Esta convocatoria había sido formulada después de que el TC suspendiera una primera iniciativa de consulta popular, establecida en un decreto por el gobierno catalán. Al igual que en ese caso, el TC no se pronunció acerca del tema de fondo -si Cataluña puede o no realizar una consulta de este tipo- sino que simplemente aceptó tramitar un recurso contra la convocatoria que presentó el gobierno de España, lo que tiene como efecto inmediato la suspensión. En el recurso más reciente de los presentados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se pidió que la sentencia recordara a Mas que debe cumplir con los fallos del TC, pero eso no fue incluido en la sentencia de ayer.
Esta nueva suspensión alcanza no sólo la realización de la consulta, sino también sus preparativos y su campaña. El gobierno catalán obedeció a la sentencia anterior y propuso esta consulta alternativa, que básicamente cambiaba en lo formal pero no en el contenido. Después de que se conociera la decisión de ayer, varios dirigentes de todo el espectro político catalán manifestaron su postura. El portavoz del Partido Socialista Catalán, Maurici Lucena, y el del Partido Popular, Enric Millo, pidieron a la Generalitat que cumpliera con la resolución, mientras que el partido conservador Ciutadans pidió a Mas que “asuma su fracaso” y convoque a elecciones anticipadas.
También se pronunció sobre el tema Josep Ramón Bosch, el presidente de la Societat Civil Catalana, una plataforma de personas de varios partidos que se oponen a la celebración del referéndum. Bosch exigió que se respete el fallo del TC y pidió a los Mossos d’Esquadra que “hagan cumplir la ley”.
Por otra parte, la Asamblea Nacional Catalana pidió al gobierno de Mas que continúe con la consulta, pese al fallo del TC. Lo mismo hicieron dos formaciones soberanistas: la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que calificó al fallo de “previsible”, y la Iniciativa per Catalunya Verds.
Adelantándose a la decisión del TC, Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, el principal socio de Convèrgencia i Unió en el gobierno catalán, dijo el lunes que Mas tenía que ser “indiferente” ante un fallo judicial “que está instrumentalizado por el gobierno español”.
La Generalitat se pronunció unas horas después de que se conociera el fallo por medio de su portavoz, Francesc Homs, y dijo que no lo obedecerá. “Mantenemos el proceso participativo”, dijo Homs, antes de agregar que “todo está a punto” para la consulta. “El gobierno de Cataluña nunca hará nada que vaya en contra de la libertad de expresión de los ciudadanos de Cataluña”, agregó.
Homs explicó que la Generalitat considera que no se está haciendo un referéndum soberanista, como dice Madrid, sino una manifestación ciudadana que se refleja en una votación simbólica sin ningún tipo de validez, cuyo resultado no es vinculante. Tampoco era vinculante la primera consulta que se propuso. “Si no hacemos lo que creen que estamos haciendo, ¿qué es lo que debemos dejar de hacer?”, preguntó Homs.
En la misma conferencia de prensa, Homs anunció que el gobierno catalán presentará ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Ejecutivo de Madrid para proteger derechos fundamentales, en concreto los de participación, libertad de expresión y libertad ideológica, sin dar más detalles.