Desde que cayó Zine el Abidine Ben Alí, a fines de enero de 2011, la llamada “revolución” tunecina busca su camino. El país está dirigido por un gobierno de coalición, dominado por los islamistas de Ennahda, partido afiliado a los Hermanos Musulmanes. Esa fuerza política, la más votada en las elecciones de octubre de 2011, no obtuvo una mayoría suficiente para gobernar sola y comparte el timón con el Congreso para la República (nacionalista de centroizquierda) del actual presidente tunecino, Moncef Marzouki, y el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (más conocido como Ettakatol, socialdemócrata) del presidente de la Asamblea Constituyente, Mustafa ben Jaafar. Ennahda ocupa la jefatura de gobierno con el primer ministro Ali Larayedh.

Ennahda es acusada de complicidad con los grupos extremistas salafistas que amenazan a los defensores de los derechos humanos y a personalidades de izquierda que critican al gobierno. En ese marco, ayer murió baleado el diputado Mohamed Brahmi, fundador del partido de izquierda Movimiento del Pueblo, que acababa de renunciar a su cargo de secretario general para integrar el Frente Popular (FP), una coalición de partidos laicos de izquierda, que había dirigido Choukri Belaïd, otro dirigente izquierdista que fue asesinado el 6 de febrero de este año. Brahmi y Belaïd eran conocidos por sus críticas a Ennahda y murieron en circunstancias muy similares, baleados por hombres en moto al salir de su casa.

Al igual que había ocurrido en ocasión del asesinato de Belaïd, el crimen de ayer generó manifestaciones espontáneas de repudio en distintos puntos del país. Fueron particularmente fuertes en la capital, Túnez, y en Sidi Buzid. En esa localidad del interior tunecino, los manifestantes incendiaron la sede de Ennahda y la del gobierno local. De acuerdo a una encuesta publicada el miércoles, Ennahdha tiene hoy 12% de intención de voto, y sus socios en el gobierno, acusados de ser omisos, perdieron gran parte de su credibilidad.

Ayer hubo reuniones de emergencia entre los partidos tunecinos de oposición. El FP, partido del fallecido Brahmi, hizo un llamado a la desobediencia civil, pidió un gobierno de salvación nacional, la disolución de la Asamblea Constituyente y convocó a un paro general para el día del entierro de Brahmi. En tanto, la Unión General de Trabajadores de Túnez, la principal central sindical del país, llamó a un paro general para hoy. Por su parte Rachid Gannuchi, líder de Ennahda, sector al que se apuntó como responsable del asesinato, condenó el crimen y dijo que el objetivo de sus autores es “frenar el proceso democrático tunecino y terminar con el único modelo exitoso de la región”.

La Federación Internacional de las Ligas de los Derechos Humanos denunció en un comunicado la escalada de la “violencia política” bajo “diversas formas, asesinato, incitación al odio y al asesinato, agresiones físicas” y reclamó que las Ligas de Defensa de la Revolución “sean disueltas”, tal como lo reclama “la mayoría de los partidos y de las organizaciones de la sociedad civil”.