Una operación policial desplegada en Madrid, Valencia, Murcia y León incluyó 259 allanamientos y la detención de 51 personas, entre ellas varios alcaldes y otros funcionarios. Son sospechosos de participar en una estructura de corrupción que adjudicó obras públicas por más de 300 millones de dólares a cambio de coimas.
La investigación del caso comenzó en enero, cuando las autoridades de Suiza comunicaron a las españolas sus sospechas de que dos personas con cuentas en ese país estaban blanqueando fondos. Una era un empresario, David Marjaliza, y otra era Francisco Granados, ex vicepresidente de la región de Madrid y número dos de la presidenta de esa comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, del gobernante Partido Popular (PP). En febrero, Granados renunció a su cargo de diputado regional y admitió que en los años 90 tuvo una cuenta en Suiza con un millón y medio de euros.
Por la notoriedad de este dirigente, las acciones de ayer de la Guardia Civil, dispuestas por un juez de la Audiencia Nacional, se organizaron con el nombre de Operación Púnica, en una referencia al nombre científico del árbol de la granada, Punica granatum, informó la prensa española.
Además de Granados y varios empresarios fueron detenidos seis alcaldes de la región de Madrid, el presidente de la Diputación Provincial de León y otros funcionarios. La mayoría son del PP, pero entre los alcaldes se cuentan también uno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y otro que pertenece a la minoritaria Unión Democrática Madrileña. Según informó la prensa española, el PP y el PSOE suspendieron a sus militantes detenidos.
La Fiscalía Anticorrupción concluyó que esta trama, que incluye intermediarios y diversas sociedades comerciales, estaba “infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías” y contaba con la “connivencia” de ediles, funcionarios y empresarios. Según informó el diario madrileño El País, algunos de los funcionarios involucrados en estas maniobras aprovechaban que su vida política se estaba por terminar y se permitían lucrar con estas prácticas. A los detenidos se los acusa de malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
Este caso surgió cuando están en marcha otras investigaciones por delitos económicos que involucran a políticos en España. Un caso es el del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y sus cuentas en el exterior, con las que pudo evadir al fisco. Otra apunta a la supuesta contabilidad paralela del PP y llevó a la cárcel a su ex tesorero Luis Bárcenas. En el marco de esta investigación, se conoció el viernes un informe de Hacienda según el cual el PP pagó las obras de la planta baja de su sede en 2006, a un costo de casi un millón de dólares, con “fondos ajenos al circuito económico legal”. ■