Fue abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cofundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). la diaria dialogó con Vivanco, presidente ejecutivo de HRW para las Américas, durante su estadía en Uruguay, última parada de una gira por América Latina. Consultado respecto de las críticas a su organización según las cuales respondería a intereses de Estados Unidos, Vivanco destacó que son “interesadas” y que las hacen “aquellos que están incomodados por las críticas”. También destacó que su organización es independiente, que sólo acepta fondos privados, que trabaja e informa sobre todos los países y aplica “el mismo rasero” basado en valores “universales” de la legislación internacional. “No estamos ni para criticar ni para aplaudir a la Revolución Bolivariana [de Venezuela]: me tiene sin cuidado la Revolución Bolivariana, no me quita el sueño ni su futuro, ni el de Obama, ni el de Cristina [Fernández, la presidenta argentina], ni lo que va a pasar con el PT [Partido de los Trabajadores] en Brasil. Nuestro norte son los tratados internacionales en materia de derechos humanos y si Venezuela lo estuviera haciendo bien, lo diríamos, pero si se producen abusos, tenemos que decirlo”, dijo.
En Estados Unidos, para Vivanco, “la cárcel de Guantánamo es una vergüenza y un ejemplo tangible del abuso de poder”, donde los presos están en un “limbo jurídico”, detenidos de manera “arbitraria”, y “muchos han sido torturados”. El abogado chileno destacó que los militares que administran Guantánamo estiman que “al menos la mitad de los detenidos son inocentes o no hay evidencia” en su contra. Para Vivanco, la existencia de esa cárcel “daña seriamente la credibilidad de Estados Unidos en el exterior y a nivel nacional”.
Ayuda al mensajero
Otro tema candente en Estados Unidos es el del ex técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Edward Snowden. Para Vivanco, Snowden alertó sobre “una masiva e indiscriminada violación de la privacidad de millones de personas, estadounidenses y extranjeras” y merecería “correcciones y hasta sanciones” en contra de Washington. También afirmó que los “ciudadanos de a pie” tienen derecho a la privacidad frente al Estado, a menos que existan sospechas fundadas.
“Snowden merece la protección judicial”, opinó Vivanco. Además, agregó que el hecho de que ese programa de espionaje sea legal y aprobado por el Congreso de Estados Unidos “en un proceso legislativo con grandes niveles de confidencialidad, no lo hace legítimo”. Obama dio la bienvenida a un debate sobre cómo equilibrar el derecho a la privacidad y a la libertad con el derecho a la seguridad. El viernes 9, día en que se realizó esta entrevista, anunció su intención de reformar el Patriot Act, aprobado en 2001, una norma que pretende dar al país “herramientas apropiadas para detectar y luchar contra el terrorismo”. Para Vivanco, la postura de Obama es “curiosa”, ya que Snowden no contaría con las garantías del debido proceso en Estados Unidos, porque la ley antiespionaje que se le aplica es “arcaica”. Existe un principio jurídico en Estados Unidos, según el cual, si uno viola un contrato en nombre de un valor superior, no puede ser perseguido por la Justicia, sino que, por el contrario, debe ser protegido. Para Vivanco, ése es el criterio que se debería aplicar al caso Snowden. Con la ley antiespionaje “lo más probable es que [Snowden] sea condenado a una pena de aislamiento prolongado [...] algo que consideramos un trato cruel e inhumano”, dijo el dirigente de HRW.
Prioridades
Vivanco calificó de “desastre” y “emergencia” la situación mexicana en materia de derechos humanos, debido a las “masivas y gravísimas violaciones a los derechos fundamentales” ocurridas durante la presidencia de Felipe Calderón. Para él, esas violaciones eran evitables y resultaron de una política “deliberada” del gobierno. La guerra contra el narcotráfico dejó 70.000 muertos y miles de desaparecidos -un informe del gobierno habla de 25.000 desaparecidos y extraviados en seis años-, algunos por agentes del Estado y otros a manos de cárteles, recordó. El activista también dijo que hay “alrededor de 15.000 o 16.000 restos humanos no identificados, en fosas” que “nadie investiga”. Vivanco estima que la diferencia del actual gobierno de Enrique Peña Nieto es que “ha reconocido públicamente” el legado que recibió, mientras que a Calderón “le costó mucho” reconocer los problemas, aunque lo hizo en una reunión con HRW durante el último año de su mandato, luego de haber negado las denuncias, incluso públicamente y en presencia de Obama, por ejemplo, en Guadalajara, en 2009. Vivanco se alegró de que el actual gobierno mexicano intente “depurar” las listas de personas faltantes, se haya reunido con grupos de víctimas, anunciado procesos de investigación y realizado cambios en las políticas de guerra contra las drogas. Sin embargo, agregó que luego de ocho meses de gestión, aún no se puede sacar conclusiones. Además advirtió que el Ejército, que participa activamente en la lucha contra el narcotráfico, “no le rinde cuentas a nadie, nunca estuvo subordinado al poder civil, actúa con cero transparencia” y se ampara en la Justicia militar.
México es una prioridad para HRW, al igual que lo es Colombia. En ese país, la organización es crítica respecto de la reforma del fuero militar. Desde 1997, las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército estaban a cargo de tribunales ordinarios. Pero esto se modificó, según Vivanco, “para lograr el apoyo de los militares al proceso de paz” entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno. El chileno dijo que esa concesión se hizo porque los militares aún abogan por una salida militar al conflicto. La reforma constitucional establece que sólo algunas figuras delictivas están excluidas del fuero militar (genocidio, desaparición, tortura, violación sexual, entre otras) y todo lo demás será responsabilidad de la Justicia castrense. A HRW le preocupa la dificultad que tendrán los abogados para lograr que los hechos se sometan a la Justicia ordinaria, ya que los fiscales militares serán los primeros en investigar.
Para Vivanco, el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado en el conflicto por parte del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, “es parte del discurso” y falta “ver en qué se traduce eso”. Sin olvidar subrayar la importancia del “fundamental” proceso de paz, el titular de HRW también denunció una reforma constitucional aprobada en diciembre, que examina la Corte Constitucional: el Marco Jurídico para la Paz (MJP). Esta normativa establece que los grupos irregulares armados y agentes del Estado recibirán un “tratamiento penal diferenciado”, advirtió el abogado, que agregó que eso incluye a los paramilitares. Lo que hace el MJP “es concentrar las investigaciones por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en los ‘máximos responsables’” aunque “no está claro quiénes van a ser, pero se entiende que es un grupo reducido”, explicó el activista. Según él, quedarán impunes, por ejemplo, los encubridores, y quienes sean sometidos a un proceso penal “podrán quedar en libertad sin cumplir la pena, si cumplen requisitos que aún no se determinaron”.
Contradicciones
En su país, Chile, Vivanco también ve dificultades en la jurisdicción aplicada a las fuerzas de seguridad. Los carabineros (la Policía militarizada) sólo pueden ser juzgados por la Justicia militar cuando se los acusa de un abuso. El abogado también criticó la ley antiterrorista que se aplica desde hace años, en particular sobre la población mapuche. Estima que no hay motivo, ya que Chile informa a la Organización de las Naciones Unidas de que no sufre ataques terroristas. “¿Si no hay terrorismo, por qué se aplica una ley antiterrorista?”, se preguntó.
El director ejecutivo para las Américas de HRW fue expulsado de Venezuela en 2008 por haber hecho un informe crítico hacia el gobierno que en aquel momento encabezaba Hugo Chávez. Para él, en ese país se da “un caso extremo de concentración de poder” porque “no hay una institución democrática capaz de contrarrestar el poder del gobierno”. Vivanco dijo que desde 2004 la Suprema Corte está “intervenida” y “sólo convalida las políticas nacionales”. También denunció que el organismo que controla los medios audiovisuales puede aplicar sanciones y suspensiones, y se basa en leyes que condenan, por ejemplo, el hecho de generar “zozobra en la población”. Vivanco lamentó que haya una “polarización extrema” en Venezuela y la “falta de independencia de un árbitro institucional que pueda hacer respetar la Constitución chavista de 1999, que es garantista, con principios claves para cualquier democracia moderna violados a diario por el gobierno”. También dijo que sus equipos siguen “investigando constantemente” en Venezuela, “sin la autorización del gobierno, porque éste ha dictado decretos que dicen que los extranjeros que vayan al país a criticar la Revolución Bolivariana, serán expulsados”. Respecto de la oposición, Vivanco reiteró que la tarea de HRW es analizar las “prácticas y políticas públicas de los gobiernos” y no de las oposiciones, porque no se las puede “hacer corresponsables”, ya que “no están en el poder”.
Sobre las leyes relativas a los medios, Vivanco dijo que el problema “es en los países del Alba, que no creen en la libertad de expresión salvo para aplaudir al gobierno de turno”. Sin embargo, agregó que hay otros países, como México o algunos de América Central, donde “simplemente matan a los periodistas”, aunque no sea una política de Estado declarada.