En una reunión que mantuvo ayer en Brasilia con los gobernadores estaduales y los alcaldes de las principales ciudades del país, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, propuso que se alcance un pacto de cinco puntos, como parte de la respuesta a las masivas movilizaciones que se produjeron en las últimas semanas. Entre estos puntos está, en primer lugar, tener “responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad de la economía”. También propone asignar nuevos fondos para la movilidad urbana y la creación de puestos médicos en la salud, y además reitera una vieja propuesta de Rousseff que ya había sido rechazada por el Congreso: otorgar todo el dinero que Brasil obtiene de la explotación del petróleo en la plataforma marítima a la educación. Pero el más llamativo de los cinco puntos es el que prevé convocar a un plebiscito para una reforma política.

“Brasil está maduro para avanzar y ya dejó claro que no quiere quedarse parado donde está”, aseguró Rousseff ante gobernadores y alcaldes. “Cabe a cada uno de nosotros cumplir con esta nueva y decisiva dimensión de voluntad popular”, agregó, antes de señalar que todos saben que se puede construir soluciones, pero también conocen las “incontables dificultades” para llevarlas a cabo.

“Quiero, en este momento, proponer un debate sobre la convocatoria a un plebiscito popular que autorice la entrada en funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país tanto necesita”, aseguró la presidenta. En la legislatura brasileña no está prevista la posibilidad de una reforma constitucional que sea específica para un tema, tal como Rousseff pretende, por lo que se hace necesario un plebiscito.

La convocatoria al voto popular también responde a lo que parece ser uno de los reclamos de los manifestantes: mayor participación ciudadana en la política del país. Además, con esta propuesta la mandataria también recupera la vieja promesa del Partido de los Trabajadores de concretar una reforma política, que se considera necesaria.