La visibilidad del carácter brutal de la represión stronista aumentó en los últimos años del régimen, cuando a medida que los países de la región iban retornando a la democracia algunos grupos paraguayos se manifestaron para lograr el mismo objetivo. Los principales pilares del régimen -algunos sectores del Partido Colorado, la Iglesia Católica y los militares- comenzaron a distanciarse del gobierno de Alfredo Stroessner hasta que, hace hoy 25 años, su mano derecha y consuegro, Andrés Rodríguez, lo derrocó mediante un golpe de Estado.
Stroessner fue detenido y enviado a Brasil, donde moriría en 2006 a los 93 años, y Rodríguez dio inicio a la apertura democrática.
Pasaron 25 años, pero en comparación con los demás países de la región Paraguay está varios pasos atrás en cuanto a justicia y reparación, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos. En estos últimos días varios especialistas entrevistados en medios paraguayos han planteado posibles motivos de esto. Entre ellos, destacan que el golpe de Rodríguez no marcó un regreso a la democracia porque antes de Stroessner tampoco existía un sistema democrático, y que hubo una continuidad del Partido Colorado en el poder -del que salió recién en 2008, cuando asumió Fernando Lugo-, que implicó la persistencia de algunas prácticas represivas, además de que entre los colorados hay sectores que siguen apoyando al stronismo. Algunas de las principales figuras de esos sectores son el nieto de Stroessner, Alfredo, quien reivindica abiertamente el gobierno de su abuelo; Cristóbal Sánchez, actual funcionario de la represa Itaipú que fue juez durante la dictadura; y Darío Filártiga, que fue secretario de Sabino Augusto Montanaro (ministro del Interior de Stroessner desde 1966 hasta el fin del régimen) y actualmente es asesor del presidente Horacio Cartes.
De hecho, tanto Montanaro como el nieto del dictador son honrados en el coloradismo: ocupan, respectivamente, la vicepresidencia y la presidencia honoraria del partido. Justamente a mediados de enero Martín Almada, quien sufrió torturas durante el régimen de Stroessner y tras publicar los “Archivos del terror” se ha convertido en portavoz de las víctimas, pidió en una carta abierta a la presidenta del Partido Colorado, Lilian Samaniego, que se les retiren esos cargos.
Tanto Almada como otras víctimas reclaman justicia -con el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional- y hoy la buscan en los tribunales argentinos mediante una denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada en octubre, recurriendo a la jurisdicción universal. El documento final de la Comisión de Verdad y Justicia paraguaya, presentado en 2008, informa de los casos comprobados de 425 ejecutados o desaparecidos y de casi 20.000 detenidos durante la dictadura, la mayoría de ellos víctima de torturas.
La búsqueda de los restos de desaparecidos continúa pero muy lentamente, trancada frecuentemente por la falta de recursos económicos o de voluntad política.