Los ministerios chilenos se dividen en grandes áreas administradas por subsecretarios. A principios de febrero, Claudia Peirano renunció a ocupar uno de esos cargos en el Ministerio de Educación. La semana pasada la siguieron otros dos: el de Bienes Nacionales, Miguel Moreno, del Partido Radical, y el de Agricultura, Hugo Lara, de la Democracia Cristiana.

Peirano había renunciado porque en el pasado argumentó públicamente que era imposible una educación gratuita y por acusaciones de que se había beneficiado personalmente del lucro de una institución educativa, dos asuntos que para los dirigentes estudiantiles no eran aceptables. Ante la ola de cuestionamientos públicos, a principios de febrero decidió no integrar el gobierno entrante. En su lugar asumirá Valentina Quiroga, encargada de educación en el programa de gobierno de Bachelet durante la campaña electoral de la coalición ganadora de las elecciones, Nueva Mayoría.

Los casos de Lara y Moreno demoraron más en resolverse. Sobre Lara, que es profesor de historia y geografía, los medios chilenos revelaron que tenía una causa judicial pendiente desde octubre, porque una empresa que representa incumplió un contrato. Desde su partido, la Democracia Cristiana, se argumentó que su implicación en la causa era sólo como representante legal de una empresa, por lo que su comportamiento personal no estaba en juicio.

El diputado Faud Chain -que es presidente suplente de esa organización política- dijo a la radio chilena Cooperativa que ése era “un tema [...] totalmente resuelto” y que Lara “no tendría ningún problema para asumir” el cargo. Sin embargo, días después, el 10 de febrero, el portal Emol reveló que la compañía que había demandado por “estafa” y “apropiación indebida” al subsecretario designado pidió que se cerrara la acción judicial porque había llegado a un acuerdo con él. El medio chileno publicó que el acuerdo financiero para retirar la denuncia consistió en el pago de 120 millones de pesos chilenos [unos 222.000 dólares] y que el trato se había alcanzado el 5 de febrero, un día después de que se hiciera pública la causa.

Sin pudor

Por esos días, varios medios chilenos consiguieron documentos de una causa judicial de 2011 en la que Moreno, vicepresidente del Partido Radical, de 62 años, fue acusado de “ofensa al pudor”. Una mujer de unos 35 años “descendía de un vagón del metro en la estación Baquedano -ubicada en la intersección de las avenidas Providencia y Vicuña Mackenna [de Santiago de Chile]-, cuando se aproximó a ella el imputado Miguel Moreno García, quien procedió a tocar, con sus manos, los glúteos de la mujer, ofendiendo, de esta manera, el pudor, con sus acciones deshonestas”, se lee en el expediente.

El juez condenó a Moreno que reconoció los hechos- a una multa “como autor de la falta de ofensas al pudor”, pero decidió dejar la pena en suspenso porque no tenía antecedentes y para “evitar su estigmatización”, según citó el semanario chileno The Clinic. Por lo tanto, al cumplirse el plazo establecido fue sobreseído en julio de 2012.

El secretario general del Partido Radical, Ernesto Velasco, dijo que al proponer a Moreno para el cargo se aplicó el principio de presunción de inocencia. “Creemos en la buena fe de Miguel Moreno, creemos en su honorabilidad”, dijo a CNN Chile, antes de agregar que “los partidos no tienen otro mecanismo para chequear a las personas más allá de la buena fe”.

En 2008, cuando ejercía su primer mandato como presidenta, Bachelet había dicho: “En estos días han hecho mención al degradante trato que han recibido algunas mujeres por hostigamiento y manoseos en el metro, producto de las aglomeraciones. Es algo sobre lo que hay que actuar a fondo, enfrentarlo y resolverlo. He dado las instrucciones necesarias para prevenir estos comportamientos y para sancionar severamente a quienes cometen estos abusos”. Teniendo en cuenta esta postura de la presidenta electa, que además dirigió ONU Mujeres hasta el año pasado, organizaciones feministas cuestionaron la elección del dirigente como subsecretario de Bienes Nacionales. Argumentaron que él mismo había reconocido que era responsable y que había sido declarado culpable.

“Nos parece repudiable cualquier abuso. [...] Los agresores de mujeres no deberían ocupar cargos públicos. Sería un pésimo ejemplo si [Moreno] siguiera [designado en ese puesto]”, dijo Lorena Astudillo,, del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile, . La ministra saliente del Servicio Nacional de la Mujer, Loreto Seguel, integrante de la derechista Unión Demócrata Independiente, publicó en Twitter: “El compromiso de las autoridades, con respecto a la dignidad y respeto a la mujer, debe ser categórico. Sin dejar espacios para la duda”.

“Las señales deben ser claras, asertivas y no ambiguas. Si se deja al subsecretario con este historial es una mala señal de lo que va a ser el gobierno de Bachelet en materia de mujer”, dijo Paula Santana, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien reclamó que no se esperara a que él renunciara.

Sin embargo, según se informó, fueron Moreno y Lara los que presentaron sus renuncias, que Bachelet aceptó antes de que su vocero Álvaro Elizalde anunciara quiénes los iban a reemplazar: el veterinario Claudio Ternicier, en Agricultura, y Jorge Maldonado, en Bienes Nacionales.

Tema pendiente

Luego de la renuncia de Moreno y Lara, llamó la atención que no quedara por el camino también la designación como subsecretaria de Fuerzas Armadas de Carolina Echeverría, integrante del Partido por la Democracia e hija de un coronel retirado, Víctor Echeverría. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, éste se desempeñó como capitán a cargo del Regimiento de Infantería conocido como “Buin”, que funcionó como centro de detención y tortura en el barrio Recoleta de Santiago. Días antes de que se conociera la renuncia de los dos subsecretarios, el 22 de febrero, el gobierno entrante desmintió la noticia que circulaba acerca de la renuncia de Carolina Echeverría a su cargo en el gabinete de Bachelet.

Varias víctimas de la dictadura relataron a medios chilenos abusos que ellas o sus familiares sufrieron por parte del padre de Echeverría, y denunciaron además que cometió “abusos culposos”, es decir, violencia sexual. “Él me detuvo” y “él mismo también me interrogó”, dijo la escritora Mónica Echeverría, que describió al coronel retirado como un hombre “cruel, que no sólo torturó, sino que también violó”.

El nombramiento de Echeverría generó un debate, ya que la persona cuestionada no es ella, sino su padre. “En este dilema creo que los hijos deben saber también y conocer del pasado de sus padres”, agregó la escritora. Consideró “increíble” que la futura subsecretaria “no sepa, no haya intuido, no haya buscado qué es lo que era su padre, que era capitán en el Regimiento Buin y que es culpable de detenciones, de muertes, de tortura, de violaciones y hoy en día está libre”.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos también condenaron su nombramiento. “Nos parece una mala decisión, sin duda no nos deja conformes, y es una mala señal para lo que viene. Hay que degradar a los genocidas, y espero que la señora Echeverría esté dispuesta a degradarlos, entre ellos, a su padre”, dijo a la radio chilena Cooperativa la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex candidata a diputada por Nueva Mayoría, Lorena Pizarro.

El futuro ministro de Defensa, Jorge Burgos, defendió sin embargo a Echeverría y aseguró que ella tiene un “compromiso con el reproche absoluto a la violación de los derechos humanos”. Admitió que “la denuncia es fuerte” pero consideró complejo pedirle “que tenga que hacer una declaración que establezca un reproche a su padre”. Además dijo que Echeverría “conoce la historia de su padre” y que él supone que ella cree en su inocencia. “Nadie puede hacer un impedimento a una persona porque el padre está acusado [...] y en un Estado de derecho, quienes determinan las responsabilidades penales son los tribunales, no los denunciantes”, concluyó en referencia a que el militar retirado no fue condenado hasta ahora y sólo fue citado a declarar una vez ante la Justicia.

A esta posición pareció responder el sacerdote jesuita José Aldunate, cofundador en los años 80 del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo: “La pregunta es si es congruente que la hija de un padre torturador, que se sabe que lo es, aunque no se haya demostrado jurídicamente, ocupe un cargo como el que está destinado” a Echeverría. “Yo creo que ella debe dar un paso al lado nomás, no creo que pueda asumir un cargo”, agregó.

A los cuestionamientos por su padre, se suman las críticas a Echeverría por su propia gestión como subsecretaria de Marina durante el primer gobierno de Bachelet. Según la Asociación de Marinos Exonerados, que fueron víctimas de la dictadura, ella “durmió” sus solicitudes para poder cobrar sus jubilaciones y les pidió, además, que retiraran sus denuncias judiciales en contra de militares acusados de violación de los derechos humanos a cambio de darles curso a sus solicitudes jubilatorias. De acuerdo a la agencia de noticias DPA, defensores de los derechos humanos y personalidades chilenas preparan un acto en repudio a la designación de Echeverría, pero no se informó para qué fecha se convocará.