Al inicio de la reunión con algunos cancilleres de la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur), Maduro anunció que el gobierno capturó a tres oficiales que orquestaban un levantamiento en las Fuerzas Armadas. Eran “tres generales que pretendían alzar a la Fuerza Aérea contra el gobierno legítimamente constituido”, dijo el presidente, antes de agregar que se comenzó a investigarlos porque oficiales jóvenes recurrieron a las autoridades “alarmados, a denunciar que se los estaba convocando a un golpe de Estado”.

Maduro hizo estas declaraciones ante los cancilleres de la Unasur que viajaron a Caracas a petición de su gobierno para “acompañar, apoyar y asesorar” al Ejecutivo en el proceso de diálogo que lanzó la semana pasada, en el que la oposición no quiso participar. Los cancilleres llegaron sólo para mantener reuniones con el gobierno, pero los de Paraguay y Colombia, Eladio Loizaga y María Ángela Holguín, pidieron que la agenda se amplíe. “Tiene que ser más amplia para tomar contacto con todos los sectores políticos y sociales”, argumentó Loizaga.

Por su parte, el canciller ecuatoriano ya había advertido: “No podemos ir allá a hacer lo que se nos dé la gana, a meternos en cualquier sitio, a conversar con quien sea. No podemos hacer eso porque estamos atendiendo un pedido de Venezuela”. Los cancilleres ya recibieron pedidos de reunión por parte de legisladores de la Conferencia Episcopal Venezolana y de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.

En otro ámbito internacional, en la sesión del viernes del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Panamá hizo gestiones para que la diputada opositora María Corina Machado hablara ante el pleno de esa organización. Finalmente, ella habló como representante alterna de Panamá ante la OEA y esto le valió perder su banca.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, le retiró su condición de diputada a Machado, argumentando que la Constitución establece que los integrantes de la Asamblea Nacional “no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura”. Legisladores de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, a la que pertenece Machado, anunciaron que presentarán un recurso ante la Justicia contra esa decisión, “en amparo de los derechos de los ciudadanos” que votaron a Machado.

Números en verde

Mientras el terreno político continúa caldeado, el gobierno tomó nuevas medidas para atender la situación económica y la escasez, dos de las motivaciones del comienzo de las protestas estudiantiles en febrero. El lunes se inauguró un tercer tipo de cambio oficial que se aplica al dólar, moneda que en Venezuela sólo puede obtenerse con autorización del gobierno.

El primer tipo de cambio oficial cotiza un dólar a 6,30 bolívares y se destina a productos y servicios de primera necesidad. El segundo es el Sicad I, que se introdujo a principios de año y funciona con convocatorias del gobierno a demandantes de dólares, para subastar cada semana una determinada cantidad de divisas a un precio que fluctúa; la última fue de 11,8 bolívares por dólar. El nuevo sistema incluye varios cambios, como la inclusión entre los ofertantes de dólares de Petróleos de Venezuela (la principal fuente de divisas del país) y de los privados que deseen participar; se mantiene el control del Banco Central de Venezuela sobre el precio del dólar, aunque se acepta que haya una fluctuación propia del balance entre oferta y demanda.

Rafael Ramírez, vicepresidente para el área económica, dijo que entre los principales objetivos del Sicad está el de eliminar el mercado paralelo, en el que los dólares valían la semana pasada entre 60 y 70 bolívares. Otro objetivo es que una mayor cantidad de dólares en el mercado permita frenar el desabastecimiento, que muchos proveedores de distintos productos atribuyen a la falta de divisas.

Desde su entrada en vigencia, el Sicad II operó con una cotización del dólar que rondó los 52 bolívares, informó el Banco Central de Venezuela, muy lejos de la primera cotización oficial, de 6,3 bolívares. Varios analistas -incluso algunos de tendencia oficialista- han señalado que como en este nuevo sistema no se fija un cambio oficial sino que se deja libre a oferta y demanda, se puede ver claramente la devaluación que sufre el bolívar, al establecer que es con 52 bolívares que se puede comprar un dólar y no con 6,3.

Estas medidas parecen no haber sido suficientes para la calificadora de riesgo Fitch, que ayer bajó la nota de la deuda venezolana de B+ a B. Pese a la rebaja, Fitch concluyó en su análisis que la implementación del Sicad II puede aliviar “la depreciación promedio” del bolívar, pero no despeja las dudas sobre la “eficiencia y credibilidad” de los sistemas cambiarios.