Durante 1998, en los cuarteles de la Oficina de Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Crimen (ONUDC), los diplomáticos planetarios se felicitaron por el llamado Consenso de Viena. Una estrategia para “eliminar” o “reducir considerablemente” el uso, el tráfico y la producción de drogas de tráfico ilícito en 10 años. La quimera se prorrogó otros diez años porque el objetivo era muy ambicioso.

Las consecuencias del apretón de manos fueron desiguales para los países. Pero hubo una constante global: el consumo, el abuso, la producción y el trapicheo de drogas aumentaron en casi todo el mundo. Donde los indicadores disminuyeron, como en el caso de la coca colombiana, los cultivos se trasladaron a otros países. Perú se convirtió en el abastecedor de coca número uno y los grupos criminales colombianos se fragmentaron en Centroamérica para dejar la cocaína en la puerta estadounidense. Se forjó entonces una alianza entre narcotraficantes con pandillas y paramilitares. Los muertos se multiplicaron junto con la corrupción estatal y la privada.

La declaración del gobierno colombiano de ayer en el Examen de Alto Nivel del 57º Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU fue elocuente: “Con la autoridad moral que nos otorga haber honrado este compromiso durante décadas, hacemos un llamado a que se analicen formas más eficaces de lograr objetivos, en el marco de la autonomía de los Estados y en el reconocimiento de la pluralidad de las manifestaciones del problema mundial de las drogas”.

Los países del sur se quejan. Los del norte no hacen tantos esfuerzos para frenar la demanda como ellos la oferta. Los muertos los ponemos nosotros, dijo hace dos años el director de la Policía colombiana, José León Riaño, cuando Washington y Colorado votaron la más irrestricta liberación de la marihuana comercial que el mundo conozca.

El escenario hoy

Ayer Viena encontró un bloque de países como Uruguay, Ecuador, México, Guatemala, Colombia, algunos caribeños y otros europeos hablando firmemente del respeto a los derechos humanos y de sacar al usuario problemático de drogas de las manos del aparato de seguridad y colocarlo en el ámbito de la salud pública.

El Grupo de Estados de América Latina y El Caribe acordó. Pese a la guerra contra las drogas, “las acciones que se han emprendido en la región y a nivel global no han sido suficientes para combatir este problema. Los desafíos parecen cada vez mayores y demandan, entre otros, una mejor comprensión de la naturaleza económica que subyace y anima el tráfico ilícito de drogas, a fin de fortalecer la respuesta de los Estados”, indicó una declaración del grupo.

Europa está dividida. El bloque sólo pudo acordar pedir la eliminación de la pena de muerte por tráfico que está vigente en varios países, sobre todo asiáticos, entre ellos China. Estados Unidos ahora es el hermano mayor que ayer peleaba y hoy tolera porque no tiene más remedio. El mes pasado habilitó a los bancos de su país a recibir por la legal el dinero de tiendas y cultivadores en los 18 estados cuyos doctores recomiendan marihuana. Todo ello unos días después que la Reserva Federal (FED) multara al banco HSBC por lavar dinero del narcotráfico mexicano.

Rusia, Egipto, China, Canadá y Perú, principalmente, insisten en poner el acento en el fusil. En la mesa de Alto Nivel hay tensión, conflicto y falta de acuerdo de los países que exponen sus puntos de vista de cara a la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas especial para el tema drogas de 2016, donde se cortará el bacalao y se deberán evaluar los resultados de la cruzada contra las drogas para definir algo que podría ser lo mismo o no.

En su discurso, Yuri Fedotov, director de ONUDC, bregó por primera vez para no criminalizar a los usuarios y tratar el tema del consumo como uno de salud pública.

Desde Viena, Coletta Youngers, del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas -que nuclea a decenas de organizaciones de la sociedad civil del mundo- dijo a la diaria que “la importancia de esta reunión es que el debate y la falta de acuerdo muestran que el Consenso de Viena está roto. Hay una demanda más fuerte de algunos países para considerar políticas alternativas, y en este escenario las instancias internacionales deberían abrir un debate abierto y transparente”, analizó.

Todo cambia

Uruguay es la vedette en el mundo de las reformas de las políticas de drogas. Ahora, activistas, políticos liberales y progresistas comenzaron a hablar de regulación del mercado de drogas. En la declaración que leyó el prosecretario de la Presidencia uruguaya, Diego Cánepa, advirtió: “no creemos, ni queremos, ser modelo para nadie”. Pero la verdad es que desde la izquierdista Syriza en Grecia hasta el socialdemócrata PRD mexicano quieren imitar de alguna manera el experimento de José Mujica.

La delegación uruguaya, también integrada por el embajador Milton Romani y el responsable de la Secretaría Nacional de Drogas, Julio Calzada, buscó justificar la ley 17.192 aprobada en diciembre pasado, que reguló el mercado de marihuana. La reglamentación está siendo objeto de estudio por el Poder Ejecutivo y un grupo de trabajo conformado por actores políticos y sociales. Se estima que el decreto reglamentario de la ley se conocerá a mediados de abril y ahí trascenderán todos los detalles de la implementación de la innovación legislativa.

En Viena, el gobierno uruguayo opinó que “todas las sustancias psicoactivas deben ser de circulación regulada, y su regulación debe estar relacionada con su toxicidad, con los riesgos que implican para la salud y el riesgo que su uso puede implicar para terceros, con la cultura, los desarrollos institucionales y legales de los países”.

Los uruguayos en Viena también reivindicaron la importancia de la resolución (51/12) de 2008 propiciada por Suiza, Argentina, Bolivia, Uruguay y la Unión Europea para integrar los pactos internacionales de Derechos Humanos en la fiscalización de drogas. Para la representación uruguaya, los Derechos Humanos, “la flexibilidad y la tolerancia en materia política nos podrán orientar en el camino de quebrar la espiral de violencia a la que nos han llevado las políticas de drogas en los últimos 50 años, permitiéndonos diseñar e implementar políticas más humanas, más respetuosas de la salud y de la vida de los ciudadanos que hoy habitamos este planeta”. Eso es lo que parecen pensar cada vez más países. En 2016 se verá el resultado internacional de estas deliberaciones en Naciones Unidas.