicas” y la creación de un “mausoleo nacional” en Saint-Cristophe, al norte de Puerto Príncipe, donde fueron sepultados muchísimos de los más de 300.000 fallecidos.
El Código Nacional de Construcción es, según el sitio web del diario haitiano Le Nouvelliste, un conjunto de normas antisísmicas para edificaciones, que será obligatorio aplicar y que entrará en vigencia en abril mediante decreto. El proyecto “Reducción del riesgo sísmico” incluye un plan de acciones de gobierno orientadas a gestionar una estrategia de “reconstrucción nacional”, en particular para oficinas públicas, escuelas y hospitales. Martelly anunció también que enviará al Parlamento una iniciativa que crea un sistema nacional de gestión de riesgos y desastres. “Sabemos que la reducción del riesgo sísmico no sucederá de la noche a la mañana”, afirmó.
Acotados
Pese a los anuncios, organizaciones internacionales y locales entienden que el gobierno no tiene una propuesta efectiva para las más de 350.000 personas que todavía viven en campamentos precarios. “En abril de 2012, se publicó un borrador de un proyecto de política nacional para la vivienda, pero todavía no hay acciones que apunten a los más vulnerables. Hubo ideas, pero no cosas concretas. La prioridad es que estos campamentos dejen de existir. No hay espacios mínimos entre persona y persona, no hay cantidad de agua suficiente”, dijo a la diaria Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional (AI), desde Londres. Allí se encuentra la oficina de AI que, en coordinación con las organizaciones civiles locales, monitorea la situación de Haití.
Idas y vueltas
Según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), regresaron a su país desde República Dominicana 2.940 haitianos desde que ocurrió el terremoto. En su momento, las cifras oficiales indicaban que 200.000 habitantes de Haití se habían desplazado al país vecino en busca de mejores condiciones de vida luego de la catástrofe, informó la agencia Efe.
Consultada al respecto, Lespinasse dijo que “al contrario de lo que se podría pensar”, los haitianos no huyeron al exterior después del terremoto, sino al campo. “Claro que hubo algunas personas que fueron a República Dominicana, que sufrieron heridas y fueron en busca de médicos. Pero la mayoría de las personas que vivían en zonas afectadas huyeron al campo. El campesinado ha soportado la carga de los desplazados: ofrecieron comida, acogieron a las familias. La migración de Haití a República Dominicana es algo permanente, que ocurre siempre. Además, desde noviembre de 2010 -cuando se declaró la epidemia de cólera- República Dominicana empezó de nuevo a repatriar gente y cada día la entrada se hace mucho más difícil”, señaló.
“No es sólo no tener espacio. Es lo que han sufrido, es no tener seguridad de qué sucederá con ellos y con sus hijos que deben asistir a la escuela”, añadió Liguori. Por su parte, Colette Lespinasse, presidenta de GARR y reconocida militante por los derechos humanos, explicó a la diaria que muchísimas escuelas aún no están funcionando con normalidad: “Siguen trabajando con materiales precarios, con poco espacio. Antes tenían tres o cuatro pisos, ahora tienen uno. Los niños están muy apretados, no tienen lugar para jugar, para recrearse”.
Un lugar
Otro problema social son los desalojos de personas que en los días siguientes al terremoto se instalaron en predios privados. “Los dueños reclaman sus terrenos y el Estado no les ha dado garantías de devolución. Existe un procedimiento legal para reclamarlos, pero los propietarios entienden que no merece la pena intentarlo y están utilizando sus propios recursos y medios para hacerlo, incluso con el apoyo de autoridades y gobiernos locales”, relató la representante de AI.
La presidenta de GARR se expresó en el mismo sentido e indicó que todavía hay familias viviendo en edificios públicos, como escuelas. “La meta era reubicar en 16 barrios a gente de los campamentos. Lo han logrado en algunos sitios, pero este programa es muy criticado porque sólo permite a las familias alquilar una casa por un año y se les ha dado el equivalente a 500 dólares. Hay una debilidad cierta de un Estado que no toma en cuenta las necesidades de la población, sino que responde a los deseos de grupos poderosos y piensa en la población más vulnerable”, declaró la haitiana.
Lespinasse destacó el “especial esfuerzo” de las mujeres. Instituciones como UNICEF y la Cruz Roja realizaron un trabajo para localizar familiares de niños cuyos padres murieron durante el terremoto. Muchos de esos niños permanecieron con mujeres que vivían en el barrio. “Tú vas por los campamentos y ellas te dicen: yo tengo dos y tres más de una prima, un hermano, una vecina. Es una carga muy fuerte”, señaló.
Básico
La Unión Europea y Haití firmaron el 15 de enero un convenio por 20 millones de euros para financiar un programa de seguridad alimentaria para mejorar la producción agrícola y ganadera, promover oportunidades de comercialización, el fortalecimiento empresarial y la mejora de las condiciones nutricionales de mujeres embarazadas, lactantes y niños. “El gobierno haitiano y la comunidad internacional coinciden en que la ayuda humanitaria no puede prolongarse demasiado -es un principio básico para situaciones de catástrofes naturales- porque se crea dependencia. Pero quizá no ha habido una evaluación, porque a tres años del terremoto todavía hay personas que requieren servicios”, valoró Liguori.
Lespinasse señaló que muchas de las organizaciones sociales que trabajaban en campamentos y refugios se retiraron y que el déficit alimentario se agravó en 2012 por una fuerte sequía y el paso de los huracanes Isaac, en agosto, y Sandy, en octubre, que provocaron la pérdida de buena parte de la cosecha de frijoles, plátanos y cereales. “La gente debe seguir buscándose la vida en un contexto en que el nivel de desempleo es de más de 70%”, apuntó.
La activista señaló que “no hubo realmente una reconstrucción”. Denunció que si bien el Estado perdió durante la catástrofe 14.000 funcionarios, lo cual dificulta esa tarea, mucho del dinero destinado a la reconstrucción no fue volcado a ese objetivo, según las cifras que se están difundiendo.
Pendientes
En el sitio oficial de José María Aznar se publicó que este ex presidente español mantuvo en Haití una reunión con Martelly la semana pasada. Aznar está interesado “en la situación política y social de Haití, y ha analizado con Martelly los retos y posibilidades de ayuda al país”, anunció el sitio. Una fuente de la presidencia haitiana citada por la agencia Efe aseguró tras el encuentro que el objetivo de Aznar es “aportar su experiencia” para el fortalecimiento institucional de Haití. El dirigente conservador español integra el Consejo Asesor Presidencial para el Crecimiento Económico y la Inversión (PACEGI, por su sigla en inglés) creado en setiembre para asesorar al gobierno haitiano en “iniciativas políticas y estratégicas”. Otros ex presidentes, como el estadounidense Bill Clinton y el colombiano Álvaro Uribe también son miembros de PACEGI.
En tanto, el jefe de la misión de Naciones Unidas en Haití, Mariano Fernández, difundió el viernes un comunicado en el que exhorta al gobierno de Martelly a adoptar todas las medidas necesarias para convocar las elecciones legislativas, municipales y locales de manera “abierta, inclusiva y transparente lo antes posible”. Esos comicios, en los que se elegiría un tercio del Senado (diez bancas), 142 concejales y 570 asambleístas, deberían haberse convocado en 2012, de acuerdo a la Constitución, pero la falta de acuerdo entre los diferentes actores políticos impidió a mediados de ese año la conformación del Consejo Electoral Permanente (CEP).
Este organismo fue establecido por la nueva Constitución y debe estar integrado por nueve representantes, tres por cada poder del Estado. El 24 de diciembre el Ejecutivo y el Legislativo llegaron a un acuerdo en torno a la conformación de un órgano transitorio. “El siguiente paso es finalizar la instalación del Consejo y el nombramiento de sus nueve miembros sin demora, a fin de que el CEP pueda hacer su trabajo de manera independiente. Esperamos que los tres poderes del Estado trabajen diligentemente en esta dirección”, instó Fernández.
Por su parte, Lespinasse entiende que hay “una falta de presión internacional” para que se llame a elecciones. “Entramos en una crisis institucional y constitucional muy fuerte y yo creo que ahora las organizaciones políticas deben encontrar un acuerdo para no caer en la misma situación. La comunidad internacional, sobre todo las fuerzas de ocupación, como las de la Minustah y Estados Unidos, son en parte responsables de esto”, dijo. Lespinasse concluyó: “Claramente hay una estrategia del presidente para controlar las instituciones que iban a organizar las elecciones, que ha llevado a un conflicto con los partidos políticos. No sabemos en qué momento se van a hacer. Se han vencido los mandatos y eso crea una situación muy cómoda para Martelly, porque puede gobernar sin tener el control del Parlamento ni de la municipalidad”.