En la ciudad argentina de Rosario -y también en Córdoba-, fueron detenidos a fines del año pasado el jefe de la Policía y el jefe de la sección antidrogas, acusados de encubrir y proteger narcotraficantes. En la capital de la provincia de Santa Fe está en curso un juicio contra la banda local de narcotraficantes llamada Los Monos, que ha crecido en los últimos diez años. De los 36 imputados, diez son policías.

En esa ciudad, que es la tercera más poblada de Argentina, y que no llega al millón de habitantes, el domicilio del gobernador socialista, Antonio Bonfatti, fue baleado en octubre. Por ese caso, dos meses después, fueron detenidas cuatro personas, entres ellas dos policías.

Desde que empezó el año hasta marzo, en Rosario ya se habían contabilizado 160 homicidios, y en 2013 se registraron 264. La tasa de homicidios es de 22 cada 100.000 habitantes, la más alta de Argentina, cuatro veces superior al promedio nacional, una cifra que algunos comparan con los niveles de inseguridad de la ciudad colombiana de Medellín, que en marzo se situaban en 28,5 cada 100.000 habitantes.

Poco se sabía de lo que estaba pasando en Rosario hasta que el tema comenzó a convertirse en un problema cotidiano para los habitantes de esa ciudad (en particular por los tiroteos que de vez en cuando dejan víctimas de balas perdidas) y pasó a ocupar las portadas de los diarios nacionales, porque ya es un problema social. Ahora, con los operativos en contra de los altos mandos de la Policía vinculados al tráfico de drogas, y el megaoperativo que realizaron en conjunto el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y el de Bonfatti hace una semana, quedó claro que ya nadie ignora el problema y que las autoridades provinciales, nacionales y también judiciales están decididas a hacer algo.

La pregunta es cómo y por qué se llegó a la situación actual. Quizá se pueda apelar a factores históricos para explicarlo. A principios del siglo XX, la presencia de organizaciones delictivas llevó a que en algunos ámbitos se llamara a Rosario “La Chicago argentina”, en referencia a la ciudad estadounidense en la que se hiciera fuerte la mafia italiana.

Sin embargo, el asunto no es tan fácil. Desde que Argentina salió de la crisis de 2002, la situación social y económica mejoró, el desempleo en la industria y la construcción bajó muchísimo y Rosario se convirtió en una ciudad en constante crecimiento económico, mostrada como ejemplo en el resto de Argentina. A tal punto que Hermes Binner, que gobernó la provincia de 2007 a 2011, basó en 2011 su campaña en busca de la presidencia en su gestión en Santa Fe. No resultó electo, pero convirtió entonces a la alianza que integra su Partido Socialista en la segunda fuerza electoral del país.

Rosario, cuya intendencia está en manos socialistas desde 1995 (Binner fue intendente de 1995 a 2003 y ahora el cargo está ocupado por Mónica Fein), aplicó programas de infraestructura y vivienda, a los que se sumaron otros provinciales y nacionales, con el objetivo de dar un techo digno a los más necesitados.

Sin embargo, el narcotráfico y el crimen organizado crecieron. Un elemento que tiene que ver con este crecimiento es que en Rosario coinciden carreteras con conexiones internacionales hacia Bolivia y Paraguay, y que la ciudad cuenta con varios puertos privados en la orilla del río Paraná, indispensables para exportar la droga al exterior. A esto se suma que la producción importantísima de soja en la provincia y su exportación generaron grandes capitales que terminaron creando una burbuja inmobiliaria y, por ende, un terreno ideal para el lavado de dinero.

La ciudad de los búnkers

Al leer notas de prensa sobre el narcotráfico en Rosario, uno se topa inevitablemente con la palabra “búnker”. Así les llaman a pequeñas construcciones que crecen como hongos en los suburbios de la ciudad. Se trata de lo que en Uruguay llamaríamos bocas, pero que llegaron a un punto mucho mayor de sofisticación. Esos pequeños espacios tienen puertitas y apenas una ventanilla -o algo similar- que sirve para recibir el dinero y entregar a cambio la droga. Allí pasan horas jóvenes llamados “soldaditos”, en general menores de 16 años (porque no son imputables). Los narcos los dejan encerrados hasta que los “liberan” luego de recuperar lo que no vendieron y la plata. Esos “búnkers” funcionan noche y día, y los jóvenes reciben un sueldo fijo por encargarse de la venta. A veces son contratados también como asesinos a sueldo. Fue en las zonas donde crecen esos búnkers que se desarrolló el megaoperativo de la semana pasada, un paso más en la política contra el narcotráfico en la ciudad, que los gobiernos provincial y nacional parecen ahora decididos a lanzar, quizá apremiados por la amplitud que cobró el fenómeno. En paralelo, ese mismo día, fueron destituidos siete integrantes -entre ellos el jefe- de la Policía Judicial, meses después de que cayeran el jefe de la Policía y el jefe de la sección antidrogas.

El narcotráfico se convirtió en tema de debate político en febrero. Entonces, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó: “Argentina era un país de tránsito, y ahora es un país de consumo, y lo más grave es que también es un país de 
elaboración”.

Entonces, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que hace una semana encabezó el megaoperativo en Rosario, lo contradijo: “En la Argentina no se produce droga, más allá de aquellas plantas de marihuana que algunos consumidores puedan tener en su casa”. Agregó que “es imposible que se produzca [coca] en la Argentina porque las condiciones de altitud y clima no dan para el crecimiento de esta planta”. Pero una cosa es la producción de planta de coca y otra la de cocaína.

Berni hizo esas declaraciones después de la operación “Flíper”, realizada en Rosario y en la que se hicieron 11 allanamientos. El principal fue en una casa en un country, que permitió terminar con lo que se considera la principal cocina de drogas de Argentina, donde se incautaron 300 kilos de cocaína, 2.000 litros de precursores, más de 20 vehículos, y se detuvo a 14 personas en setiembre. Más tarde se encontraron varias propiedades a nombre de integrantes de esa banda, liderada por Delfín David Zacarías, que ahora está detenido junto a su mujer y sus dos hijos, también acusados de haber participado en el negocio de las drogas. De acuerdo al ex jefe de la Policía Metropolitana Eugenio Burzaco, la usina de Delfín tenía capacidad para producir una tonelada de cocaína por año.

Luego siguieron varios operativos contra narcotraficantes y policías. Varios de ellos debilitaron a Los Monos en febrero, aunque sigue prófugo su supuesto líder, Ramón Monchi Cantero Machuca, luego de que su antecesor fuera asesinado en un ajuste de cuentas. Ahora, con el megaoperativo -para el que se trabajó durante meses y se simuló un congreso de medio ambiente para evitar despertar sospechas- de acuerdo con el diario argentino Página 12, comenzó una tercera etapa, que apunta a recuperar los territorios tomados por el crimen organizado. En ese sentido es que se dispuso que unos 2.000 agentes de las fuerzas federales permanecieran en los barrios intervenidos por lo menos durante tres meses. En paralelo, se están capacitando fuerzas especiales provinciales que no dependerán de los mandos policiales sino del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de “politizar” la lucha contra el narcotráfico.

Trabajo político

Llegar a esta situación implicó un largo proceso. Los actores cercanos al gobierno de Fernández tienden a acusar desde hace tiempo a las autoridades de Santa Fe (y también a las de Córdoba) de haberse desentendido de la lucha contra las drogas, descansándose en la acción policial. Estiman que al dejarle demasiada autonomía a la Policía, generaron espacio para que sus cúpulas fueran corrompidas. Sobre este punto se puede decir que terminó ganando el gobierno nacional, ya que las fuerzas provinciales que van a tomar el relevo en las zonas sensibles de Rosario dependerán directamente de autoridades políticas.

Por otro lado, las autoridades socialistas de Santa Fe respondían a las críticas del gobierno central y a las denuncias de corrupción contra la Policía asegurando que se trata de maniobras políticas en su contra. Ahora, con la ayuda brindada por la Casa Rosada, las dos partes parecen haber logrado un entendimiento, que según se pudo ver después del megaoperativo, está en proceso desde hace varios meses. Sin embargo, fue lo suficientemente discreto como para no alertar a nadie que pudiera tener un vínculo con el narcotráfico. El lunes, Binner, que ahora es diputado, valoró el operativo en Rosario como un “alivio”. “Afortunadamente llegó. Si hubiera llegado antes hubiéramos salvado algunas vidas, pero finalmente llegó. Nosotros esperamos que esto continúe”, dijo. El lunes, la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y Berni viajaron a Rosario para supervisar los procedimientos y reunirse con la intendenta.

Más allá del problema agudo de Rosario, que ahora se está enfrentando, el tráfico de drogas está presente en otras partes del país. Es el caso, sobre todo, de la provincias del norte, fronterizas con Bolivia y Paraguay, pero también de Córdoba y Buenos Aires (en noviembre se desmanteló una banda en pleno Belgrano). En marzo, un informe del Departamento de Estado estadounidense alertó sobre el “problema creciente” del narcotráfico en Argentina y su consecuencia en el lavado de activos. Señaló que sigue siendo un “país de tránsito” pero que ahora, además, “hay una creciente producción de cocaína”.

“Lamentablemente, el narcotráfico se instaló en esta década, y esto ha tenido connivencia. Acá hay mucha gente que ha permitido que esto suceda. Somos el país con menor radarización de América Latina”, dijo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Más allá de las implicancias políticas, los expertos coinciden con un punto al que hizo referencia Macri, y es que el espacio aéreo argentino no está totalmente cubierto por control de radares y carece de un protocolo de actuación para cuando se detectan vuelos clandestinos. A esto se suma que hay lagunas en el control de las extensas fronteras que tiene Argentina. No cabe duda: éste será un tema central en la campaña que se viene para las presidenciales de 2015.