El objetivo es que los Estados rindan cuenta del avance de las investigaciones que deberían estar haciendo ante las denuncias que han surgido desde junio, gracias a los documentos filtrados por Snowden a medios de prensa de todo el mundo. Por eso, la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ) ya empezó, en agosto, a presentar demandas ante la Justicia de cada país en los que tiene representación. En Uruguay esto ocurrió el domingo, según dijo a la diaria el juez chileno Daniel Urrutia, representante de la RIJ, una organización no gubernamental creada en Chile en 2003, que nuclea a jueces de Argentina, Brasil, España, Chile, Haití, Nicaragua, El Salvador, Perú, Bolivia, México, Guatemala, Honduras y España, entre otros países. El magistrado aprovechó su estadía en Montevideo para hacerlo personalmente, en nombre de la RIJ.
El primer expediente fue abierto en Ecuador en agosto, luego se hizo lo mismo en Venezuela y Colombia. la diaria accedió a varias de esas denuncias y cada una de ellas es adaptada a la legislación local en vigor.
La organización apunta a “forzar” a cada Estado a investigar, y a que se den a conocer los responsables, porque aunque se sabe que el instigador sería el gobierno estadounidense, se estima que es necesario saber qué funcionarios implementaron las escuchas y la interceptación de correos electrónicos a nivel local. Urrutia tampoco descartó la participación de “privados” en el sistema de espionaje masivo. A esto se suman las informaciones surgidas en los últimos días, que apuntan a que algunos gobiernos europeos habrían suministrado datos a la NSA.
“Lo normal sería que ya se esté investigando” en cada país, dijo Urrutia, al recordar que cuando se descubre a un espía, en cualquier lugar, es investigado y procesado. Agregó que las escuchas telefónicas y la interceptación de datos en la red son “delitos de acción penal pública” que “están tipificados” en la mayoría de los países de la región, por lo que los Estados “tienen la obligación de investigar” las denuncias que aparecen en la prensa.
Urrutia destacó que “se están cometiendo millones de delitos” y que se aportó información sobre la presencia de sedes locales que responden a la inteligencia estadounidense por lo menos en Bolivia y en Brasil, algo que, según afirmó, hace aun más necesario que cada país indague acerca de lo que está ocurriendo en su territorio. Las denuncias son contra “las personas cuya autoría y participación se demuestre en el trascurso de la investigación”.
El magistrado chileno explicó además que estas acciones judiciales, que aún están en etapa de instrucción, por lo que de momento no recibieron novedades, se inscriben en el marco de una movida a mayor escala que apunta a defender los derechos de los ciudadanos ante “la situación imperial de Estados Unidos”. En ese sentido, explicó que su organización ha denunciado la existencia de la cárcel de Guantánamo, en donde están recluidos varias decenas de sospechosos de terrorismo detenidos por Estados Unidos sin juicio y bajo legislación militar, así como “el embargo a Cuba” y los “abusos de las transnacionales” estadounidenses.