-Renunciaron tres subsecretarios designados para asumir el martes en Chile, junto a Bachelet, pero la designación de Echeverría sigue firme. ¿Cómo evalúa eso?
-Los procesos de designación a cargos públicos siempre generan opiniones a favor y en contra. A veces los partidos que los proponen o las propias personas designadas no ponen en evidencia los antecedentes; se inhiben de entregar información que deberían entregar cuando aceptan asumir funciones públicas. El caso de Carolina Echeverría es distinto y es paradójico. Lo quiero decir como familiar de víctima de la represión, porque la conozco, porque la conocí como subsecretaria de la Marina hace ocho años, cuando asumió un cargo de gobierno [2006-2010]. En esta ocasión, cuando se le ha vuelto a proponer participar en el sector de la defensa nacional, han salido voces cuestionando su nombramiento que no habían salido antes. Se trata de personas que han sufrido un dolor y, con toda la legitimidad, dicen que el padre de esta mujer -a pesar de que nunca ha habido acciones legales en contra de él- fue torturador y violentó a muchas personas. Ése es el cuadro en el que se está, y eso se ha sumado a un debate en Chile, donde seguimos particularmente sensibles a los temas de derechos humanos. A diferencia de otros países, en el nuestro existe un sector que no renuncia al amor a la verdad, la justicia y la reparación.
-¿Entonces qué hay que hacer? ¿Cree que Echeverría debería renunciar?
-La decisión es de ella y de su partido [el Partido por la Democracia]. Yo no me siento en condiciones de decir si debe o no debe, porque es una discusión íntima. Existe un dicho popular: “Uno elige a los amigos pero no necesariamente a la familia”. Yo creo que depende de ella un pronunciamiento para delimitar su aproximación a la vida, a la política y a la cosa pública. Es un dilema complejo entre las convicciones y su familia, pero debe pronunciarse.
Momento de hablar
“Mire, yo tengo dos cosas claras en este momento: una, que amo a mi padre; y dos, que creo en la justicia como un valor fundamental de la sociedad”, dijo Carolina Echeverría en una entrevista publicada por el diario La Segunda. La designada integrante del gabinete de Bachelet condenó el golpe de Estado y sus consecuencias pero defendió a su padre. Dijo que él colaboró con la Justicia “cada vez que ha sido requerido” y que “no ha sido sujeto de ningún tipo de condena judicial”. También se defendió a sí misma: “Creo que no es bueno que ningún hijo en Chile cargue con responsabilidades ni privilegios que correspondan a sus padres”. Varios medios chilenos recogieron el rechazo que sus palabras generaron en dirigentes políticos y en familiares de víctimas de la dictadura, y del coronel Víctor Echeverría en particular. Según informó el periódico The Clinic, una de estas víctimas, el abogado Roberto Celedón, presentará hoy una querella contra el militar retirado por delitos de tortura.
-¿Cómo explica que en el anterior gobierno de Bachelet el tema no haya surgido?
-Es paradójico porque ya fue subsecretaria y las personas afectadas nunca dijeron nada. Quizá se deba a que estas personas, que son conocidas y respetadas en la sociedad chilena, nunca la asociaron con su padre [el coronel Víctor Echeverría]. Nadie cuestiona su denuncia, creo que es muy importante decirlo: éstas no son denuncias en el aire, a pesar de que nunca se formalizaron en los tribunales. Yo creo que frente a la duda, este silencio no es positivo. No lo es tampoco frente a una sociedad que votó un programa de gobierno, que ha cuestionado mucho el poder y la consistencia en la política entre lo que se dice, lo que se hace y el cómo y quién lo hace.
-En el caso de Echeverría hay una cuestión a delimitar: ¿hasta qué punto uno es responsable de los actos de sus padres? Usted bien puede responder a esto, como hijo de una personalidad emblemática.
-Cierto. Yo creo que no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha hecho su padre, creo profundamente que uno no elige su familia. Tengo una compañera de partido que es hija de un general del Ejército que colaboró con la dictadura de Pinochet y con el que ella no habla. Conozco esos dilemas. En el caso de Carolina, yo no sabía que su padre era militar. Son esas historias de las que uno se va enterando, y eso no cambia mi opinión sobre su persona.
-¿Cree que ella debería salir a condenar lo que hizo su padre?
-Hay una línea ética en la cosa pública que debe ser muy nítida. Nadie está obligado a ocupar el espacio público. Ella no lo ocupa en representación propia, lo hace en representación de una coalición, de su partido, que tiene un relato, una historia, un significado. El tema de los derechos humanos es básico, es fundacional en esta coalición.
-Además, se le hacen cuestionamientos respecto de su gestión como subsecretaria de Marina en el primer gobierno de Bachelet [se la acusa de pedir a militares que retiraran sus denuncias sobre delitos de la dictadura].
-Conozco esa versión y conozco la situación. Creo que eso se ha planteado en un contexto que se entiende en Chile, un país muy legalista. No quiero salir a ser su defensor, no es mi rol y no me corresponde. Pero antes de la dictadura, antes del golpe del 11 de setiembre, hubo un grupo de personas vinculadas a la Armada que era pro Allende y cuyos miembros fueron detenidos y exonerados de su institución. Cuando volvimos a la democracia y surgió la ley que establece actos de reparación a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos, ésta siempre fue más compleja para quienes vestían uniforme y sufrieron esas vejaciones: soldados detenidos, detenidos desaparecidos, miembros de la Fuerza Aérea asesinados, [el general Alberto] Bachelet [padre de la presidenta electa] que murió producto de las torturas. Los hubo. A las instituciones les costó, les molestó, entender que debían reparar a personas que vistieron el uniforme. Había juicios en curso en contra del Estado chileno por casos de personas detenidas y privadas de sus derechos incluso antes del golpe. Ella emitió una opinión -no conozco el contexto- para hacer posible que esos ex marinos recibieran una compensación del Estado.
-¿Por eso les recomendó a los marinos que retiraran sus denuncias contra el Estado, para recibir la compensación?
-Sí, porque el Estado, no sólo en esta materia sino en cualquiera, no puede dar un beneficio de reparación a alguien que aún está en pleito. La alternativa era esperar a que terminara el juicio para que se les entregara la reparación y ella les planteó que si querían que se les diera la reparación, de acuerdo a la ley, no se podía mientras hubiera un juicio. Su objetivo era ayudar a que se reconociera la reparación; ése es el matiz.
-¿Qué espera del próximo gobierno de Bachelet? En el primero quedaron muchas cosas en el debe. ¿Por qué se resolverían ahora?
-Una de las cosas que la comunidad internacional a veces no entiende de la realidad chilena es que en Chile no hay consenso constitucional. Aunque se dice que es una democracia, y así lo queremos sentir, uno de sus ingredientes básicos no está presente: el gobierno de las mayorías. Tenemos un orden institucional que permite que la minoría que impuso un orden durante la dictadura [se refiere al partido Unión Demócrata Independiente, que apoyó a Pinochet], pueda vetar cambios. El gran desafío de la presidenta Bachelet, cuyo programa hoy es muy distinto al otro ciclo político, es proponer un programa de transformaciones estructurales para luchar contra la desigualdad y el abuso que surgen, justamente, del hecho de que en Chile no mandan las mayorías. Por primera vez desde que recuperamos la democracia, la coalición gobernante, la Nueva Mayoría, tendrá mayoría en el Parlamento para cambiar muchos arreglos constitucionales heredados de la dictadura.