Ayer se celebró una nueva Conferencia de Paz, la segunda que convoca el gobierno de Nicolás Maduro. También es la segunda a la que la oposición decidió no asistir porque considera el llamado un gesto vacío, que sólo serviría para engañar a la población y la mirada internacional sobre Venezuela.
Pese a las dificultades para que ambas partes se sienten en la misma mesa, se pueden ver algunas coincidencias en los discursos: los llamados a la no violencia -en las manifestaciones, por ejemplo- y el rechazo a las guarimbas, que han ganado críticas desde todos los sectores. Las guarimbas son acciones fugaces realizadas usualmente en zonas residenciales, convocadas por medio de las redes sociales. Se juntan un montón de basura, muebles viejos, madera, escombros o distintos objetos, y se les prende fuego; de esta manera, se corta una calle. Una vez causado el daño, las personas huyen, se encuentren en un punto cercano, y hacen otra guarimba, y así sucesivamente.
Ahora las guarimbas son tan numerosas que varios medios se han dedicado a publicar notas con recomendaciones para que los usuarios informen de ellas en las redes sociales, y así se eviten congestiones de tráfico y accidentes.
Una curiosidad: en su origen, el término guarimba designaba el refugio en un lugar seguro por parte de grupos que enfrentaban la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1953); fue recuperado en 1996 por Hugo Chávez, cuando llamó a la oposición a enguarimbarse (algo así como “atrincherarse”) contra el gobierno.
A fines de febrero, Maduro aseguró que las guarimbas dejaron 50 muertos, de forma directa o indirecta, como en el caso de personas que, debido a las calles cortadas, no llegaron a recibir atención médica a tiempo. Además, el gobierno alerta que, al dificultar la circulación por las calles, las guarimbas están colaborando con el desabastecimiento de varias ciudades.
Varios dirigentes opositores han criticado las guarimbas, porque consideran que no son una medida de protesta constructiva, mucho menos pacífica. Ayer, se sumaron a este llamado cuatro alcaldes opositores que gobiernan cuatro de los cinco municipios de Caracas, que, según el gobierno nacional, no cumplen con su obligación de mantener libres las vías de irculación.
Números en rojo
De las 23 muertes en eventos vinculados a las protestas que se desarrollan desde el 12 de febrero, 11 tienen relación con las guarimbas. Cinco de esas muertes fueron accidentales: dos motociclistas fueron degollados por cables que se disponen cruzando la calle junto con las guarimbas, otros dos resbalaron en el aceite que se esparce en los costados para evitar el paso de vehículos, y un quinto impactó directamente contra una guarimba ya apagada, de noche. Un sexto caso fue el del fiscal Julio González, que murió al chocar contra un árbol cuando intentaba evitar una guarimba que estaba mal iluminada.
Un sargento de la Guardia Nacional murió de un disparo luego de intentar detener a unos jóvenes que armaban una guarimba en Carabobo. Otro falleció junto con un mototaxista cuando entre ambos intentaban liberar una calle retirando los restos de una guarimba. “Les dispararon desde un edificio. Fue un francotirador”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Maduro afirmó: “Eso no es ningún movimiento estudiantil; esos grupos de guarimberos son unos vándalos”. Otras dos personas murieron por disparos mientras desarmaban guarimbas: una mujer chilena la primera extranjera que muere producto de la violencia vinculada a las protestas-, el domingo, en Mérida, y Arturo Alexis Martínez, hermano del diputado chavista Francisco Martínez, el 20 de febrero, en Barquisimeto.
La décimosegunda muerte vinculada a las guarimbas ocurrió cuando un vecino, al parecer molesto por el bloqueo de la calle, se dirigió a un grupo de jóvenes que encendía una pila de basura; al no recibir respuesta, apuñaló a uno de ellos.
Las distintas fuerzas de seguridad venezolanas fueron responsabilizadas de cinco de las 23 muertes en estos días. A fines de febrero, la fiscal general, Luisa Ortega, informó que nueve miembros de las fuerzas de seguridad habían sido detenidos y estaban siendo indagados. Tres agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) fueron vinculados a dos de las primeras muertes: la del estudiante Bassil Alejandro da Costa Frías y la de Juan Montoya, líder de un colectivo chavista, ambas el 12 de febrero. La muerte de Da Costa fue filmada por los manifestantes; allí surgieron pruebas que vinculaban a los efectivos del Sebin. El propio Maduro indicó días después que Montoya había sido asesinado con la misma arma con la que se mató a Da Costa.
Otros tres agentes gubernamentales, en este caso de la Guardia Nacional, policía militarizada, están siendo indagados por dos muertes ocurridas por agresiones durante las manifestaciones del 19 de febrero. José Alejandro Márquez murió por una golpiza y Geraldine Moreno por un disparo de perdigones en la cara.
Por último, se investiga a dos integrantes de la Policía de Chacao por la muerte de Asdrúbal Rodríguez, un joven de 26 años que no estudiaba y que, aunque no participaba en las manifestaciones, fue detenido el 19 de febrero cerca de una protesta por parte de esta unidad, dependiente de la municipalidad. Rodríguez apareció muerto al día siguiente con una herida de bala. El alcalde de Chacao, el opositor Ramón Muchacho, puso a disposición del Ministerio Público a los dos efectivos que lo detuvieron.
Además, en las protestas del 12 de febrero murieron Roberto Remman, de 31 años, y Génesis Carmona, Miss Turismo Carabobo 2013. La oposición atribuye a los colectivos estas dos muertes y la de Daniel Tinoco, un estudiante de 24 años que murió el lunes cuando estaba en un punto de vigilia de universitarios. Estos grupos han generado mucha polémica en Venezuela en las últimas semanas. El oficialismo los define como colectivos de trabajadores bolivarianos dispuestos a “ayudar al pueblo”. Maduro les pidió que colaboraran con la Guardia Nacional y el Ejército en apagar las guarimbas. Por su parte, la oposición los define como una especie de milicia armada por el gobierno para defenderlo; asegura que el llamado de Maduro busca que ataquen a quienes organizan las guarimbas.
A estas muertes se suman otras dos, de las que no hay demasiados datos: la de un joven que murió de un balazo durante una noche de saqueos y la de un estudiante atropellado por un auto que intentaba pasar pese a la protesta.
La situación que vive Venezuela lleva incluso a que en muchos casos los medios locales informen sin verificar la información. Por ejemplo, en el caso de Jimmy Vargas, de 34 años, que falleció el 24 de febrero en San Cristóbal, los medios venezolanos informaron, citando fuentes médicas no identificadas, que había muerto porque un efectivo de la Guardia Nacional le había disparado perdigones en la cara. Luego reprodujeron un video en el que la madre de Vargas decía: “Maduro y su entorno fueron los que me lo mataron”. Sin embargo, otro video, dado a conocer pocas horas después por CNN, muestra que Vargas huía de la Guardia Nacional -a la que había intentado prohibir el acceso al edificio donde vivía-, y que cuando intentaba bajar de una edificación se resbaló y cayó de una altura de dos pisos.