Las protestas contra los senadores paraguayos que se negaron a desaforar al oficialista Víctor Bogado, acusado de corrupción, parecen haber tenido efecto. Ayer el propio Bogado pidió que se revisara la decisión y la cámara alta le retiró los fueros. Está imputado por contratar irregularmente en distintos cargos públicos a la niñera de sus hijos, Gabriela Quintana. Se supone que ella incluso cobró dos sueldos: como funcionaria de la Cámara de Diputados y de la represa binacional de Itaipú.
El caso motivó protestas en las calles y medidas de boicot contra los 23 senadores que el 14 de noviembre decidieron mantenerle la inmunidad. Más de 100 bares, restaurantes, cines y distintos comercios decidieron no permitirles el ingreso y el gremio del taxi declaró que no los transportaría, aunque reconoció que la medida tendría un efecto limitado porque todos tienen auto.
“Ciudadanía logra el desafuero de Bogado”, tituló ayer el sitio web del diario paraguayo ABC Color, que publicó una foto de archivo del senador sentado en su banca con cara de preocupado, camisa a rayas abierta y cadena de oro en el pecho. “Víctor Bogado es desaforado tras presión ciudadana”, titulaba en su web otro periódico, Última Hora.
Bogado, harto de las manifestaciones de rechazo que recibía, pidió al Senado que analizara nuevamente su caso. Dijo que cualquier explicación que él pudiera dar quedaría en segundo plano ante el “legítimo cansancio de la ciudadanía” y consideró que su desafuero es consecuencia del desprestigio de la clase política. “Yo acepto mis errores y pido disculpas por ello. Pero con la misma fuerza que aclaro, consulté con los mejores juristas y nadie me ha podido determinar cuál es el delito que cometí”, dijo. También los senadores que se habían opuesto al desafuero reconocieron que proteger al senador oficialista fue “la gota que colmó el vaso” para los paraguayos, que están cansados de la corrupción y de la impunidad.
El domingo, cuando el presidente Horacio Cartes hizo el balance de sus primeros 100 días de gestión, habló de la corrupción y afirmó: “Por primera vez en nuestro país se realizó durante un cambio de gobierno una auditoría independiente y profesional que ha arrojado más de 600 millones de dólares en pagos irregulares”.