La Federación de Educadores de Paraguay (FEP) reúne a unos 40.000 profesores y maestros y desde abril mantiene un tira y afloja con los parlamentarios para que se modifique la ley de jubilaciones que está vigente desde diciembre de 2003. Hoy se cumplen tres semanas desde que decidieron hacer huelga, una medida de fuerza tomada para evitar la aprobación ficta de una modificación a la ley que fue sancionada en la Cámara de Senadores y que entraría en vigor a fines de agosto si eso no es evitado por la Cámara de Diputados, según la normativa vigente en Paraguay.
Los maestros aportaban 14% de su sueldo para la jubilación y tras 25 años de ejercicio su pensión correspondía a 93% de lo que habían cobrado en el último año. Así fue hasta 2003, cuando el gobierno de Nicanor Duarte, colorado, aprobó la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, que modifica el sistema de jubilaciones de los trabajadores públicos. Ahora, los maestros aportan 16% de su sueldo durante 28 años de ejercicio para jubilarse recibiendo 87% de los salarios de su último año.
La FEP vivió varios cambios internos y recién el año pasado comenzó con movilizaciones dirigidas a reformular esta norma. Tras varias protestas, el Parlamento accedió a negociar para hacer modificaciones a la ley. Sin embargo, las propuestas, que ya fueron aprobadas en el Senado y podrían ser promulgadas el 31 de agosto, no parecen beneficiar precisamente a los educadores.
El presidente de la FEP, Carlos Parodi, destacó en declaraciones a la diaria que en la negociación se alcanzaron algunos logros, como mejores condiciones para el retiro: podrán optar por jubilarse tras 25 o 28 años de ejercicio, recibiendo 90% o 93% de pensión. Pero el proyecto tiene “una trampa” en respecto a qué se cobra en ese 90% o 93%. En principio es respecto al promedio de los últimos tres años de salario, pero si el trabajador fue ascendido en esos últimos tres años antes de jubilarse el período considerado es el de los últimos seis años, lo que incluye, por ejemplo, años en los que el sueldo mínimo de los educadores era de 500 dólares, lo que les significa una importante baja en el promedio. Actualmente el salario mínimo nominal de los trabajadores de la educación es de 700 dólares, de los cuales 21,5% son destinados a aportes.
“El quid de la cuestión”, advierte Parodi, “es lo que establece el artículo 8 [de la reforma], que incumple la Constitución”. La carta magna paraguaya establece en su artículo 103 que las jubilaciones de los funcionarios tendrán los mismos aumentos porcentuales que los trabajadores públicos que estén en actividad. Sin embargo, el artículo 8 que se pretende aprobar establece que el aumento será el promedio entre el aumento de sueldo de los trabajadores públicos y la inflación. Parodi puso un ejemplo: “Si el gobierno quiere, por ejemplo, congelar los salarios públicos y la inflación es de 5%, el aumento va a ser de 2,5%. Pero si el gobierno aumenta el sueldo de los funcionarios 10% y la inflación es 5% las jubilaciones no van a subir 7,5%”, advirtió. Esto es porque el mismo artículo establece que el aumento de la jubilación “tendrá como límite superior” la inflación; así, en el ejemplo brindado por el presidente de la FEP, el aumento sería de 5%. La FEP también asegura que los datos sobre la inflación no suelen ajustarse con la realidad: “Nunca pasó el 5%, pero vas al súper y lo que comprabas por 4.000 guaraníes ahora lo compras por 8.000”.
Terceros actores
En este contexto de huelga, y ante el acercamiento de la fecha de la asunción de Cartes, el gobierno de Federico Franco recurrió a la Justicia y le pidió que se pronunciara sobre la legalidad de la huelga. Sandra Bazán, jueza en primera instancia, la declaró ilegal el 13 de agosto. El entonces ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone, aseguró a los medios que el fallo era fundamental y agregó: “Con esto se apunta a hacer los descuentos compulsivos a los docentes”.
Parodi mostró a la diaria que el artículo 375 de la Constitución establece que una huelga no se puede declarar ilegal mientras está en curso y recordó que en 2010, en otra de las huelgas mantenidas por los educadores en protesta por esta misma ley, otra jueza señaló justamente eso en el fallo: que como la medida estaba en curso no podía ser declarada ilegal.
Para ellos la declaración de ilegalidad -que ya apelaron- fue un intento de asustar a quienes se adhirieron a la huelga. Parodi señaló además que Paraguay cuenta “con algunos medios no tan objetivos que se prestan para publicar esa información y colaborar en ese ‘meter miedo’”.
El de la ley de jubilaciones es el principal reclamo de los maestros, pero también reclaman por la malversación de los fondos que deberían dirigirse a la educación. “Durante el gobierno de [Fernando] Lugo se creó un Fondo Nacional de Educación que se reparte entre los municipios, que bailan el malambo encima de ese dinero”, lamentó Parodi, que estimó que sólo 10% de los 267 municipios paraguayos invierten ese dinero en la educación.
El dirigente además señaló su escepticismo sobre la posibilidad de que la situación de los docentes cambie con el nuevo gobierno: “Ojalá que el gobierno, si, como dijo el presidente en la asunción, va a resguardar a los empleadores, también resguarde a los empleados”.