La investigación sobre el Instituto Nóos comenzó en 2010 en relación con otro caso, conocido como Palma Arena, en el que varios dirigentes del Partido Popular de las Islas Baleares fueron acusados de corrupción. Esos dirigentes firmaron convenios de apariencia sospechosa con el Instituto Nóos en la primera década de este siglo y la investigación derivó en un caso independiente.
Urdangarin fue de 2003 a 2006 presidente del Instituto Nóos, que fue fundado en 1999 como una organización sin fines de lucro con la misión de realizar investigaciones de interés general y vincular el ámbito público con el privado. Lo dirigía junto a su ex socio Diego Torres, pero, según el juez José Castro, era la figura del duque de Palma la que atraía a las principales fuentes de financiación.
En 2006 la Casa Real pidió a Urdangarin que se separara del instituto, aunque recién en 2010 se abrió formalmente la investigación judicial. Días antes de que fuera imputado, la Casa Real le solicitó que dejara de participar en las actividades oficiales del instituto.
El juez acusó a Urdangarin y a Torres de malversación de fondos públicos, evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación y falsedad de documentos en diciembre de 2011. Consideró que el instituto había desviado el dinero obtenido por convenios con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.
Esos fondos podrían haber ido a parar a una red de empresas privadas, en una trama cuyo objetivo era obtener el mayor lucro posible, que al parecer fue armada por Torres. En esa red de empresas, según el juez, “quienes supuestamente libran las facturas y quienes, también supuestamente, tienen que abonarlas vienen a ser los mismos”. Además, “asaltan más que serias dudas sobre la realidad de los servicios que se dicen facturados”.
En abril de 2012 existió un primer intento de imputar a la infanta Cristina, la hija menor del rey Juan Carlos. Torres comenzó a entregar una serie de correos electrónicos intentando demostrar que la infanta era tan sospechosa como su esposa, Ana María Tejero, que está imputada en la causa desde el primer día. Tras la entrega de correos, el juez Castro consideró que había “una serie de indicios” que hacían dudar de que la infanta no estuviera enterada de los delitos cometidos por su esposo. Esa imputación fue dejada sin efecto tras un recurso presentado por la fiscalía, que no veía suficientes pruebas para respaldar la sospecha del juez.
Más adelante en la causa, Torres entregó más información y correos de Urdangarin, en los que ponía al tanto a su esposa de ciertas operaciones del instituto. Finalmente, la imputación llegó ayer. La argumentación del juez es que Urdangarin realizaba desvíos de fondos públicos hacia distintas empresas, entre las cuales estaba Aizoon, de propiedad compartida por el matrimonio, mientras que la infanta se encargaba de gestionarlos y gastarlos, por lo que la acusó de blanqueo de dinero y fraude fiscal.
Según el juez se desviaron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, de los cuales la empresa Aizoon utilizó una parte en pagar, por ejemplo, vajilla, cursos de baile de salsa y merengue en la casa del matrimonio y “la decoración con globos en el domicilio de Urdangarin con motivo de una fiesta de cumpleaños”. Otros gastos, que detalló el diario español El País en base al fallo judicial, fueron los honorarios de “un animador infantil” y la contratación de una empresa “para la organización, coordinación y decoración de una fiesta infantil para la celebración del cumpleaños de uno de los hijos” y para el de la infanta; un cocktail para 81 personas cuando nació una de las hijas del matrimonio, carpas para el cumpleaños del duque de Palma y la organización de la comunión de dos de los niños.
“Todo indica que doña Cristina de Borbón debió participar activamente, como no puede ser de otro modo, en la organización y presupuestos de esos eventos de incontestable afección personal”, estimó el juez, que agregó que “parece estar claro” que el pago de estos gastos del matrimonio por medio de la empresa Aizoon “supusieron una doble defraudación” porque no fueron declarados como ingresos personales, sino como empresariales -por lo que pagaron menos impuestos-, y se vieron beneficiados por exenciones tributarias por la misma razón.
Además, el juez señala como antecedentes una decena de sentencias del Tribunal Supremo en las que se establece que “en este tipo [de delito] no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles”. Es decir, que la infanta tenía que saber de dónde provenía la plata de la empresa en la que era socia con su marido y que, pese a eso, procedió a gastarla.
Uno de los abogados defensores de la infanta Cristina, Miquel Roca, ya anunció que recurrirá su imputación, que, si continúa, la obligará a ir a declarar el 8 de marzo. Sin embargo, el otro defensor, Jesús María Silva, dijo que no descarta la posibilidad de no recurrir, “si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la infanta”.
Se presente o no el recurso, la imagen de la infanta ya está deteriorada, y llega en un muy mal momento para la monarquía española. La popularidad del rey viene en caída desde que el año pasado, a raíz de una fractura de cadera que sufrió, se supo que había estado en Botsuana cazando elefantes -y según rumores, acompañado de una amante-. Después vinieron las operaciones de cadera y las investigaciones sobre su implicación en el caso Nóos. En el último mes se ha sumado la revelación de que construyó un pabellón privado con fondos del Estado, además de errores, caídas y titubeos en público -el último de ellos fue el lunes, cuando se trancó durante un discurso-.
Este declive de la popularidad de la monarquía -que si bien se ha recortado gastos a sí misma, tiene un presupuesto exorbitante en una España en crisis- se reflejó en una disminución de la representación de la Casa Real: en los eventos empezaron a aparecer solamente los reyes y los príncipes, en parte por las investigaciones alrededor de Urdangarin.
En el año que acaba de terminar, el discurso de Navidad de Juan Carlos fue el menos visto por televisión de los últimos 15 años, los duques de Palma -en parte centro del escándalo- se trasladaron a Suiza, y una encuesta publicada el lunes por El Mundo indica que por primera vez la monarquía tiene un respaldo menor a 50% (49,98%), y 62% de los españoles se muestra favorable a la abdicación de Juan Carlos en favor del príncipe Felipe.