El presidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene desde 2012 una lujosa mansión en la que vive con su esposa, la ex actriz Angélica Rivera. Está situada en uno de los barrios más exclusivos de la capital y su valor estimado es de siete millones de dólares. Según reveló el programa Aristegui noticias, de CNN México, la titular de ese inmueble es una empresa mexicana asociada al grupo chino que ganó una licitación para construir una línea de tren de alta velocidad entre Ciudad de México y el centro industrial de la ciudad de Querétaro. El gobierno anuló la licitación el 6 de noviembre, tres días después de haber anunciado la adjudicación, y dos días después de que saltara el escándalo de la mansión.

Según CNN, el consorcio liderado por China fue el único postor para el proyecto de tren que debe recorrer más de 200 kilómetros. Otras multinacionales del rubro, como la alemana Siemens, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom y la japonesa Mitsubishi, no se presentaron. Empresarios dijeron a los medios mexicanos que el plazo para presentar una propuesta había sido muy corto.

Antes, la oposición había acusado a tres empresas mexicanas (Prodemex, Constructora Teya y GHP Infraestructura Mexicana) asociadas con la constructora China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) de mantener vínculos con el gobierno que las favorecieron.

Javier Corral, senador del opositor Partido Acción Nacional, consideró “necesario saber si los ganadores de la licitación habían recibido información privilegiada”. Agregó: “De ser así, se amañó un proyecto multimillonario con el fin de privilegiar a uno de los competidores, y los demás contendientes, conscientes de ello, se retiraron”.

La empresa Constructora Teya está liderada por Juan Armando Hinojosa, amigo de Peña Nieto, y además integra el grupo Higa, que tiene contratos públicos con el Estado y también con la administración de uno de los estados del país, México, desde que el presidente fue su gobernador, de 2005 a 2011.

El ministro de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que “todo fue legal”, y se trató de “una decisión soberana del gobierno de China, la de asociarse con las empresas mexicanas”.

El 8 de noviembre se publicó la información sobre la mansión del presidente, que está a nombre de la inmobiliaria Ingeniería Inmobiliaria del Centro, del grupo Higa. El vocero presidencial respondió que Rivera, la primera dama, contrató a la inmobiliaria para comprar la propiedad en su nombre, que ella está pagando y que cuando termine de hacerlo “la parte vendedora otorgará la escritura pública” a su favor. “[Ella] es económicamente solvente y contaba con recursos suficientes para adquirir estos inmuebles. La larga carrera profesional de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su patrimonio personal”, aseguró, en referencia a la carrera de actriz de la esposa del presidente.

Todo esto ocurre en un momento en que el Ejecutivo enfrenta una fuerte movilización social por la desaparición y el probable asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.

Corral había dicho al respecto: “Hay una bomba de tiempo, porque hay una exigencia social que reprocha la impunidad, la colusión entre delincuentes y la autoridad, como para adicionarle procesos de licitación enderezados a favorecer a amigos, a personeros o a empresas cercanas al partido en el gobierno o al presidente de la República”.

En el fondo del asunto están las dudas que genera la declaración de patrimonio de Peña Nieto presentada en 2012, cuando asumió, donde aparecen varias propiedades “donadas” y el mandatario no convenció cuando aseguró que no es millonario. El sábado Peña Nieto anunció que esta semana su vocero ampliará la información sobre este asunto, y calificó las acusaciones en su contra de “aseveraciones imprecisas y carentes de sustento”.