Continuó durante el fin de semana la polémica por el acuerdo Argentina-Irán para reactivar la causa de la AMIA, en el marco del cual los imputados darían sus declaraciones en Teherán ante representantes judiciales de Argentina, y no en Buenos Aires. El texto del acuerdo fue enviado al Congreso, según anunció Fernández en cadena nacional el viernes, donde comenzará a tratarse el miércoles; se espera una resolución antes de que termine febrero.
El jueves la presidenta había reiterado la postura de su gobierno acerca de que no se trata de una renuncia a la soberanía, tal como lo calificaron desde la AMIA y la DAIA, organizaciones judías que están en contra del tratado, las cuales se apoyaron el fin de semana en el título de un editorial sobre el tema de la agencia estatal iraní IRNA para remarcar su opinión: “Gran éxito diplomático”. Allí se sostiene que la Justicia a la que estará sujeta la causa en Irán será la iraní y no la argentina, como sostuvo el canciller Héctor Timerman o como se establece incluso en el texto enviado al Congreso. Bajo ese argumento se señala que no se solicitará la declaración de los imputados si no hay “pruebas firmes” y que la Justicia argentina no podrá tomar medidas contra ellos.
En un sentido similar se pronunció el asesor jurídico de ambas organizaciones, Pablo Lanusse, para quien la Justicia iraní “no prevé la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, como es éste”, y que dice que “los iraníes sólo pueden ser juzgados por iraníes”, por lo que el magistrado argentino que lleva la causa, Rodolfo Canicoba Corral, no podrá participar.
“El documento de acuerdo con Irán no tiene la claridad que la causa merece”, opinó el presidente de la DAIA, Julio Scholosser. Pero más duro fue su homólogo de la AMIA, Guillermo Borger: “Esto puede ser un paso al precipicio. Porque si esto avanza estaríamos dando lugar a un tercer atentado”.
Las declaraciones de Borger recibieron una inmediata respuesta de Fernández, quien hizo una seguidilla de preguntas desde su cuenta de Twitter: “¿Qué es lo que sabe [Borger] para una afirmación tan terrible? [...] si hubiera un atentado por el acuerdo con Irán, ¿quién sería el autor intelectual y material? [...] ¿serían quienes se oponen al acuerdo? ¿países, personas, servicios de inteligencia? ¿quiénes? [...] ¿Quién o quiénes serían... o seríamos los objetivos?”.
El diario Página 12 publicó ayer que esta ofensiva de las organizaciones judías se debe a la presión de Israel para que no se avance en el entendimiento con Irán, enemigo del Estado judío, para que no mejore su imagen internacional.
Tanto la AMIA como la DAIA estiman que el gobierno argentino no está dispuesto a dar marcha atrás en lo que significa el único avance importante en la causa en las últimas dos décadas, y buscan caminos alternativos. La DAIA anunció que llevará al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código Penal para que se permita el juicio en rebeldía o en ausencia. De esa forma, podrían ser juzgados los ocho iraníes imputados por el atentado de la AMIA -la mayoría de ellos ex altos funcionarios gubernamentales de Irán-, que causó la muerte de 85 personas.