El Grupo de los 20, más conocido como G20, está integrado por la Unión Europea, el Grupo de los 7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia), Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía. En la cumbre que se celebra este fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane, otros actores van a aprovechar para defender sus reivindicaciones. Hay cumbres paralelas, como la del Business 20, que reúne a las empresas; el Labour 20 (L20), de los sindicatos; y el Civil Society 20, de las organizaciones de la sociedad civil.

Empresas y sindicatos reclamaron al unísono a los líderes que impulsen políticas en pos del crecimiento de la economía, uno de los objetivos anunciados de la cumbre. Sin embargo, la directora general de Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió ayer que el objetivo de crecimiento económico que tiene el G20 para los próximos cinco años no va a alcanzar para crear “todos los empleos necesarios” para mejorar la salud económica de los países de este foro, que representan 85% de la riqueza mundial.

El objetivo anunciado por la cumbre es aumentar en los próximos cinco años su Producto Interno Bruto 1,8% por encima de lo previsto gracias a una serie de reformas, y en particular con incentivos para que las empresas privadas inviertan en infraestructura.

Pero los sindicatos advirtieron ayer, mediante el L20, que para lograr un crecimiento “inclusivo” hay que mejorar la inversión pública y aumentar los salarios y la seguridad del empleo. Argumentan que la mayoría de las políticas del G20 no servirán para mejorar las condiciones de los trabajadores. La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow, dijo que “los gobiernos dan prioridad a las políticas que apoyan los intereses de las grandes empresas y no abordan el problema de la desigualdad y del aumento del desempleo”.

Por otro lado, el L20 señaló que coincide con el objetivo que se fijó la cumbre de obligar a las empresas multinacionales a pagar impuestos en el país en el que obtienen sus beneficios económicos. Ese tema es una de las prioridades del país organizador, Australia. Un colectivo de periodistas de investigación accedió y facilitó a diversos medios del mundo documentos según los cuales Luxemburgo estableció un sistema que favorece los montajes fiscales para que las empresas transnacionales paguen menos impuestos. El propio presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Junker, admitió el miércoles que es “políticamente responsable” de las prácticas de su país, aunque destacó que éstas no eran ilegales.

El ministro de Finanzas de Australia, Joe Hockey, cuyo país está a cargo de definir los temas a tratar, dijo que la crisis del ébola y el cambio climático también serán parte de las discusiones, aunque enfatizó que “ningún asunto deberá distraer a los líderes de su compromiso de lograr la meta de crecimiento económico y del empleo”.

El ébola es un asunto que busca destacar Estados Unidos. Se prevé que solicite al FMI que condone 100 millones de dólares de la deuda de Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona, los países más afectados por ese virus. Tanto el FMI como el Banco Mundial han señalado el impacto económico que tiene esa enfermedad.

Otro objetivo estadounidense, según el Departamento de Estado, es mejorar su relación con Brasil gracias a un encuentro previsto entre los presidentes Barack Obama y Dilma Rousseff. Brasil, que se distanció de Washington a raíz del escándalo por el espionaje estadounidense a instituciones y empresas brasileñas, piensa aprovechar esta cumbre para asentar su liderazgo internacional y quizá para servir de ejemplo. “De las 20 naciones que conforman el grupo, 17 tienen déficit fiscal, y Brasil no, por lo que estamos en una mejor situación”, dijo Rousseff en una conferencia de prensa que ofreció ayer en Catar. En tanto, Argentina, que será representada por su ministro de Economía, Axel Kicillof, debido a la convalecencia de la presidenta Cristina Fernández, volverá a plantear ante el mundo su conflicto con los fondos de inversión especulativa, tenedores de parte de su deuda.