El jefe de Gabinete argentino y vicepresidente del Partido Justicialista (PJ), Jorge Capitanich, anunció ayer en su rueda de prensa que esa organización política expresará un “apoyo claro, contundente e indubitable” a la presidenta Cristina Fernández. Ese anuncio busca acallar versiones de la prensa opositora que destacaron que en un congreso del PJ bonaerense no se habló del caso judicial que involucra a la empresa Hotesur, de la que Fernández es accionista, algo que fue interpretado como una falta de respaldo a la jefa de Estado.
A pedido del juez Bonadío, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina entregó las declaraciones juradas de impuestos de Fernández y sus dos hijos, Florencia y Máximo Kirchner, en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en la gestión de la empresa Hotesur. Además, el magistrado recibió las declaraciones presentadas por Néstor Kirchner en los dos años anteriores a su muerte, que ocurrió en octubre de 2010, y las declaraciones del empresario Lázaro Báez, que según la diputada opositora Margarita Stolbizer, que denunció a Hotesur, está vinculado con la firma.
Según Stolbizer, diputada del partido GEN (Generación para un Encuentro Nacional), el hotel de lujo Alto Calafate era usado por Fernández y Kirchner para hacer negocios irregulares con Báez. Denunció que Fernández y otros altos cargos del gobierno, entre ellos el ministro de Justicia, Julio Alak, violaron los deberes de funcionario público y abusaron de su autoridad en la gestión de la empresa. Según asegura el diario argentino La Nación, Hotesur se comprometió a alquilar casi 1.000 de sus habitaciones a Báez durante dos años, aunque no las usara. “Los hoteles lujosos y vacíos son para lavar dinero”, acusó Stolbizer la semana pasada, y pidió investigar “qué es lo que hay detrás de la relación entre Lázaro Báez y la presidenta”.
La legisladora aclaró que denunció irregularidades en la empresa y la inacción de la Inspección General de Justicia (IGJ), pero que en ningún momento quiso atacar directamente a Fernández. Hotesur adeuda balances contables y la declaración jurada ante la IGJ, a cargo de controlar a las sociedades comerciales, y según la opositora, esta inspección estatal se convirtió “en una cueva de encubridores” porque no señaló esas irregularidades. También dijo que “Suiza tiene bloqueadas” cuentas de Báez “con más de 20 millones de dólares que podrían ser desbloqueadas por la falta de cooperación de la Argentina”.
El secretario de Justicia del gobierno, Julio Álvarez, que acusa a Bonadío de usar sus causas de forma “extorsiva”, pidió al Consejo de la Magistratura que se abra un juicio político contra el magistrado por mal desempeño, por lo que el juez acumula ahora diez denuncias en su contra en ese órgano.
Hotesur y el gobierno niegan las irregularidades y acusan al juez y a la oposición de atacarlos como vía alternativa para ganar las elecciones. En tanto, funcionarios judiciales y opositores aseguran que el oficialismo pretende controlar a la Justicia para lograr impunidad.
En respuesta
Un senador oficialista, Marcelo Fuentes, presentó una denuncia contra Bonadío por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presidenta había denunciado poco antes por Twitter que Bonadío tiene 20% del capital accionario de una empresa de venta de combustible que no presentó los balances por los ejercicios de 2012 y 2013, “igualito que Hotesur”. La denuncia en contra de Bonadío se basa en que la ley no le permite a un juez tener actividades lucrativas o de comercio sin autorización.
Además, un particular, Santiago Mansilla, denunció a Stolbizer por enriquecimiento ilícito. Según el referente del partido GEN Gerardo Milman, que no dio detalles de la denuncia, ésta está vinculada con el caso que investiga Bonadío. “Es una conducta adolescente por parte del gobierno de tratar de embarrar al denunciante y al juez, ya que ella [Stolbizer] no eligió al juez, que cayó por sorteo”, de acuerdo a Mansilla. Hotesur había destacado que las denuncias contra el gobierno suelen caer en manos de Bonadío.
A esa denuncia contra la diputada opositora se sumó otra más, contra una de sus asesoras, la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, que denunció en televisión irregularidades de Hotesur y fue citada por el juez Bonadío a dar más detalles. Otra persona que no es conocida públicamente, Andrea García, fue la que denunció a la asesora por supuesto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio, debido a que no había dicho que trabajaba para Stolbizer.
La legisladora advirtió el domingo que si le pasa algo a su asesora, responsabilizará a Presidencia. “Hay que estar atentos. De las denuncias a la acción, en manos de esta gente, hay un pequeño paso. [Luis] D’Elía no está solo y nadie lo ha frenado”, dijo, en referencia a las palabras del dirigente piquetero, que había llamado a poner “simbólicamente” en una pica la cabeza de Bonadío.