Los trabajadores del Ministerio Público fueron enviados ayer a sus casas luego de presentarse en su lugar de trabajo, al tiempo que efectivos militares ocuparon la sede de la Fiscalía. A los funcionarios se les dijo que la decisión se tomó para contener eventuales disturbios a medida que el TSE fuera dando a conocer los datos de la votación del domingo.
Sin embargo, el fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar aseguró que se los licenció para que pudieran descansar tras la extensa jornada cívica. Si bien es en el Ministerio Público donde deben denunciarse irregularidades durante las elecciones, sus puertas estaban cerradas el día después.
Recién pasado el mediodía, cuando habían sido escrutadas 62% de las mesas, el TSE actualizó los datos, indicando que el oficialista Juan Orlando Hernández recibía 34,2% de las adhesiones y su rival, Xiomara Castro (Libre), 28,8%. La información anterior había sido con 46% de las mesas terminadas, y la tendencia también era favorable a Hernández. No obstante, ambos candidatos se autoproclamaron vencedores: Hernández a partir de los datos oficiales -aunque el escrutinio no alcanzara 50%- y Castro por las proyecciones encargadas por su partido.
El coordinador general de Libre, el esposo de Castro y ex presidente Manuel Zelaya, aseguró que fue Xiomara la que se impuso. “No aceptamos ese resultado. Rechazamos ese resultado”, subrayó Zelaya el domingo de noche en una rueda de prensa, en la que también convocó a todos los dirigentes de Libre -formado por decenas de organizaciones civiles, asociaciones sindicales y defensores de los derechos humanos- a una “reunión de emergencia” que se realizaría ayer.
“No nos pueden hacer esto. Nos están robando la elección”, acusó Zelaya en otra de sus intervenciones públicas. Libre asegura que constató graves inconsistencias en 20% de las actas de votación mientras eran trasladadas desde los centros electorales a los lugares donde se hacía el escrutinio.
“Este resultado está siendo manipulado para favorecer a uno de los candidatos. No se está presentando toda la información real a la población hondureña”, aseguró Enrique Reina, uno de los candidatos de Libre a la vicepresidencia. Asimismo, sostuvo que hay “una guerra sucia” contra su partido: “En la madrugada de hoy [por ayer] se hicieron llamadas para despertar a la gente pidiendo el voto de Libre. Por supuesto que nosotros no lo hicimos, pero es una muestra de lo desesperados que están nuestros adversarios, porque nunca pudieron alcanzarnos”.
Sergio Nasralla, del Partido Anti Corrupción -uno de los que se formaron tras el golpe de Estado de 2009-, fue otro de los referentes políticos que desconocieron las cifras oficiales, argumentando que los datos cargados en el sistema del TSE estaban siendo manipulados.
Ambas agrupaciones coinciden en su denuncia en que en las mesas de votación los observadores de sus formaciones están supervisando el conteo de votos, pero lo que ellos están controlando no coincide con la información que se está pasando al TSE. Nasralla dijo que su partido estima que sólo 1.500 de las 7.000 actas ingresadas son reales.
Las autoridades prefirieron no responder: ni el TSE ni el gobierno se pronunciaron hasta el momento. Recién ayer al mediodía Hernández, que ya está armando su equipo de transición, se refirió lateralmente a las denuncias: “El triunfo no se negocia con nadie”, señaló.
Tras bambalinas
La dirigencia de Libre sesionaba ayer para intentar definir qué pasos seguir. En una pausa de las deliberaciones, Carlos H Reyes -presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares, y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular, parte de Libre- aseguró a la diaria que iniciarán acciones legales, pese a que “la derecha da por sentado que la situación está resuelta y que no hay nada para hacer”.
Agregó que “tendrá que haber protestas y movilizaciones”. Sin embargo, se lo notó resignado: “Ya estos señores que están en el régimen tienen control sobre el TSE, sobre la Sala Constitucional e hicieron renunciar al fiscal y a su asistente porque eran contrarios a sus intereses, o sea que está bloqueado el camino jurídico. También el de las movilizaciones, porque ya tienen los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir al pueblo hondureño”.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, dijo a la diaria: “No creo que el partido Libre, que surge de la resistencia, acepte tan fácilmente los resultados de las elecciones. No porque no hayan salido ganadores, sino por la cantidad de irregularidades”. La activista lamentó: “El pueblo quería el cambio y la mayoría del pueblo sabía que no iba a haber cambio”.
Oliva interpretó que la ocupación militar del Ministerio Público “es un mensaje directo para el pueblo: si se va a reclamar, la Policía Militar está lista para reprimir”, y dijo estar convencida de que “la represión no va a ser como la que hubo cuando se dio el golpe de Estado [contra Zelaya], que se dispersaba con bombas lacrimógenas; con el nivel de impunidad que tenemos ahora la represión se va a hacer directamente con asesinatos”. La entrevistada advirtió que “éste es el momento más peligroso de la historia de Honduras” y concluyó que con el resultado de las elecciones se da “la consolidación de la dictadura”.
“A partir del golpe de Estado estamos en una dictadura continuada que se consolida con este resultado, porque tenemos militares en todos lados; las instituciones del Estado han sido controladas por las Fuerzas Armadas”, aseguró Oliva.
Al consultarle si se convocará a manifestaciones dijo estar “preocupada” por la “calma relativa” que reina en las calles, por temor a que siga la violencia. La dirigente resumió: “Los autoritarios y los militaristas han tomado el control, y si alguien se mueve, los militares lo convierten en enemigo y le disparan. Los resultados de cualquier movimiento van a ser nulos porque el partido en el poder tiene todo controlado en lo institucional y si se mueven en las calles, la respuesta van a ser las armas. Éste es el marco que tenemos”.