El último día de 2012, además del decreto que modificó la norma para reglamentar el funcionamiento de la TDT y aprobó el pliego del llamado para los aspirantes a una señal comercial de televisión digital (ver ladiaria.com.uy/articulo/2013/1/la-tele-que-vos-queres/ ), el Poder Ejecutivo también emitió un decreto que regula la actividad del servicio de televisión para abonados. La norma, de sólo tres artículos, establece topes para la cantidad de hogares a los que los operadores pueden ofrecerle el servicio. A nivel del territorio nacional, dicha cifra no puede ser superior a 25% de los hogares, mientras que a nivel local, el tope es de 35% de los hogares de cada localidad.
De bichos y flores
Uno de los departamentos más críticos del país en cuanto a concentración local del cable es Flores. Legalmente, en los registros de la Ursec figura una única empresa habilitada para varias localidades del departamento. Bajo el nombre legal de Trinidad Video Cable SA, la empresa puede operar en las localidades de Andresito, Ismael Cortina, La Casilla y Trinidad. Edison Lanza señaló que en Flores dicha empresa es contratada aproximadamente por 80% de los hogares del departamento, pero esto no es controlado por el nuevo decreto. Además, comentó que en varias localidades de Rocha y Lavalleja ocurre algo similar. Por su parte, el principal prestador de servicios de televisión para abonados a nivel nacional es DirectTV, que además presenta un crecimiento exponencial en el número de abonados en el último tiempo. Según pudo saber la diaria, la otra habilitada, Ñanda Tanga Ltda, opera sobre todo en el ámbito rural, pese a que el domicilio que figura en la página web de la Ursec está asociado a una empresa de mensajería.
Según dijo días atrás a la diaria el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, la norma es un avance respecto a la situación de concentración de medios, y sin atacar derechos adquiridos -porque DirectTV, el principal operador a nivel nacional, no llega al 25% de los hogares- surgió como respuesta a la creciente concentración a nivel nacional, “en desmedro de la regionalidad prevista”. Sin embargo, según aseguraron fuentes del gobierno a la diaria, el decreto surge a pedido de los tres canales privados de Montevideo, al igual que las modificaciones al decreto de TDT, como forma de contemplar sus posturas de cara a los cambios regulatorios en materia de medios de comunicación. Según dijo la fuente, limitar la cantidad de hogares que puede contratar a un operador es una buena señal, pese a que la iniciativa haya surgido para frenar el avance de DirectTV en Montevideo, y de esa forma favorecer a los cables de Equital -empresa conformada por los permisarios de los tres canales privados abiertos que nuclea a Montecable, TCC, Nuevo Siglo y Multiseñal-.
Cable a tierra
Según especuló la fuente, la nueva normativa podría traer algunos conflictos principalmente en el interior del país, donde en algunas localidades ni siquiera llega la televisión abierta y hay uno o muy pocos operadores de cable. Sin embargo, el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Horacio Rodríguez, dijo días atrás a El País que está de acuerdo con los criterios y conceptos vertidos en los considerandos del decreto, aunque pretendía una mayor exigencia en la limitación. Según Rodríguez, el porcentaje debió establecerse sobre el número de abonados y no de hogares, y no debería superar el 10% o 15% porque 25% de los hogares equivale aproximadamente al 50% del total de usuarios, y de esa forma no se tiende a atacar la concentración.
De todas formas, el empresario del cable se mostró optimista acerca de que las autoridades modifiquen ese aspecto de la reglamentación. Rodríguez criticó también la postura de DirectTV porque “no cuenta con producción ni identidad nacional”, y la concentración que mantienen en toda América Latina va en detrimento de la identidad nacional de los países.
Consultado por la diaria, el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Sergio de Cola, sostuvo que el planteo todavía no fue estudiado por la entidad estatal, pero que “no descarta” que el reparo de la CUTA pueda ser atendido. El jerarca agregó que originalmente el gobierno prefirió optar por limitar el número de hogares, un indicador objetivo del que el Estado tiene registro, y no por el número de usuarios, porque obtener dicho dato dependería de los operadores.
No es lo que parece
Sin embargo, lo que parecía una limitación a la concentración para todos los operadores de cable en el interior, en realidad, funciona de ese modo únicamente para DirectTV y Ñanda Tanga Ltda, las únicas empresas que están habilitadas para ofrecer servicios en todo el territorio nacional (ver recuadro). En su artículo 2, el decreto establece que “el total de los abonados de las referidas empresas [es decir, las que están autorizadas para operar en todo el territorio nacional] no podrá superar 35% del total de hogares de cada territorio”. Por lo tanto, los operadores que cuentan con autorizaciones a nivel local no se ven afectados por la regulación y no tienen límites en la concentración de clientes.
Consultado al respecto, De Cola admitió que la sanción del decreto formó parte de las conversaciones que mantuvo el gobierno con los canales privados en el marco del llamado a señales comerciales de TDT. El director de Dinatel reconoció que el planteo de la limitante en la concentración para los operadores de cable habilitados a nivel nacional es un reclamo histórico tanto de la CUTA como de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), que ahora fue atendido por el gobierno. Consultado acerca de la limitación de la concentración de los habilitados a nivel regional, De Cola dijo que “quizás el borrador de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incluya normativa al respecto”.
Concentrado
En una investigación titulada “La televisión comercial privada en Uruguay”, Edison Lanza y Gustavo Buquet abordan específicamente el tema de la televisión para abonados, tanto en Montevideo como en el interior. Los autores sostienen que Equital surgió en 1991 por los tres canales comerciales de Montevideo, con el objetivo de “controlar en forma monopólica la televisión para abonados en Montevideo y buena parte del interior”. Aseguran además que a partir de la coordinación de acciones entre los operadores del mercado, la práctica de las empresas es la de un “cártel”. El directorio de Equital está compuesto por un representante de cada una de las tres empresas centrales, que rotan en el ejercicio de la presidencia. Sin embargo, en el último tiempo las tres empresas -que antes funcionaban muy articuladamente- vienen separando las cuentas y otras dinámicas de funcionamiento de Equital, además de que la empresa fue investigada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) por colusión.
Según los investigadores, la empresa suscribió acuerdos con “cableros” del interior para “extender la red en varias capitales departamentales y venderles a los permisarios las señales propias y las adquiridas en el exterior”.
En diálogo con la diaria, Lanza consideró que la nueva norma es “una farsa”, porque si bien Equital no tiene licencias a cargo, en los hechos opera a nivel nacional,mediante decenas de licencias regionales. Además consideró que una norma que establece límites en la concentración debió haber sido establecida por ley, por lo que consideró inconstitucional el decreto.