La Unión Africana (UA), integrada por 54 Estados, celebró este fin de semana una cumbre extraordinaria en Addis Abeba, la capital de Etiopía, a pedido del presidente Kenyatta, para evaluar las relaciones entre los países del continente con la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. De ese encuentro surgió la creación de un comité que quedará encargado de pedir al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se enmiende el tratado de Roma, que fundó ese tribunal, para que no puedan ser juzgados los mandatarios en ejercicio.

También proponen que, mientras tanto, se suspenda por el plazo renovable de un año el juicio que debe empezar el 12 de noviembre contra Kenyatta, electo en marzo y con una acusación pendiente de ese tribunal desde 2011. Las audiencias del juicio al vicepresidente keniano, William Ruto, ya empezaron.

“Ese dirigente debería gobernar su país” y por lo tanto “lo que esta cumbre decidió es que el presidente Kenyatta no debería comparecer mientras nuestros pedidos no reciban respuesta”, dijo el sábado el canciller etíope, Tedros Adhanom Gebreyesus. Si la petición de aplazamiento no se acepta antes del 12 de noviembre, la UA pedirá que se posponga la primera audiencia y evaluará la salida de sus países miembros del Estatuto de Roma.

Kenyatta y Ruto están imputados ante la CPI por crímenes de lesa humanidad por su supuesta participación en la violencia poselectoral que se desató en Kenia en 2007 y 2008. Esos hechos dejaron unos 1.300 muertos y cientos de miles de heridos y desplazados. En ese entonces los dos dirigentes estaban en bandos opuestos.

Hasta ahora, ambos habían colaborado con la CPI pero, quizá debido a la toma de rehenes ocurrida hace semanas en un shopping de Nairobi, durante la cual Ruto tuvo que pedir una suspensión de su juicio y una autorización para regresar a su país desde La Haya en plena conmoción de la población keniana, ahora el gobierno cree que el proceso no les permite cumplir con sus funciones.

Varios líderes africanos acusan a la CPI de “colonialismo judicial” porque los asuntos que ha tratado son en su mayoría africanos. Sin embargo, en varios casos fueron los propios gobiernos los que pidieron la intervención del tribunal. En otros casos, la CPI actuó a pedido de la ONU. La UA también anunció que pedirá a la ONU que suspenda las acciones en contra del presidente sudanés, Omar al Bachir, contra quien rige desde 2009 una orden de arresto internacional pedida por la CPI por crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio en la zona de Darfur, en el oeste del país, que no ratificó el Tratado de Roma. El artículo 27 de ese estatuto dice que ninguna “calidad oficial” -lo que incluye la de presidente- ni inmunidad son válidas ante esa corte.

“No se puede lanzar acciones ante un tribunal internacional en contra de un jefe de Estado en ejercicio”, dice la resolución de la cumbre, que además denuncia “la politización y el uso abusivo de las acusaciones de dirigentes africanos por parte de la CPI”. La presidenta de la Comisión de la UA, Nkosazana Dlamini-Zuma, dijo que se estudiará la posibilidad de enmendar ese artículo. Para la canciller keniana, Amina Mohamed, no enjuiciar a un presidente en ejercicio “es un principio inscripto desde hace tiempo” en el derecho internacional, según reportó la agencia de noticias AFP.

Kenyatta opinó el sábado que la CPI es “un juguete de los poderes imperialistas” que “actúa a pedido de los gobiernos europeos y estadounidense en contra [...] de los pueblos y los Estados africanos”.

Dlamini-Zuma había dicho además, cuando empezó la cumbre, que África “tiene que reforzar la capacidad de sus sistemas jurídicos, nacionales y continentales” para que “la CPI se convierta en la Corte de última instancia”. La CPI sólo puede asumir jurisdicción en el caso de que la Justicia local no actúe respecto de los hechos denunciados. Además, sólo se ocupa de hechos ocurridos después de 2002.