Los proveedores mexicanos de internet estarán obligados a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicación en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Así lo disponía el artículo 197 de un proyecto de ley para reglamentar la reforma de las telecomunicaciones -que abarca a los sectores de telefonía fija y móvil, la televisión, la radio y el acceso a internet-. El gobierno mexicano había enviado este proyecto al Congreso con el objetivo de que la ley fuera aprobada antes del 25 de abril.
El plazo se cumplió y era inviable que la iniciativa se aprobara con su texto original. No sólo generó la resistencia de grandes sectores de la oposición -que en cambio sí acompañaron la reforma de las telecomunicaciones de 2013-, sino que además causó un malestar masivo entre los inter- nautas, que lo reflejaron tanto en las redes sociales como en las calles de distintas ciudades de México.
El proyecto fue presentado en nombre del Ejecutivo por el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y miembro del opositor Partido Acción Nacional (PAN), uno de los que integran el Pacto por México, en el que supuestamente se habían acordado las bases del proyecto. Algunos de los senadores del propio PAN y de los otros dos integrantes del Pacto por México -el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el gobernante Partido Revolucionario Internacional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto- sostuvieron que el texto no era lo que habían acordado, sino que reflejaba la voluntad del presidente y de Lozano. Incluso un grupo de senadores del PAN, liderado por Javier Corral, adoptó esta postura, y anunció que rechazaría la ley si ésta se votaba en el pleno.
Las negociaciones en la Comisión de Comunicaciones y Transportes continuaron pero no llegaron a buen puerto, y Lozano aseguró que su texto sería la base del proyecto que fuera al pleno, estuvieran o no de acuerdo los legisladores de su partido y de los otros que integran el Pacto por México. El senador hizo estas afirmaciones la semana pasada, tras un encuentro de la comisión que tuvo como telón de fondo una manifestación de cientos de personas. Los manifestantes aseguraban que la ley no sólo censura internet sino que también beneficia a las grandes empresas, mientras que la reforma de telecomunicaciones, aprobada por unanimidad, buscaba justamente combatir los monopolios en el sector.
Por partes
Los desacuerdos entre las bancadas llevaron a que se retirara el artículo 197, pero permanece el 145, que dice que los proveedores de servicio deben “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios”. Esto incluye la posibilidad de bloquear las redes sociales o directamente el servicio de internet a pedido del usuario o de la “autoridad competente”. Por eso los detractores de la norma, entre ellos Corral, sostienen que la eliminación del artículo 197 es sólo una jugada política, y que en realidad el espíritu de censura y el poder de “apagar” internet sigue en manos del gobierno.
En todo caso, hay una crítica en la que coinciden varios sectores políticos así como decenas de organizaciones como Colectivo Internet Libre para Todos o la Red en Defensa de los Derechos Digitales: la ley es muy vaga en su redacción y está abierta a que un Ejecutivo que quiera imponerse -tal como lo hace el de Peña Nieto, en opinión de algunos de ellos- pueda hacerlo.
El presidente, por su parte, ha asegurado que este proyecto es “clave para impulsar la competitividad” y que las telecomunicaciones “son un insumo estratégico” al que se debe garantizar el acceso “con calidad y tarifas competitivas a nivel internacional”, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
“Muchos puntos quedan abiertos. Poniendo excusas de seguridad nacional o de combate al narco, algunas autoridades pueden aplicar la censura. Los ciudadanos quedamos indefensos en estos casos”, dijo Luis Fernando García, un abogado que integra la Red.
Agregó que las organizaciones civiles consideran que esta norma da permiso al gobierno para “apagar” internet en ciertas condiciones, tal como lo hizo el ex presidente egipcio Hosni Mubarak durante las protestas en su contra en 2011. “Es bajar el interruptor de las comunicaciones para impedir la organización de los manifestantes y la denuncia de violaciones de derechos humanos durante las protestas”, sostuvo el abogado. Varios legisladores del PRD se han mostrado de acuerdo con esta interpretación sobre el poder que la ley brinda al gobierno.
Práctica conocida
En el marco del debate sobre una eventual censura de internet, Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano sobre Regulación, Medios y Convergencia, recordó el caso de la página 1dmx.org. Esta web comenzó a funcionar el 1º de diciembre de 2013 como un ámbito para denunciar con testimonios, fotos y videos los abusos policiales cometidos el 2 de diciembre de 2012 durante las manifestaciones contra el presidente Enrique Peña Nieto, que asumió ese día. Un día después de inaugurada, la web había sido dada de baja por la empresa proveedora del dominio Go Daddy.com, que informó a los gestores que esto se debía a una investigación en su contra. Los gestores se presentaron a la Justicia, la que determinó que el cierre de la página había sido solicitado por una oficina policial que depende de la Secretaría de Gobernación, que es parte del Ejecutivo de Peña Nieto. Hoy 1dmx.org sigue fuera de servicio, pero sus gestores denuncian el caso por medio de la web http://op1d.mx/.
La protesta social que despertó el proyecto de ley -bajo el hashtag #EPNvsInternet (Enrique Peña Nieto versus internet)- causó incluso que Kim Dotcom, el creador de MegaUpload, manifestara su apoyo a los mexicanos, les pidiera que “empiecen” el #InternetParty (Partido de Internet), y les asegurara su financiamiento. El Partido de Internet ya existe en varios países -entre ellos Nueva Zelanda, donde fue creado por el propio Dotcom- y propone, entre otras cosas, un servicio de internet libre y barato, privacidad en la navegación y la creación de una moneda digital.
El ida y vuelta entre los apoyos y los rechazos a la ley llevó a que hoy termine el período legislativo y no se la haya tratado en el pleno. Lozano manifestó que el debate se dará en un período extraordinario en junio. Uno de los dirigentes del PRD, René Bejarano, alertó que el PRI lo fijó para esa fecha porque “se va a saturar el ambiente mediático con el Mundial de fútbol”, que va a “distraer” a la gente, de forma tal que el proyecto “se apruebe sin que la gente esté atenta”.
El mandamás
¿Cuál sería la “autoridad competente”, que se menciona en el artículo 145, que estará a cargo de determinar cuándo se pueden suspender servicios o aplicaciones? Ésa es una de las imprecisiones de la ley. Los detractores de la norma consideran que debilita al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), encargado de supervisar la aplicación de esta norma y de la reforma de telecomunicaciones. En esta última se aprobó un Ifetel autónomo, independiente, con presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo y delegados de ámbitos académicos y sociales.
Con esta ley el Ifetel deja de ser autónomo e independiente en cuanto a su presupuesto, lo que hace dudar sobre cuál será su autonomía respecto del partido que esté en el gobierno. Según algunos legisladores del PRD, el gobierno incluso intentaría agregar el control de contenidos de radio y televisión en la órbita de algún ministerio, retirándoselo al Ifetel.
En esto coincide Reporteros Sin Fronteras, que denunció que la propuesta del gobierno amenaza con “instaurar un sistema de vigilancia mediática” por parte del Estado, que tendrá “un poder de acción sin precedentes”. La organización internacional también alerta sobre “la alteración de la autoridad” del Ifetel, cuyas funciones “pretenden ser reducidas o alojadas nuevamente en el Ejecutivo”, informó la agencia de noticias Efe.
El panorama se hace aun más complicado porque el Ifetel ya aplica una parte de la reforma de telecomunicaciones que está reglamentada. En este marco, determina cuándo una empresa es preponderante sobre las otras de un mismo sector -condición que se establece cuando retiene más de 50% del mercado, ya sea en usuarios, tráfico o capacidad de redes- y debe imponerle obligaciones para restarle fuerza y permitir el ingreso de nuevos competidores.
En abril, cuando la reforma se trataba en el Senado y se celebraba como una victoria contra los monopolios, las grandes empresas de telecomunicaciones -el Grupo Televisa y América Móvil, principalmente- combatían la iniciativa. Ahora le dan la bienvenida.
El senador Corral dijo que esto se debe a que la ley “es contraria a la reforma” y “presenta un desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las televisoras”. Se refería a Grupo Televisa -que domina 70% de la audiencia de televisión por aire y 55% del mercado de televisión por cable- y a TV Azteca. Sin embargo, el Ifetel ya declaró preponderantes a los grupos Televisa y Carso (el grupo de Carlos Slim, que mediante América Móvil domina 70% del mercado de la telefonía móvil y 80% de la fija), por lo cual se les aplicarán obligaciones y restricciones para garantizar la competencia.
Ambas empresas están siguiendo procesos en la Justicia para evitar la denominación de preponderantes, pero también grupos menores de medios e incluso organizaciones sociales están presionando para que se les aplique la nueva norma. En cualquier caso, en el marco de una serie de enfrentamientos empresariales, se prevé que el grupo Carso participe en un llamado para dos nuevas licencias de televisión abierta que el Ifetel convocó días atrás.