Una hora y media antes de su exposición en el Paraninfo, el magistrado español Baltasar Garzón fue declarado visitante ilustre de Montevideo por la intendenta Ana Olivera, quien lo consideró un “compañero” en la defensa de la verdad y la justicia. El nombramiento fue en la sala Maggiolo de la Universidad de la República y a pedido de la Mesa Permanente contra la Impunidad. También contó con la presencia de Roberto Garretón, que ya tiene esa distinción.

El homenajeado dijo que es la segunda vez que está en la ciudad y que en la primera había visitado a su “amigo” Eduardo Galeano. Además recordó la época en que investigaba denuncias de la dictadura argentina e inevitablemente tuvo que meterse con lo que pasaba del otro lado del Río de la Plata. En particular habló del centro de reclusión y tortura Automotores Orletti, que le sirvió para entender “cómo funcionaba la máquina del terror”.

Garretón también hizo uso de la palabra y se refirió a su amigo, con el que, dijo, América Latina tiene una gran deuda. En particular recordó el encarcelamiento de Augusto Pinochet, y dijo estar seguro de que la medida generó al menos dos efecto: en primer lugar, los genocidas dejaron de viajar, y, además, sirvió como ejemplo para entender que la justicia es posible.

Luego hubo espacio para que Garzón respondiera consultas de la prensa. El magistrado calificó la situación uruguaya en materia de derechos humanos como “positiva”, pese a algunas “contradicciones” de la Justicia. Se refería al traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, y a la declaración de inconstitucionalidad de la ley Interpretativa de la de Ley de Caducidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Garzón dijo que está “preocupado” por estas situaciones pero que respeta las resoluciones. Cuestionó qué se castigue a una jueza por interpretar la ley en defensa del derecho de las víctimas, y entendió que las sanciones deben darse cuando los magistrados incumplen con su deber. Además comparó la situación de Mota con la que sufrió él en España, que generó que presentara un recurso ante el tribunal europeo de derechos humanos.

Por otra parte, descartó que los tribunales supremos de justicia tengan vínculos con intereses de militares, porque entiende que “ya pasó mucho tiempo” y que cuando se actuó desde la Justicia al respecto, “no pasó nada en los ámbitos militares”, si bien reconoció que los victimarios siempre tratan de que sus causas no se investiguen. También defendió la posibilidad de que los cargos de gobierno de los jueces sean electos por la ciudadanía, porque no los ve distintos a la elección de otros cargos. Garzón entiende que la oposición a esta idea está basada en corporativismos judiciales que han hecho que los cargos pasen de generación en generación y se generen “castas judiciales”. Otra de sus ideas para la reforma del sistema es la conformación de ámbitos colaborativos entre los poderes judiciales de distintos países en causas que lo ameriten, como la del Plan Cóndor. Garzón entiende que, de esa forma, se optimizarían recursos, y la búsqueda de verdad sería más efectiva.