Elizalde comenzó su militancia política en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), organización que presidió entre 1993 y 1994. Posteriormente fue titular de la Juventud Socialista de Chile y entre 1999 y 2004 lideró la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. La semana pasada, en el marco de la cobertura de los 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, dialogó con la diaria.
Elizalde recibió a la diaria en los galpones de una fábrica reciclada, que sirven de sede del comando de campaña de Nueva Mayoría, de la que es jefe de comunicación y vocero. Esos locales están situados en el municipio santiagueño de Providencia, habitado por personas de clase media y alta. En el momento de la entrevista, tanto ésta como el resto de las localidades de la capital chilena lucían plagadas de banderas de Chile, visibles en casas y edificios, pero también en vehículos particulares. El despliegue anticipaba la fecha de hoy, 18 de setiembre, en la que se celebra el aniversario de la independencia del país, declarada en 1810. A ese día se suma el 19 por ser el Día de las Glorias del Ejército, y un día más para poder juntar el festejo con el fin de semana. Este año, por cómo caen en el calendario, estos días desembocaron prácticamente en toda una semana festiva, bisagra entre las conmemoraciones del golpe de Estado de 1973 y el inicio formal de la campaña, previsto para octubre.
-¿Cómo evalúan desde Nueva Mayoría el ambiente que se generó a raíz del 40º aniversario del golpe de Estado? ¿Perciben cambios en el sistema político?
-Nueva Mayoría desde el primer momento ha representado los principios de la democracia y los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que en los análisis que se han hecho no ha habido cambios sustantivos, lo que hubo fue un reforzamiento de lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Pero sí ha habido un cambio de los actores sociales y políticos que apoyaron la dictadura. Hay un lenguaje distinto. Han empezado tímidamente, y ahora con mayor fuerza, a ser muy críticos respecto de las atrocidades cometidas durante la dictadura. Eso es un avance como sociedad, sobre todo para las nuevas generaciones.
-A pesar de que se está avanzando judicialmente en investigar los crímenes de la dictadura, la sociedad civil reclama políticas de Estado “de verdad” en ese sentido. ¿Qué hace falta?
-La construcción de nuestro futuro debe basarse en más verdad y más justicia, tal como lo ha planteado Bachelet. Es muy importante que las sanciones que se establezcan respecto de estos crímenes atroces sienten un precedente para que no vuelvan a repetirse. Ahora, efectivamente, Chile es uno de los países de América Latina donde ha habido mayor número de procesamientos y condena efectiva a los violadores de los derechos humanos, pero eso no obsta que siga siendo insuficiente. Primero, porque no está esclarecido el paradero de un número significativo de detenidos desaparecidos [unos 1.200]; en segundo lugar, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que son inamnistiables, imprescriptibles y respecto de los cuales las condenas deben ser ejemplares. En ese sentido, las reivindicaciones de las agrupaciones defensoras de los derechos humanos deben ser escuchadas para que el Estado tenga una política activa de promoción de la verdad, de la justicia y de la reparación.
-¿Cómo piensan implementar esa política activa?
-La presidenta Bachelet, que es médico, lo ha dicho de la siguiente manera: cuando las heridas están sucias no cicatrizan, por lo tanto es necesario limpiarlas; no podemos esconder la basura bajo la alfombra. Yo creo que hoy en Chile los tribunales son autónomos e independientes, pero hay otros obstáculos de tipo práctico: básicamente, la falta de voluntad de quienes participaron en estos actos atroces y un pacto de silencio mal entendido, que afortunadamente es cada día más tenue. Respecto de esto no sólo son importantes las responsabilidades penales sino también las responsabilidades políticas de quienes justificaron los crímenes de la dictadura. Porque si bien hoy hay un lenguaje distinto por parte de los líderes de la derecha, no debemos olvidar que durante mucho tiempo ellos justificaron esas atrocidades y sólo hablaron de “excesos”. De momento no han hecho la autocrítica profunda que el país les exige para demostrar que efectivamente tienen un compromiso nítido con los derechos humanos.
-Los estudiantes reclaman desde 2011 el fin del lucro en la educación y que sea gratuita para todos. ¿Se puede contemplar esos postulados?
-Tenemos una nueva generación que ha irrumpido en la vida social, que creció bajo la democracia y por lo tanto no tiene los temores que puede tener la generación de la transición, no teme que haya una involución autoritaria. Por lo tanto es más exigente, es más empoderada y se atreve a mucho más. Eso, sin duda, constituye una gran oportunidad como país, para ser más ambiciosos respecto de las reformas sociales que hay que promover e impulsar en el próximo período. Desde que recuperamos la democracia se ha registrado un avance significativo de la cobertura educacional, con los niveles de deserción escolar más bajos de América Latina. Llama particularmente la atención el hecho de que siete de cada diez estudiantes universitarios sean de primera generación [de su núcleo familiar] en la Universidad. Lamentablemente, el sistema que rige la educación es un sistema de mercado desregulado, lo que se ha traducido en un endeudamiento significativo de las familias para costear los estudios, sobre todo en la educación superior. Por eso, una de las principales reformas que la presidenta Bachelet va a impulsar es la educacional, que implica un cambio de modelo sobre la base de cuatro principios: universalidad y fin de la segregación, calidad, fin del lucro y gratuidad en todos los niveles. Esto, para que la educación deje de ser un bien de consumo y se transforme en un derecho social.
-¿Cómo se obtendrían los recursos necesarios para llevar a la práctica esta transformación?
-Se ha comprometido a llevar a cabo una reforma tributaria que permita financiar esta reforma. Se calcula que el costo va a bordear entre 1,5 y dos puntos del Producto Interno Bruto [PIB], mientras que la reforma tributaria comprende un aumento de la recaudación fiscal de tres puntos del PIB. La diferencia se va a destinar a otras necesidades sociales y a financiar el déficit estructural que va a heredar de la precedente administración. Respecto de la gratuidad, se ha planteado avanzar gradualmente: se pretende alcanzar 70% de la cobertura durante los primeros cuatro años para llegar luego a 100%. Además, sería una reforma integral, con el objetivo de fortalecer la educación preescolar, nivel en el que aparecen las primeras desigualdades sociales. También implica una importante inversión en lo que es la educación escolar [primaria y secundaria], para recuperar los estándares de calidad. A eso se suma una reforma institucional para dar por superado el proceso de municipalización que se abrió durante la dictadura y que radicó en los municipios la administración de los establecimientos escolares [básicos y medios]. Bachelet dijo al volver a Chile que íbamos a empezar un nuevo ciclo histórico que debía caracterizarse por enfrentar con decisión la desigualdad, y que el programa de gobierno iba a ser elaborado escuchando a la ciudadanía. Estas propuestas son el resultado de ese diálogo.
-¿Cómo harán para aplicarlas?
-Nosotros requerimos mayoría parlamentaria. Pretendemos llegar a todo Chile con el mensaje de que no sólo es importante votar a la presidenta Bachelet, sino que también hay que apoyar a los candidatos al Parlamento de Nueva Mayoría. En Chile tenemos dos trabas heredadas de la dictadura. En primer lugar, el sistema binominal que consagra el empate parlamentario: da lo mismo quién gana, las dos coaliciones mayoritarias eligen el mismo número de representantes, lo que establece una sobrerrepresentación de los sectores conservadores. En segundo lugar, las leyes de quórum supramayoritario, cuyo contenido fue impuesto durante la dictadura y que para ser reformadas requieren cuatro séptimos de apoyo en ambas cámaras, lo que consagra un derecho a veto de la minoría. Esto me lleva a plantear que nosotros tenemos una democracia imperfecta. Por eso la presidenta ha planteado otra reforma: una nueva Constitución. Requerimos de un nuevo marco político-institucional verdaderamente democrático. En caso contrario el sistema no canaliza la demanda ciudadana y no la resuelve. Eso genera desencanto y, lo que es más preocupante, deslegitima a todo el sistema político.
-Hay un movimiento popular a favor de una Asamblea Constituyente.
-La presidenta Bachelet no se ha pronunciado sobre un mecanismo específico. Va a estar determinado por lo que acontezca en los próximos meses. Pero se han señalado tres criterios respecto de cualquier mecanismo que se utilice: será democrático, participativo e institucional.
-Hay chilenos que dicen que la sociedad civil se despertó. ¿Coincide con esa idea?
-Creo que efectivamente hay una ciudadanía que es más activa y que exige mayores niveles de participación. Eso, sin duda, constituye una gran oportunidad a efectos de promover los cambios que están pendientes.
-Desde Nueva Mayoría algunos advierten que a diferencia de los anteriores gobiernos de la Concertación habrá menos búsqueda de consenso, apoyándose justamente en la sociedad civil.
-El próximo gobierno tiene que dar cuenta de que el país cambió. Que esto es una sociedad distinta. La forma en que se ejerció la actividad política durante el período de transición no es una respuesta adecuada para las necesidades del Chile actual. Es necesario fortalecer la capacidad de escucha sin tener temor a la expresión de las legítimas diferencias que existen en un sistema democrático.