Después de que el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad, la Justicia estableció, en el marco de ese fallo, que cada 23 de marzo deberá celebrarse el Día Nacional Contra el Genocidio. Esa fecha es el aniversario del golpe de Estado con el que asumió Ríos Montt en 1982. A partir de ese día lideró una dictadura que terminó al año siguiente, cuando lo derrocó otro golpe.
La conmemoración de esa fecha es una de varias medidas judiciales dispuestas el lunes por el tribunal que juzgó el caso. Esa corte dispuso que el presidente de la República y los ministros de Gobernación (Interior) y de Defensa, así como los titulares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, deberán pedir perdón al pueblo maya-ixil y a los familiares de las víctimas por el genocidio cometido en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, tres municipios del departamento de Quiché. Ese pedido de perdón deberá incluir una mención específica destinada a las mujeres ixiles por la violencia de género y sexual que sufrieron.
Esta medida se considera parte de la llamada “reparación digna” a las 1.771 personas que murieron a manos del Ejército durante la guerra civil de Guatemala. Deberá cumplirse con ella en el Palacio Nacional de la Cultura y en cada uno de los municipios en los que ocurrieron los hechos. Las autoridades de los tres poderes del Estado también tendrán que pedir perdón al mundo por esos crímenes.
Entre las 11 medidas de reparación simbólica que fueron dispuestas, la Justicia estableció que las autoridades educativas, de educación militar, policial o de cualquier entidad que cumpla funciones de prevención o de inteligencia, tendrán que incluir en sus formaciones nociones sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario para evitar que se repitan los crímenes.
No se impusieron reparaciones económicas. Los familiares de las víctimas no las pidieron porque “lo que se pretende es la recuperación de la memoria histórica”, dijo uno de los abogados que los representan, Héctor Reyes.
Ríos Montt no estuvo presente en la audiencia en la que se dispusieron esas medidas y su abogado, Francisco García Gudiel, explicó que la ausencia se debió a que su cliente tuvo que ser trasladado al Centro Médico Militar por problemas de próstata, alta presión arterial y dolores de espalda, informó el diario local Prensa Libre.
Por otra parte, la cancillería de Guatemala emitió ayer un comunicado en el que señala que el gobierno fue respetuoso del proceso judicial por genocidio, y pide que se eviten las injerencias desde el exterior. La defensa de Ríos Montt y otras organizaciones cercanas al ex dictador denunciaron presiones internacionales para que el militar retirado fuera condenado, sin decir de dónde provenían.
Además, la cancillería solicita apoyo para continuar con el proceso de reconciliación que comenzó el país con los acuerdos de paz de 1996, y aclara que los fondos para financiar las medidas dispuestas por el tribunal, que incluyen erigir monumentos, serán financiados por los impuestos o por recortes de “otros programas”, porque no estaban contemplados dentro del presupuesto.