La discusión comenzó a mediados de diciembre, cuando el senador del Partido Liberal Radical Auténtico Miguel Abdón Saguier denunció que varios empleados de las empresas de Cartes estaban participando directamente en la gestión de gobierno y que algunos de ellos incluso asistían a las sesiones del Consejo de Ministros. Incluso mostró una foto en la que se puede ver en esa reunión al gerente de Tabacalera del Este, José Ortiz, y al de Gaseosas Pulp, Francisco Barriocanal (ambas son empresas del Grupo Cartes), y recordó que la ley establece que sólo miembros del gobierno pueden asistir a estos encuentros.
Pocos días después, los medios paraguayos informaron que una de las empresas en las que Barriocanal es accionista mayoritario, Aqua Group, cerró un contrato por un millón de dólares con la estatal Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. Fue un contrato para proveer equipos de potabilización que se atribuyó directamente, sin licitación, con el argumento de “urgencia impostergable”.
Otro de los asesores de Cartes es el ingeniero civil Fernando Talavera, uno de los directores de la empresa Talavera y Ortellado Construcciones, que ha estado vinculada a decenas de contratos con el Estado y con empresas del Grupo Cartes. Talavera intercedió en un conflicto que atraviesa Aceros del Paraguay, una empresa que era estatal y fue privatizada en 1997, que ahora está cerca de la quiebra y que Cartes prometió recuperar para la esfera pública. El empresario de la construcción fue a la empresa, se presentó como asesor de Cartes y exigió a la Cooperativa de Trabajadores de Aceros del Paraguay que entregue al gobierno el 33% que tiene de las acciones de la empresa. Esto fue denunciado ante los medios y en un escrito al Palacio de López.
Cuando se exigieron explicaciones, el procurador general de la República, Roberto Moreno, señaló que se le había ofrecido a Talavera contratarlo como interventor para Aceros del Paraguay, pero como no podía hacerlo por compromisos profesionales se ofreció a colaborar gratuitamente con su amigo Cartes. Moreno agregó que en estos casos no se está generando ningún tipo de delito, porque el jefe de Estado tiene la potestad de contar con personas de su confianza.
Otro asesor “ad honórem” de Cartes -así los llama- es Hugo Portillo, gerente del Banco Amambay, que es propiedad del presidente. Como asesor de la Secretaría Nacional Antidrogas, Portillo participó en un operativo policial y militar contra el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo. Se desconoce en calidad de qué es asesor Portillo, y según el diario ABC Color, se supone que asesora por su condición de “aficionado a las armas”. A Portillo lo llevó el titular del organismo, Luis Rojas, y su presencia fue duramente criticada por las fuerzas de seguridad, que aseguraron que la presencia de un civil limitaba su accionar.
Cartes ha asegurado que sus asesores son personas de “absoluta confianza” que no implican gastos al Estado. Consultado por las críticas que esto ha generado en el Parlamento, dijo con ironía: “Quiero más asesores, por si ustedes quieren ayudarme también en cosas de prensa”.
Desde el Parlamento, la oposición ha redoblado sus críticas. El miércoles, en su primera sesión, la Comisión Permanente del Congreso aprobó más de una docena de pedidos de informes, de los cuales tres iban dirigidos al presidente y referían a sus asesores. Algunos de ellos fueron presentados a instancias de la senadora del Partido Demócrata Progresista Desirée Masi, quien preguntó cuántos y quiénes son los asesores del presidente y a qué controles están sometidos o quién se hace responsable de sus acciones.
“No tengamos miedo de hablar, que nos llamen, que nos interpelen”, dijo Cartes al ser consultado sobre el pedido de informes de la Comisión Permanente. “Si la señora Desirée Masi cree que está mal, que denuncie a la Fiscalía [...] ¿O va a seguir haciendo denuncias aéreas?”, agregó.
“No tengo ni plata para contratarlos, es buena voluntad de gente que me ayuda” dijo el presidente, y señaló que no hay control sobre los asesores porque son personas de su confianza que trabajan de forma honoraria. Cartes le respondió a un periodista: “Ellos tiene sus trabajos, yo no le puedo decir que no viajen. ¿Qué querés, que le diga al doctor [Óscar Vicente] Scavone que no se puede ir a Punta del Este? Él me asesora en lo que puede ¿Qué querés que haga?”.