Desde que el PP se encaminaba a ganar las elecciones de 2011 se especulaba sobre su propuesta para reemplazar la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada un año antes por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El contenido de ese proyecto se conoció este viernes, cuando lo aprobó el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy y fue presentado para que el Parlamento lo ratifique.

La norma de Zapatero, todavía vigente, permite a una mujer -a partir de los 16 años- interrumpir su embarazo en forma voluntaria hasta la semana 14 de gestación. También contempla la posibilidad de interrumpirlo hasta la semana 22 si el embarazo pone en riesgo su vida, su salud, o si se le diagnostican al feto “anomalías graves” o “anomalías incompatibles con la vida”. En estas dos categorías entran diversas enfermedades que están identificadas.

En cambio, el proyecto de ley del gobierno de Rajoy establece que el aborto sólo es legal hasta las 12 semanas de gestación si el embarazo se debe a una violación propiamente denunciada, o hasta las 22 semanas si pone en riesgo la salud de la madre. No hay ningún plazo en el que la mujer pueda interrumpir el embarazo sin necesidad de presentar formalmente los motivos.

La prensa española compara esta ley con la de 1985, del gobierno de Felipe González, del PSOE, que sólo legalizaba el aborto en caso de violación y en determinadas situaciones de salud. Sin embargo, señala que es más rígida que aquélla: ya no se podrá justificar la decisión de abortar por malformaciones graves en el feto, a menos que éstas sean “incompatibles con la vida” fuera del útero. Esto excluye unas cuantas patologías por las que hoy se practican abortos en España.

Además, la salud del feto será un motivo para interrumpir el embarazo sólo en caso de que incida en la de la madre. De este modo, las mujeres deberán presentar dos médicos que avalen esta situación: uno que certifique el diagnóstico del feto y otro que ratifique el efecto que esto causa en su propia salud física o mental.

A estas restricciones se suman otras, como trámites más largos que los previstos en 1985 o la exigencia de que las jóvenes de 16 y 17 años cuenten con el consentimiento de su familia; la ley de 2010 no lo exigía si se corría el riego de sufrir represalias. Otra novedad que introduce la iniciativa del PP es que no sólo los médicos a los que les toque practicar un aborto legal pueden acogerse a la objeción de conciencia, como hasta ahora, sino que podrán hacerlo todos los trabajadores de la salud involucrados, desde un administrativo hasta un instrumentista.

La iniciativa del PP castiga a los médicos que incumplan la ley con uno a tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, y con penas más largas si el consentimiento de la mujer fuera discutible. Sin embargo, la mujer no será castigada por interrumpir su embarazo. “En el supuesto dramático del aborto, la mujer nunca es culpable, es víctima”, argumentó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Una de las críticas que recibió la ley desde distintos ámbitos refiere a su visión paternalista hacia la mujer.

En defensa de esta iniciativa, a la que se dio el nombre de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, Gallardón argumentó que tiene el objetivo de proteger “a los más débiles: los concebidos y no nacidos” pero “siempre en interés de la mujer”. A su entender, tiene que haber un “equilibrio” entre esos dos objetivos que la norma de 2010 no mantiene.

En contra de la norma se sumó buena parte de la oposición: el PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya y otras formaciones políticas, además de grupos feministas y organizaciones sociales. El PSOE anunció que intentará convencer a las diputadas del PP de que voten en contra de este proyecto, que considera lesivo para los derechos de las mujeres. “[Con esta iniciativa] no somos nosotras las que decidimos u opinamos sobre nosotras mismas. Necesitamos certificados, médicos, despachos. Somos tratadas como incapaces y me pregunto si no se avergüenzan las mujeres del PP de verse tratadas así”, dijo la número dos del PSOE, Elena Valenciano. “Volvemos a la clandestinidad y por tanto al miedo, porque había mucho miedo cuando no había una legislación segura del aborto”, agregó. De acuerdo con el diario madrileño El País, la norma aún tiene por delante cerca de un año de trámite parlamentario antes de entrar en vigor.

Mientras se organizaban protestas en contra de la nueva ley ante el Palacio de la Moncloa y sedes regionales del PP, la prensa española destacaba que esta norma coloca a España entre los países con más restricciones para interrumpir un embarazo, y que es la más severa que tuvo el país desde que recuperó la democracia.

El diario Público informaba que “99% de las mujeres que abortaron por patología fetal no podría hacerlo con la contrarreforma de Gallardón” y que esta ley es un retroceso en la región. Algo similar señalaba el diario El Mundo. Bajo el título “La Ley del aborto coloca a España a la cola de Europa”, informaba que la mayoría de los países europeos avanza hacia la liberación del aborto durante determinada cantidad de semanas de gestación y deja atrás la legalización “según supuestos” (casos de violación, motivos de salud). Sin embargo, el gobierno del PP busca recorrer el camino inverso.