La producción de barriles de petróleo de Petroperú bajó a un ritmo sostenido durante los últimos 15 años, y se redujo 50%. En este marco, el Congreso aprobó una ley que permitirá que entre 2015 y 2016 los privados se adueñen de hasta 49% de la empresa, que actualmente se dedica a la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros derivados del petróleo.

El proyecto también incluye la modernización de una de las refinerías de Petroperú, Talara, lo que permitiría aumentar el precio de las acciones cuando éstas se pongan a la venta. Además, se prohíbe a la empresa dedicar sus inversiones a otros objetivos que no sean la modernización de la refinería mientras ésta es construida. Se prevé que el proceso de construcción se extienda desde 2014 hasta 2017.

La prohibición excluye a la empresa de las próximas licitaciones, que incluyen la explotación de reservas mar adentro y en la selva.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, explicó que la modernización de Talara permitirá “incrementar la capacidad de refinación de 65.000 a 95.000 barriles” diarios. Humala ha defendido esta privatización parcial asegurando que es clave para impulsar la producción de energía en Perú y que permitirá que Petroperú reciba su primera inyección de capital privado desde su creación, unos 40 años atrás. La expectativa de Humala esté siendo que Petroperú se convierta en una empresa petrolera fuerte, como la brasileña Petrobrás. Entiende que debe ser atractiva para los inversores, modernizarse y ser más rentable.

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, defendió la nueva ley y aseguró que la participación privada permite que Petroperú no esté sometida al Estado, sino que se comporte como una empresa competitiva.

Según la ley aprobada, la inversión en Talara para su modernización será de 3.500 millones de dólares, de los cuales 2.730 serán invertidos por Petroperú, de cuya inversión el Estado será garantía.

Muchos están en desacuerdo con esta iniciativa. Varios políticos y analistas han señalado que éste es un resurgimiento de la tendencia privatizadora de los años 90 que causó estragos en Perú, y calificaron como “paradójico” que suceda bajo el gobierno de un nacionalista como Humala. Uno de los más críticos fue el líder del Movimiento de Afirmacion Social, Gregorio Santos, quien aseguró que el gobierno quiso “privatizar Petroperú de manera solapada”.

Además, se ha criticado que con la prohibición a Petroperú de invertir en otros asuntos estratégicos que no sean la modernización de la refinería se frena su avance productivo y se le impide generar mayores activos que le permitan saldar la gran deuda que ha contraído con el gobierno y con privados desde los años 90.