“Yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose que es parte de uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución”, dijo Fernández al dar su discurso sobre el estado de la Nación, con el que inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso, el viernes. “Tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento, durante el mes de marzo”, declaró ante los parlamentarios.
A continuación se refirió a esos proyectos de ley que desde entonces centraron los elogios de oficialistas y críticas de opositores tanto en el ámbito político como en el judicial o en las columnas de opinión de los principales diarios argentinos. Unos coinciden con el gobierno en que éste es el camino para “democratizar” la Justicia y otros entienden que el Ejecutivo intenta interferir con otro poder del Estado.
Una de las iniciativas anunciadas por Fernández es la de elegir por voto popular a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Éste es un órgano establecido en la Constitución que propone candidatos para los cargos de jueces nacionales, controla la actividad de los magistrados, impulsa sanciones para ellos, actúa como acusador cuando esos funcionarios son sometidos a un proceso que pueda terminar en su destitución y dicta reglamentos para el funcionamiento de la Justicia.
Hoy ese consejo está integrado por 13 miembros, representantes de los jueces, los abogados, los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo y la academia, y que son elegidos por esos colectivos o instituciones.
“Ni los jueces ni los abogados tienen coronita para elegirse entre ellos”, dijo la presidenta. Con la reforma, el consejo se integraría con miembros electos por todos los ciudadanos y aumentaría la presencia de “académicos y científicos”, que hoy tienen un solo representante electo por las universidades.
Fernández aclaró que en este proceso su gobierno no impulsará una reforma constitucional que, de paso, abra la puerta a su reelección como presidenta. “No se va a reformar ninguna Constitución, quédense todos tranquilos”, dijo. Otra de sus iniciativas crea tres nuevas Cámaras de Casación, para los juzgados en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso y Administrativo, y en lo Previsional y Laboral. Para el oficialismo, esto dará mayor independencia de la Corte Suprema a los tribunales de esos ámbitos, y para la oposición, el gobierno busca quitarle poder al principal tribunal.
Además la presidenta consideró que hay que poner límites a las medidas cautelares, que en los últimos tiempos detuvieron iniciativas oficiales, como la aplicación de la ley de medios al Grupo Clarín o que el Estado tome posesión de un predio en manos de la Sociedad Rural. Esas medidas judiciales “se han transformado en una verdadera distorsión del derecho, en una fuente de injusticia, de inequidad y de negación de administración de justicia”, dijo la presidenta. Por eso una de sus reformas establece límites a esas medidas en su función de proteger un patrimonio contra la acción del Estado. En cambio, se mantendrán en las condiciones actuales cuando se dispongan por riesgo de vida o de daño irreparable.
Fernández se refirió a otras iniciativas, como una ley para acceder a la información judicial por internet, otra que establezca reglas claras para el ingreso de funcionarios al Poder Judicial, y otra que haga públicas las declaraciones juradas de los jueces. También llamó a la Corte Suprema a activar los mecanismos dentro de su competencia para que los magistrados paguen el impuesto a las ganancias.
Entre quienes cuestionaron esta propuesta de reforma, y en particular la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, se encuentra la Asociación de Magistrados, la principal de las que nuclean a los jueces. Su presidente, Luis Cabral, llegó a declarar que “no es compatible con la Constitución”. En cambio, defendieron la iniciativa los integrantes de la agrupación Justicia Legítima, que lidera la procuradora general Alejandra Gils Carbó, y que sintoniza con la iniciativa del Ejecutivo. Desde esta agrupación, el fiscal Jorge Auat dijo al diario La Nación que “la única forma de romper con el espíritu corporativo [del Poder Judicial] es incorporando a sectores de la sociedad que no pertenecen a la corporación”.
Sin embargo, también entre quienes simpatizan con la reforma surgen cuestionamientos. Por ejemplo, ante la posibilidad de que los jueces salgan a hacer campaña electoral para que los voten, y deban conseguir financiación para propaganda o asociarse con partidos políticos para desarrollarla. La presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós, dijo a Página 12: “¿Cómo sería el financiamiento sin que implicara compromisos futuros, o sea, manteniendo la independencia?”. Por otra parte, otros argumentan que el voto popular y los partidos políticos ya están reflejados hoy en el Consejo de la Magistratura porque lo integran representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo.