El gobierno envió 110 militares a la región de Sidrolândia, en el estado de Mato Grosso do Sul, donde un grupo de indígenas ocupa tierras que su etnia reclama por considerarlas ancestrales. Fue el gobernador de dicho estado, André Puccinelli, quien pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas, a la vez que el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, analiza reforzar la Policía Federal estadual para que intente moderar la situación de violencia que allí se vive.

Se estima que en Mato Grosso do Sul hay más de 60 haciendas rurales ocupadas por tribus indígenas que reclaman esas tierras. Los reclamos y las ocupaciones se intensificaron en febrero, cuando fueron suspendidas las demarcaciones de tierras ancestrales que el gobierno llevaba a cabo en varios estados. La administración Rousseff señaló que decidió suspender el proceso para relanzarlo en algunos meses, con la colaboración de más organismos del Estado, con la intención de llevar adelante un plan más integral. Sin embargo, desde las organizaciones que defienden los derechos de los indígenas se apunta que Rousseff tomó esa decisión tras mantener varias reuniones con terratenientes de esos estados.

Algunas de las ocupaciones pasan desapercibidas porque no implican violencia ni el cese de las actividades productivas. Ése no es el caso del lugar al que el gobierno envió a los militares, la hacienda Burití, ocupada desde el 15 de mayo. Esas tierras fueron reconocidas como propiedad de la tribu burití en 2010 por el Ministerio de Justicia, pero hay un fallo judicial final que las atribuye a los productores rurales que allí desarrollan sus actividades.

La hacienda ya fue desocupada el jueves, cuando hubo un operativo policial durante el cual se generó un enfrentamiento, que incluyó el incendio de parte de las edificaciones del terreno. En el hecho murió un miembro de la tribu burití, Oziel Gabriel, de 35 años, y otros 14 resultaron heridos, así como cuatro policías. Tras la muerte del indígena los miembros de la tribu volvieron a ocupar. El martes hubo otro incidente violento: un grupo de hombres armados, de procedencia desconocida, ingresaron a la hacienda y causaron la muerte de un indígena y la desaparición de otros dos.

Para ayer de mañana había una nueva orden de desalojo emitida por la Justicia. Sin embargo, no se había hecho efectiva. Antes de que se cumpliera el plazo, Cardoso había señalado desde el lugar del conflicto que el gobierno buscaba, por intermedio del Ministerio Público, una extensión del plazo para el desalojo, para que se pudiera continuar con el diálogo.

Uno y varios

Éste no es el único conflicto que enfrenta a los indígenas con el gobierno. Son varias las tribus que han salido a manifestar su malestar. Durante el fin de semana se ocuparon otras cinco haciendas, y en las últimas dos semanas se multiplicaron los pedidos de reintegro de tierras ancestrales. El martes hubo varias manifestaciones en distintas ciudades, durante las cuales fue ocupada la sede del Partido de los Trabajadores en Curitiba y se realizaron cortes de ruta en Rio Grande do Sul.

Ante estas manifestaciones no coordinadas y espontáneas, el gobierno envió un avión de la Fuerza Aérea que trasladó a representantes de seis etnias al Palacio de Planalto, donde se reunieron durante cuatro horas con funcionarios gubernamentales, entre ellos, el ministro de Presidencia, Gilberto Carvalho, y miembros de la estatal Fundación Nacional del Indio.

Los representantes indígenas hicieron varios reclamos, pero el principal fue su oposición a que los proyectos de represas se sigan construyendo sin que se les haya hecho consultas previas. Una de ellas, la que en los últimos años ha sonado más, es la de Belo Monte, sobre el río Xingu, cuyas tierras fueron nuevamente ocupadas; pero se están llevando a cabo asimismo estudios ambientales para proyectos de hidroeléctricas en los ríos Tapajós y Teles Pires, también en Pará, respecto de los cuales los indígenas exigen que se les consulte.

En este sentido, la respuesta de Carvalho fue que en los dos últimos casos, en los que todavía no comenzaron las obras, se harán las consultas, pero de todas maneras las obras seguirán adelante. El conflicto por estos proyectos de represas sobre los ríos Tapajós y Teles Pires lleva ya algunos años y esas áreas son patrulladas por militares cuya misión es garantizar que no vuelvan a ser ocupadas y que las tareas para la construcción no se detengan.

Representantes de las etnias afectadas han recurrido también a la Justicia para que detenga las obras hasta que ellos sean escuchados, pero las construcciones han logrado continuar pese a los fallos adversos. Al respecto, el Ministerio Público de Pará denuncia públicamente que el gobierno nacional no está escuchando los reclamos de las tribus indígenas. Además, criticó que, por la legislación brasileña, las obras de estas hidroeléctricas pueden continuar aunque haya un proceso en su contra, siempre y cuando no exista un fallo final, que podría demorar varios años. Es el caso, por ejemplo, de Belo Monte, que ha apelado los distintos fallos en su contra en las causas iniciadas por el Ministerio Público de Pará, y sigue avanzando en la construcción de su represa.