Cuando ya no falta tanto para las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo no está en su mejor momento. Sin embargo, no parece dispuesto a darse por vencido a pesar de las denuncias judiciales y mediáticas en contra de sus jerarcas por supuesta corrupción y de su actual enfrentamiento con jueces y abogados en el marco de la reforma judicial.
Eso parece demostrar la denuncia penal que presentó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), contra la operadora de televisión por cable Cablevisión, del grupo Clarín, por no haber cumplido con la ley respecto a su programación. El director de la AFSCA, Martín Sabbatella, dijo a los medios que Cablevisión fue denunciada por incumplir “una medida cautelar a favor de la AFSCA”.
Sabbatella acusó al grupo Clarín de burlarse “de la ley, de las instituciones” y “de la libertad de expresión de millones de ciudadanos argentinos”. El jueves la Justicia le había dado razón al ente público después de más de un año de idas y vueltas sobre este punto. Pero la saga tendrá un último capítulo en la Corte Suprema, a la que el grupo multimedios anunció que apelará.
Ésta es una de las muchas batallas de la guerra que opone al grupo Clarín y al gobierno de Fernández, debido a la ley de medios, que no se aplica del todo, desde hace cerca de cuatro años, por fallos judiciales en su contra.
A favor
El juez español Baltasar Garzón dijo durante su visita a Argentina que apoya la reforma judicial porque es “el comienzo de una profundización democrática”. El magistrado considera que la Justicia “no puede ser hecha desde la corporación y hacia adentro sino [que debe ser hecha] desde la sociedad”. Apoyó en particular la elección de quienes designan a los jueces, planteada por el gobierno: “si los ciudadanos elegimos a quienes nos dirigen desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no se puede cuestionar que el organismo de los jueces sea electo democráticamente”. Además estimó que “es necesario dotar [al Poder Judicial] de máximas garantías para que pueda desarrollar su labor con independencia e imparcialidad, pero de cara a la sociedad”.
De esa guerra surgió otra: el oficialismo entiende que esa situación se debe a que la Justicia no es independiente de poderes económicos y financieros como el grupo Clarín. Por lo tanto, entre abril y mayo se aprobaron las seis normas que componen la reforma judicial, cambio que, de acuerdo a lo que ha expresado la mandataria, intenta “democratizar la Justicia”. Pero apenas aprobados por el Parlamento, varios puntos de esa reforma fueron suspendidos por la Justicia. Es el caso del que modifica la aplicación de medidas cautelares en contra del Estado aplicándoles una fecha de caducidad, o el que cambia las reglas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura (a cargo del nombramiento y la suspensión de los jueces), que pasará de tener 13 a 19 integrantes, de los cuales 12 deberían ser electos en las elecciones primarias obligatorias y abiertas previstas para el 11 de agosto, de cara a las legislativas. Esos dos puntos -los más polémicos- y otros quedaron en suspenso, al igual que lo está la ley de medios desde 2009.
Entre el 10 de mayo y ayer, varios tribunales, federales y provinciales, se pronunciaron en un total de 20 fallos relativos a esa reforma, la mayoría en contra. Los detractores de la ley -opositores, jueces y abogados- estiman que esas reformas significan una “politización” y “partidización” de la Justicia. “Uno observa: ¡qué celeridad para decidir sobre las leyes que se refieren a los propios jueces y cuánta lentitud para decidir, por ejemplo, sobre la ley de medios!”, reclamó la presidenta el lunes en un acto en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Esta situación da pie a cruces casi diarios entre el gobierno e integrantes del Poder Judicial. El último de ellos enfrentó a Fernández con uno de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Fayt, de 95 años, al que la presidenta tachó de “casi centenario” por no haberse jubilado tal como lo establece la reforma judicial argentina de 1994, punto que la propia Corte dejó sin efecto.
“Si hubiéramos largado la monarquización de la Justicia, entendería que estén nerviosos o indignados”, dijo la mandataria. Además, se refirió al “contrapoder” que debe representar la Justicia: “A aquel que se piensa como contrapoder desde el Poder Judicial, le notifico que más que contrapoder del poder popular, me parece que es delegado de otros poderes que no sabemos, pero imaginamos cuáles son”, dijo, luego de recordar que “al Ejecutivo lo vota el pueblo”. Por último, dejó claro que sabe que esa reforma puede tener incidencias en las próximas elecciones -ya que también generó protestas populares-: “Estoy dispuesta a enfrentar todo lo que venga con tal de dejar un país mejor organizado, donde sus tres poderes sean absolutamente democráticos y abiertos al pueblo e independientes de las grandes corporaciones”.