Hasta ayer, la propuesta de ley de aborto del gobierno de Mariano Rajoy era debatida por varios líderes regionales del PP. Cuando terminaba el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el presidente, Mariano Rajoy, pidió: “No sigamos debatiendo en público sobre este asunto”. Su mensaje fue rematado por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien no dio su opinión sobre la polémica ley, pero sentenció: “El partido tiene que apoyar al gobierno”.
Desde que fue anunciada, la ley propuesta por Gallardón es motivo de polémica. Permite que las mujeres aborten sólo en caso de quedar embarazadas producto de una violación o si el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer. Ni siquiera ampara la posibilidad de abortar por malformaciones graves del feto, excepto en caso de que sean “incompatibles con la vida” fuera del útero.
En el Comité Ejecutivo Nacional celebrado ayer, Rajoy presentó datos que muestran una mínima mejoría de la economía española y dijo que en su gira por Estados Unidos, Suiza e Italia intentará, mediante estos datos, cambiar la imagen de la economía española. Aunque hacía varios días dirigentes regionales de su partido venían publicando críticas a la ley, él no mencionó el tema en su discurso de ayer. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, fue el primero en referirse al proyecto: pidió modificarlo con un “esfuerzo de consenso”. Monago había dedicado parte de su mensaje de fin de año a criticar la norma: “Nadie puede obligar a una mujer a ser madre”. Llamó a “trabajar entre todos por una ley de aborto que dure al menos otros 20 años”. La ley del PP, una promesa de campaña, llega para reformar otra que fue aprobada en 2010. El presidente madrileño, Ignacio González, defendió la ley y atribuyó las críticas de Monago a que gobierna en Extremadura gracias a la abstención de la Izquierda Unida.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, cuyo nombre ha sido mencionado para sustituir a Rajoy más adelante, también se pronunció en contra del proyecto. Más tímidamente, dijo que “vale la pena mejorar” la propuesta para llegar a posturas “mucho más próximas”, que permitan “tener una legislación apoyada mayoritariamente” en el Congreso.
Otros dirigentes han manifestado su malestar con el proyecto, como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; la delegada de gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; el presidente del PP en Gipuzkoa; y la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, miembro de la directiva nacional del PP. No se pronunciaron ni la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, ni la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quienes lideran el gobierno y el partido junto con Rajoy.
Ayer, en el Comité, la vicepresidenta de la bancada del PP en el Congreso, Celia Villalobos -que en 2010 se negó a votar contra el proyecto socialista-, se pronunció en contra de la propuesta: “Represento a muchos que no están de acuerdo con la reforma”. Pidió libertad de voto, opción que no sólo rechazó el presidente del Congreso, Jesús Posada.
El opositor PSOE apunta justamente a la posibilidad de que los legisladores del PP se rebelen: en los próximos días presentará una propuesta para que se retire el proyecto y pedirá que ésta se vote en forma secreta.
Si bien la reacción interna fue mayor que la esperada, en el PP no hay temor a perder votos en el Congreso, porque la disciplina partidaria suele respetarse y se espera que el proyecto se suavice en el trámite legislativo, que se estima que durará un año. Además, dirigentes del PP han dicho a medios españoles que dentro de la bancada se acepta que este proyecto sirve para que el partido recupere el electorado más conservador, con miras a las elecciones europeas de mayo, en las que estos votantes suelen tener una mayor participación.
Pero sí hay temor a perder dirigentes regionales o a que estos barones del partido pierdan votos. A diferencia de las europeas, las elecciones regionales, que están previstas para 2015, exigen una orientación política más de centro, porque el electorado es mucho más diverso, y los barones conservadores ya tienen, según las encuestas, malos escenarios por delante.