Nuevamente la Justicia paquistaní impulsa una causa contra otro miembro del gobierno y del Partido Popular de Pakistán (PPP). En este caso, contra el primer ministro, Raja Pervez Ashraf, acusado de haber aceptado sobornos durante su gestión como ministro de Agua y Energía, de 2008 a 2011.

La última causa que la Justicia impulsó contra un miembro del gobierno -y del PPP- derivó en la destitución del ex primer ministro Yusuf Razá Guilani, que se vio obligado por la Justicia a renunciar al cargo en junio. Guilani se negó durante meses a pedir formalmente la reapertura de una investigación de corrupción contra el presidente paquistaní -su correligionario y viudo de la ex primera ministra Benazir Bhutto-, Asif Ali Zardari, y por eso fue declarado culpable de desacato. Tras la salida de Guilani se manejó el nombre del ministro Majdum Shahbudín para sustituirlo, pero el Supremo Tribunal abrió un antiguo caso en su contra, lo que le impidió llegar a la jefatura de Estado.

La Justicia ordenó la detención de un total de 16 personas en relación con el caso. Además del primer ministro, incluyó a siete antiguos miembros del gabinete.

Según la acusación, Ashraf habría aceptado sobornos y comisiones ilegales de nueve empresas que pidieron fondos al Estado para varios proyectos vinculados a la gestión del agua y la electricidad. Ninguno de estos proyectos se concluyó y por eso en marzo el Tribunal Supremo ordenó la anulación de los contratos.

Ayer el tribunal también acusó a la Oficina Nacional de Cuentas -organismo público anticorrupción- de no haber ejecutado órdenes de comparecencia previas destinadas a Ashraf y a los otros 15 implicados. También señaló como responsabilidad exclusiva de esta oficina que todos los acusados comparezcan hoy ante el Tribunal Supremo. Desde el gobierno se informó que formalmente la orden de detención no había llegado ayer y que habría una reunión a última hora para evaluar una respuesta.

Fawad Chaudhry, asesor de Ashraf, definió esta decisión como “un golpe blando” a la democracia paquistaní y dijo que el primer ministro se declara inocente de las acusaciones. Agregó que esto es parte de una conspiración entre la Justicia y el Ejército para derrocar al actual gobierno.

El ministro de Información, Qamar Zamán Kaira, dijo por su parte que el gobierno “no permitirá a nadie hacer descarrilar la democracia” y aseguró que las elecciones se convocarán en mayo, tal como estaba previsto, y no serán adelantadas.

Oportuno

Varios miembros del gobierno que hicieron declaraciones a la prensa llamaron la atención acerca de que el anuncio fue realizado mientras en la calle principal de Islamabad más de 100.000 personas protestaban contra la corrupción y pedían la renuncia del gobierno. La marcha fue liderada por el religioso sufí Tahirul Qadri y se considera que fue de las más concurridas de las que convocó la oposición desde que en 2008 el PPP ganó las elecciones. “No hay dudas de que la marcha de Qadri y el veredicto del Tribunal Supremo estuvieron orquestados por la clase dirigente militar de Pakistán”, aseguró Chaudhry a la agencia de noticias Reuters.

La movilización comenzó el domingo, cuando cientos de ómnibus y autos comenzaron a dirigirse a Islamabad para protestar también por la mala gestión de los asuntos públicos, el poco crecimiento económico y el aumento de la criminalidad en el país. Reclamó la formación de un nuevo gobierno formado por “personas honestas” y nombrado por consenso entre militares y jueces.

Ayer la movilización devino en enfrentamientos con la Policía, que intentó reprimir con gases lacrimógenos a manifestantes armados con palos y piedras. Entre las decenas de personas que resultaron heridas no estuvo Qadri, quien lideró la marcha a bordo de un auto blindado.