En una entrevista que publicó ayer el diario argentino Página 12, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, dijo que la conducta de Bonadío “es claramente de golpismo institucional”. Además lo consideró “uno de los jueces más cuestionados de la Justicia federal” y recordó que tiene “nueve expedientes de destitución” en el Consejo de la Magistratura, la institución a cargo de nombrar y controlar a los magistrados.
El funcionario aseguró que el juez dispone medidas en contra del gobierno cada vez que el Consejo de la Magistratura debe reunirse para tratar algún caso que lo involucra: “Hay tres hechos concretos que muestran cómo opera Bonadío: el 20 de marzo lo citamos por mal desempeño en las causas Tandanor y Yoma, y ese día envió a juicio oral a [Guillermo] Moreno [ex secretario de Comercio Interior] por el delito de abuso de autoridad de funcionario público]; el 7 de agosto lo citamos por [otra causa] y al día siguiente procesó al vicepresidente [Amado Boudou, por irregularidades en la documentación de un vehículo]; y este jueves, mientras se conformaba el nuevo Consejo de la Magistratura, allanó la IGJ y Hotesur; si una cosa no tiene nada que ver con la otra...”.
El secretario de Justicia dijo que Bonadío es “alguien que utiliza las causas para extorsionar y hacer política” y que “él mismo se adjudica públicamente ser un militante del Frente Renovador y habla de los cargos que aceptaría en caso de que Sergio Massa llegara a la presidencia”. Además, recordó que en 2005 el magistrado mató a dos personas que quisieron robarle. “Es un tipo violento”, dijo
También el senador kirchnerista Aníbal Fernández criticó a Bonadío: “No se hace en ningún país del mundo allanar una empresa del presidente de la Nación. Es una estupidez. Se pide el balance y la composición del directorio, se presentan y a los tres días lo tiene resuelto”. Se preguntó “¿cuál es la documentación o la complicación tan severa que hay?”
El diario La Nación, que está enfrentado con el gobierno, asegura desde el año pasado que la firma incurrió en “graves” irregularidades y que éstas fueron confirmadas en los allanamientos. Entre ellas, señala que la empresa de Fernández no presentó sus balances en tiempo y forma y no informó de su cambio de sede. A esto suma que la IGJ no actuó en consecuencia.
La diputada opositora Margarita Stolbizer fue la que denunció este caso, en el que acusa a altos funcionarios de gobierno (y a la propia presidenta) de “abuso de poder”. Además, la legisladora señaló que el hotel Calafate podría ser un alojamiento “fantasma” usado por la familia de Fernández para lavar dinero junto al empresario Lázaro Báez, investigado por la Justicia.
En respuesta
La empresa Hotesur emitió ayer un comunicado en el que acusó a “medios claramente opositores al gobierno” de publicar notas “en forma maliciosa, sistemática y coordinada” entre ellos. El texto afirma además que la oposición partidaria, “por extraña casualidad”, formula sus denuncias ante Bonadío.
El comunicado explica que Hotesur cumplió “todas sus obligaciones impositivas” y que está “en un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable ante IGJ de los períodos 2011, 2012 y 2013”, pero aclara que esa documentación fue presentada en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos. “Por ende, no hay una maniobra de ocultamiento de nuestra situación económica y financiera”, agrega.
También aclaró el comunicado que está en proceso la formalización del traslado de la sede de la empresa, de Buenos Aires a Santa Cruz, y agregó que “resulta absurdo que fallas formales en los procesos administrativos legales de inscripción del cambio de domicilio de una sociedad, dentro del propio país, la quieran transformar en materia de sospechas y de denuncias”.
Afirmó que una demora en este trámite tiene como castigo máximo una multa de 3.000 pesos argentinos y que es una “actitud desmedida de un juez federal” disponer dos allanamientos “por este supuesto incumplimiento”. Según el comunicado, esto confirma la existencia de “una operación mediática-judicial con la infaltable complicidad de sectores de la oposición partidaria y vaya a saber con qué otra apoyatura externa, contra la presidenta y sus hijos”.