A mediados de mayo Yanis Dragasakis, vicepresidente de Diputados y miembro de AD, protagonizó un enfrentamiento verbal con el líder del izquierdista Syriza, que derivó en que la bancada de AD se retirara de sala gritando “Heil Hitler”. No fue la primera vez que sucedió algo parecido. Sus 18 parlamentarios, de los 300 escaños con los que cuenta la cámara baja, ya habían protagonizado varios incidentes, y desde fuera de esas bancas han despertado una innumerable cantidad de reacciones negativas. Por ejemplo, cuando repartieron comida para los más necesitados, pero solamente a aquellos que podían acreditar que eran griegos, o cuando llamaron, días atrás, a que la gente vaya a “matar banqueros” en lugar de suicidarse por su mala situación económica.
Pero el evento de mediados de mayo se sumó a otro de gravedad: el 2 de mayo, el diputado de AD Yorgos Germenis intentó agredir al alcalde de Atenas, Yorgos Kaminis, y cuando fue dominado por el guardaespaldas de Kaminis intentó manotear su arma para utilizarla.
Algunos legisladores de la alianza de gobierno iniciaron una campaña para impulsar medidas que puedan limitar a estos nuevos parlamentarios. Por ejemplo, una diputada escribió una carta pública pidiendo prohíbir la entrada al Parlamento con armas -los legisladores de AD suelen sacudir sus armas al argumentar, asegura-. En realidad, eso ya está prohibido, pero los controles no eran tan exhaustivos como desde la agresión al alcalde de Atenas.
Varios casos han cruzado fronteras; el último de ellos es el de un joven afgano de 15 años que fue duramente golpeado por un grupo de hombres vestidos con el uniforme de AD. Tras el ataque el joven concurrió a presentar la denuncia, pero los policías intentaron deportarlo antes de siquiera investigar lo que le había sucedido. En otra ocasión, la Asociación de Musulmanes de Grecia denunció haber recibido una carta firmada por el grupo político neonazi en la que se exigía a todos los musulmanes que se fueran del país antes del 1º de julio o serían “masacrados como pollos”.
Otra de Parlamento
El ministro del Interior, Nikos Dendias, presentó ayer a sindicatos y cámaras comerciales un proyecto de ley para que no se corte el tránsito cuando hay manifestaciones de menos de 200 personas en ciudades con más de 100.000 habitantes. Actualmente, cuando se convoca a una manifestación se cierran las calles para que quienes asistan puedan utilizarlas. El año pasado hubo en Grecia 5.600 manifestaciones, de las cuales 796 no contaron con más de 200 personas, según los datos de la Policía. Dendias asegura que cerrar las calles perjudica a los comercios que están en las principales avenidas de las grandes ciudades y, por tanto, también a la economía.
“El derecho de los ciudadanos a vivir, moverse y atender sus actividades empresariales en los centros de las ciudades se ha visto duramente golpeado”, aseguró Dendias. La norma recibió ayer el respaldo de las cámaras comerciales y el rechazo de la Confederación General de Trabajadores de Grecia.
La situación preocupa tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, desde donde se exigía al gobierno griego que hiciera algo. Recién este mes las condenas verbales se tradujeron en impulsos concretos para la exclusión de quienes cometan actos racistas. Uno de ellos fue del ministro del Interior, Nikos Dendias, quien aseguró en una entrevista con el semanario Real News que la Constitución da elementos para “excluir a AD del sistema de partidos”, pero que eso necesita del aval parlamentario.
El Ministerio de Justicia redactó el proyecto de una nueva ley que contempla penas de entre tres meses y seis años de cárcel y multas de hasta 20.000 euros para quienes promuevan la discriminación racial, sexual o religiosa, hagan propaganda nazi o utilicen sus símbolos, y para quienes nieguen crímenes contra la humanidad y genocidios. También prevé la privación de los derechos políticos por hasta tres años y, en caso de que la discriminación la cometa un líder o un portavoz, el partido u organización que éste represente podrá verse privada de fondos públicos. Se considera un agravante el uso del Parlamento para difundir ideas discriminadoras y se quita la inmunidad de los legisladores en caso de que se cometan estos delitos.
El viceministro de Justicia, Kostas Karagunis, indicó al presentar la norma, a comienzos de mayo, que ésta debe contar con el apoyo de todas las formaciones, porque “todo partido democrático y no fascista tiene el deber de apoyarla”. En declaraciones a la agencia de noticias Efe, Karagunis reconoció que uno de los objetivos del texto es “dar una respuesta clara” al crecimiento de AD.
La norma llegó al Parlamento el lunes y no tuvo el éxito esperado por el jerarca. “No hubo acuerdo político porque en ND no están convencidos”, aseguró el líder del partido socialdemócrata Pasok, Evangelos Venizelos. El gobierno está conformado por la mayoría de ND, con el respaldo de los progresistas Pasok y Dimar. El conservador ND, ha llegado a considerar a AD un “partido hermano” -aunque luego se retractó- porque comparten el impulso a políticas antiinmigración. Venizelos acusó a ND de querer ganarse a “la audiencia de AD”, crítica similar a la vertida por el opositor Syriza, desde donde se dijo que “ND está coqueteando con la extrema derecha”.
Los medios griegos informaron que el gobierno del primer ministro, Andonis Samaras (del sector más derechista), le quitó al Ministerio de Justicia (del ala más progresista del partido) el proyecto y se lo entregó a otra cartera más afín ideológicamente, que le hará una serie de modificaciones para contar con el respaldo de los sectores más conservadores de la agrupación.
Este escenario amenaza con fracturar la unidad de la alianza de gobierno. Ayer los socios progresistas de ND anunciaron en un comunicado conjunto que van a retomar la ley del Ministerio de Justicia y la van a presentar por su cuenta en el Parlamento. Consultados por la prensa, no rechazaron aliarse con el principal partido opositor, Syriza, para reunir los votos necesarios para la aprobación de la norma.
Desde ND aseguraron que no votarán la propuesta si no es avalada por el gabinete, y algunos legisladores apuntaron que tal vez no sea necesaria una nueva ley. Desde AD aseguraron que “nada detendrá la marea nacionalista” y que el actual gobierno “no durará mucho”.