El periodista Pablo Medina y su ayudante, Antonia Almada, fueron asesinados el jueves en una carretera del departamento de Canindeyú. El vehículo en el que viajaban fue emboscado por dos personas vestidas con ropa de camuflaje, y sólo sobrevivió una tercera pasajera, que fue identificada días después como Juana Almada, hermana de Antonia.

Medina era corresponsal del diario ABC Color en la localidad de Curuguaty, que queda en ese departamento. Tanto el periódico como el ministro del Interior, Francisco de Vargas, informaron que Medina había recibido muchas amenazas por sus reportajes sobre la producción de marihuana en la zona y el vínculo de algunos políticos con esa actividad. En 2001 el hermano de Medina, Salvador, también periodista, fue asesinado por denuncias similares que hizo en una radio local. Debido a estas amenazas Medina contó con guardia policial, pero en setiembre dejó de tenerla; no se informó públicamente por qué.

El gobierno comunicó que el asesinato del periodista tuvo como objetivo acallar sus denuncias, y que los responsables están vinculados con el narcotráfico. Un día después, el sábado, fue allanada la casa del alcalde de Ypehú, una localidad de Canindeyú, Vilmar Acosta, integrante del gobernante Partido Colorado.

Según la Policía y el diario ABC Color, Acosta era una de las personas que amenazaban a Medina, y en su casa se encontraron varios proyectiles, un chaleco antibalas, fundas para rifles y ropa de camuflaje (como la utilizada durante la emboscada). También fueron allanadas otras dos viviendas, una de las cuales pertenece al padre de Acosta. El alcalde es uno de los políticos que según las denuncias de Medina está vinculado con el narcotráfico.

El hermano del alcalde, Wilson Acosta, fue reconocido como uno de los autores materiales del delito por “testigos” del caso, informó la Fiscalía. Los dos hermanos fueron imputados el domingo por el asesinato de Medina y se emitió una orden de captura para los dos, que están prófugos. El diario ABC Color informó que Wilson también tiene una orden de captura en Brasil, desde 2010, por homicidio doloso y posesión ilegal de armas. Ayer la Policía brasileña se unió a la paraguaya en la búsqueda de los hermanos, que podrían haber cruzado la frontera.

El fiscal general paraguayo, Javier Díaz Verón, informó ayer que se comenzará una investigación sobre la “narcopolítica” en la Unidad Especializada Antinarcóticos. Esta decisión se tomó después de que varios dirigentes políticos dijeran a los medios que en Paraguay existe ese fenómeno. Díaz dijo que los primeros citados serán Robert Acevedo y Mario Abdo Benítez, dos legisladores que hicieron este tipo de declaraciones.

De acuerdo con ABC Color, Díaz Verón confirmó que la diputada por ese departamento Cristina Villalba (también del Partido Colorado) lo llamó para interceder por el alcalde Vilmar Acosta. Junto al artículo se publicó una foto de la diputada junto al alcalde y el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria: ella aplaudiendo y los hombres tocando el arpa y la guitarra, respectivamente. El diario informó que Acosta es considerado el “sobrino político” de Villalba y que eran personas cercanas, tal como quedaría demostrado en la foto, atribuida a un cumpleaños de ella.

En el transcurso de la jornada los dirigentes colorados de ese departamento salieron públicamente a defender a la diputada y a asegurar que no tiene ningún tipo de vínculo con la narcopolítica. “Estoy seguro de que no está involucrada con este tipo de hechos”, aseguró el gobernador Noria en entrevista con la radio 780 AM. El fiscal contó que cuando Villalba lo llamó -no se dijo con qué objetivo- él le manifestó que el alcalde Acosta debía entregarse a las autoridades.

El revuelo político que se ha levantado en estos últimos días llevó a que ayer el presidente Horacio Cartes, también colorado, asegurara: “Ni mi gobierno, ni mucho menos mi partido, va a estar encubriendo ilícitos”. También reaccionó ante el asesinato de Medina el Foro de Periodistas Paraguayos, que en un comunicado afirmó que estos asesinatos “ensombrecen la democracia paraguaya” y hacen peligrar “las libertades públicas y la de acceso a la información”. Tras el asesinato de Medina decenas de periodistas se movilizaron en la puerta de la sede policial de la zona para exigir justicia. Ayer anunciaron que estas manifestaciones se repetirán todos los viernes hasta que el caso sea resuelto.