El Congreso español logró, sólo con votos oficialistas, en contra de toda la oposición, que se mantuviera el proyecto de ley que prohíbe el aborto y que se aprobara una ley que limita la posibilidad de juzgar en España crímenes contra la humanidad cometidos fuera del país.
Fue rechazada la moción, impulsada por el Partido Socialista Obrero Español, de frenar el proyecto de ley del gobernante Partido Popular (PP) que restablece la prohibición del aborto y deja atrás la ley de 2010 que lo despenaliza durante las primeras 14 semanas de gestación.
Ayer, 183 legisladores votaron en contra de retirar la reforma de la ley de aborto, 151 a favor y seis se abstuvieron. Como el procedimiento implicaba un voto secreto, se especulaba con que el PP (que mostró discrepancias internas sobre el tema) pudiera votar dividido, pero no fue el caso, y la ley que deroga la de 2010 será sometida a votación en los próximos meses.
El oficialismo tampoco se dividió a la hora de votar otra ley polémica: la que limita el alcance de la justicia universal en el país. Ésta fue aprobada con 179 votos a favor y 163 en contra, sin abstenciones. Hubo unidad en la oposición en contra de la norma. Quienes critican esa iniciativa entienden que los nuevos requisitos para poder juzgar crímenes ocurridos fuera del país -entre ellos, que el autor del delito debe ser español o residir en España- podrían terminar con varios procesos abiertos. Es el caso del genocidio en el Tíbet, por el que se pidió el arresto de dirigentes chinos -lo que generó problemas con Pekín-, y las causas por asesinato de españoles en el exterior, en Irak por ejemplo, pero también en dictaduras de América Latina.