Se sabía que el narcotráfico tenía una fuerte presencia en esa ciudad y que allí la tasa de homicidios es tres veces más alta que en el resto del país, pero la atención se dirigió a Iguala el 26 de setiembre, cuando un grupo de estudiantes de magisterio de una localidad rural, Ayotzinapa, que había ido a esa ciudad a protestar por una reforma de su currícula, fue atacado por la Policía y por integrantes de una organización delictiva. El balance dejó seis estudiantes muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, todos ellos de 18 a 23 años. Según estableció la Fiscalía, ocurrió en el marco de una alianza entre policías municipales y miembros del grupo de crimen organizado Guerreros Unidos, escindido del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Ahora las fuerzas de seguridad de México buscan al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y al director de seguridad pública municipal, Felipe Flores, para determinar si tuvieron alguna participación en lo ocurrido; al día siguiente dijeron que no se habían enterado de nada. Los tres están en paradero desconocido desde finales de setiembre.
Ya habían sido denunciados por presuntos vínculos con el crimen organizado y por varios asesinatos, sin que las investigaciones dieran resultado. La Procuraduría General de México también los está investigando por el secuestro de siete activistas y el asesinato de tres de ellos en junio del año pasado. El caso, denunciado hace meses, estaba a cargo de la procuraduría de Guerrero, que no había avanzado en la investigación. El procurador general de México, Jesús Murillo, explicó que ahora sí tiene “elementos” para hacerse cargo del asunto, y argumentó que hasta ahora no había pruebas suficientes de los vínculos de Abarca con el crimen organizado.
Los estudiantes de Ayotzinapa estaban enfrentados con Abarca y Pineda, a los que habían acusado públicamente de las muertes de 2013, por las que habían protestado.
Desde el 26 de setiembre se encontraron varias fosas comunes en Iguala. Contenían 28 cuerpos calcinados y desmembrados que están siendo analizados por técnicos y forenses de México y Argentina.
El director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, dijo que esta semana deberían estar listos esos resultados. Por lo menos 34 personas están tras las rejas por el caso, entre ellas 22 policías municipales. De acuerdo con Murillo, los últimos cuatro detenidos por esta causa declararon que en algunas de las fosas se encuentran los “cuerpos de los estudiantes asesinados”.
Sigue la lucha
Familiares y compañeros de los desaparecidos se niegan a creer que hayan sido asesinados. Ayer, profesores, estudiantes y familiares participaron en una manifestación para protestar por la lentitud de las investigaciones y exigir que aparezcan con vida. Unos 600 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la que estudiaban los 43 desaparecidos, rodearon junto a otros manifestantes la sede del gobierno del estado de Guerrero.
Por otro lado, varios maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero ocuparon el edificio del Parlamento local, en reclamo de una reunión con los diputados para hablar de lo ocurrido. La protesta terminó con enfrentamientos con la Policía. Además, según informó la agencia de noticias Efe, en el estado de Michoacán otros estudiantes de magisterio ocupan 23 ómnibus privados desde el jueves, con el objetivo de viajar a Guerrero y apoyar a sus pares. Desde que se dieron a conocer estos hechos hubo varias manifestaciones de repudio.
