Un proyecto de ley y una norma que ya fue aprobada, ambos impulsados por la bancada del Partido Popular (PP), que gobierna España, fueron criticados por la oposición y organizaciones civiles que consideran que vulneran distintos derechos y libertades. La norma cuestionada es la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue aprobada en noviembre. El Congreso la aprobó en una versión “suavizada”, pero aun así despierta críticas.
Entre otras cosas, el proyecto autoriza la devolución inmediata de inmigrantes a sus países de origen y el endurecimiento de las penas para quienes sean condenados por el delito de insultar a policías. Esa ley establece además que sean considerados infracciones los escraches, los grafitis, la difusión de imágenes de policías y la solicitud de servicios de prostitución en las proximidades de zonas destinadas a los niños.
La oposición opina que estas acciones no deben ser consideradas infracciones, que suelen ser penadas con multas que van de 601 a 30.000 euros. También pide que se aprueben medidas para garantizar que se aplique la prohibición de identificar a sospechosos de delitos a partir de perfiles étnicos y restringir los cacheos policiales.
Entre quienes cuestionan la ley se encuentra el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que envió al gobierno de Mariano Rajoy una serie de preguntas sobre cómo esta norma afectaría el “derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión”. Desde la oposición, tanto el Partido Socialista Obrero Español como Izquierda Plural y las formaciones nacionalistas han calificado al proyecto como “represivo” y lo han denominado “ley mordaza”.
Las principales críticas a esta ley, cuya aplicación se prevé para enero, se dirigen a las medidas que limitan las movilizaciones populares y la libertad de expresión. La ley sancionará con multas las manifestaciones que no cuenten con permiso previo o que hayan sido prohibidas y que se realicen en instalaciones en las que se prestan “servicios básicos”. También dispone multas para quienes difundan imágenes de los policías, actúen con desobediencia pacífica a la autoridad, no finalicen una manifestación cuando la Policía ordene que lo hagan, obstaculicen un desalojo o protesten ante el Congreso. Contra este proyecto la plataforma “No somos delito” convocó una protesta que fue multitudinaria, el sábado, y que incluyó actividades en 32 ciudades.
Por otra parte, el proyecto de ley que cuestiona la oposición y que impulsa en forma exclusiva el PP es la reforma del Código Penal que, entre otras cosas, incluye una serie de limitaciones para el uso de internet. Se ilegalizan las páginas web de las que se pueden realizar descargas, como Seriespepito o Magnovideo, que hasta ahora son consideradas ilegales en la medida en que violen los derechos de autor, pero no están específicamente ilegalizadas.
También se disponen medidas contra las acciones de hackers. Se ilegaliza la entrega de contraseñas y la difusión de programas o herramientas para ese tipo de actividad. Además, se endurecen los castigos para quienes adopten medidas para hacer “inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos”, y se introducen penas a quienes obstaculicen, interrumpan “el funcionamiento de un sistema informático ajeno” o “hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una administración pública”.