Mas tuvo ayer palabras dedicadas al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Le pidió que “escuche el clamor de Cataluña” y reclamó para los catalanes la posibilidad de “decidir de manera legal y pactada cuál es el futuro” de su país. El presidente catalán ha sostenido en estos días que la consulta informal debe ser un primer paso hacia una votación definitiva, “un referéndum legal” sobre el estatus de Cataluña. “Nos lo hemos ganado”, dijo ayer, después de votar.
Fuentes del gobierno dijeron al diario madrileño El País que Rajoy espera que a partir de hoy se abra un período de negociaciones. Antes de la votación de ayer, el gobernante rechazaba la posibilidad de cambiar las condiciones de Cataluña si no se renunciaba a la consulta popular, pero se insinúa que ahora sí se podría abrir esa discusión. Esquerra Republicana per Catalunya, partido aliado de Mas en el gobierno, rechaza estas negociaciones y exige que se convoquen unas elecciones que hagan las veces de referéndum independentista, en las que tendrían todas las de ganar.
Tanto Rajoy como Mas restaron importancia a las denuncias presentadas ante la Justicia por los partidos Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Plataforma per Catalunya contra el presidente catalán y algunos de los miembros de su Ejecutivo por el delito de desobediencia. La denuncia señala que el Tribunal Constitucional español suspendió la consulta (a instancias de recursos presentados por el Estado) y que por lo tanto ésta no debería realizarse. Como medidas cautelares proponían que las urnas fueran retiradas y que se cerraran los locales públicos que se utilizaron para la votación. UpyD y Plataforma per Catalunya presentaron cinco denuncias en distintos juzgados españoles, y un denunciante particular presentó una sexta.
Los distintos jueces han considerado que las medidas solicitadas “no guardan proporcionalidad, y no aparecen en este momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción”, según se lee en una de las sentencias. Aun así, se aceptó la denuncia a trámite y se solicitó a los Mossos d’Esquadra que elaboren informes sobre la jornada y que identifiquen a los responsables. Ante estas investigaciones, Mas dijo públicamente: “Si la Fiscalía busca un responsable, soy yo”. Sin embargo, la preparación de la jornada cayó en manos de las organizaciones sociales Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural después de que la votación fuera suspendida por el Constitucional, lo que impidió que la organizara la Generalitat.
Camino a seguir
La presidenta de la ANC, Carme Forcadell, opinó que el simple hecho de que se abrieran las urnas para votar fue “un éxito” y alertó que la participación no puede ser considerada un indicador de la aceptación que tuvo la votación. “Ésta no es una consulta normal, no es la que habíamos querido”, explicó. Forcadell también se refirió a las denuncias y aseguró que en España “no hay separación de poderes y lo que están haciendo es usar los tribunales en contra del proceso”.
La consulta se celebró sin mayores problemas. Entre los incidentes menores que hubo, se cuenta que un grupo de entre seis y ocho encapuchados fueron arrestados después de intentar romper una urna en uno de los centros de votación. Además, uno de los lugares en los que se podría votar, L’Hospitalet de Llobregat, no abrió sus puertas porque su directora no dio las llaves a los voluntarios.
Donde tampoco se pudo votar fue en la localidad de Pontons, cuyo alcalde es Lluís Fernando Caldentey, del Partido Popular, que se opone al referéndum. Caldentey ordenó que ninguno de los edificios municipales fueran cedidos para permitir la votación. Un grupo de personas de este pueblo organizó una serie de viajes que trasladaban a quienes querían votar hasta un pueblo vecino. Entre quienes hacían el viaje, el reclamo no era tanto de independencia como de democracia directa, y de que fuera el pueblo el que decidiera cuándo y cómo quiere votar.
Al cierre de las urnas, la Generalitat informó que participaron en la consulta casi dos millones de personas de las 5.4 millones que estaban habilitadas para votar. Estos datos no se consideran oficiales porque no hubo participación formal de las autoridades del gobierno o de la Justicia electoral.