La canciller alemana, Angela Merkel, volvió a rechazar la posibilidad de una intervención armada externa en respaldo al gobierno de Ucrania. “Continuaré trabajando para seguir manteniendo buenas relaciones con Rusia”, agregó Merkel, que gobierna un país con una alta dependencia de las importaciones de gas ruso. Según lo que muestran las encuestas, adoptó frente al conflicto en Ucrania la postura más extendida entre la población de su país.

En todo caso, Merkel pidió ayuda al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para conseguir la liberación de los inspectores europeos que los insurgentes pro rusos tienen retenidos en el este de Ucrania, informó el Kremlin. Ayer por de tarde comenzaron las negociaciones con ese fin y fueron liberados dos de los tres oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania que estaban secuestrados.

Mientras Alemania se mantiene en su postura, en Ucrania el presidente interino, Alexándr Turchínov, reconoció que las fuerzas de Kiev “no son capaces de controlar la situación” en las regiones de Donetsk y Lugansk, en las que se concentra una tercera parte de la producción industrial del país. Allí los militantes pro rusos tomaron ayer el control de más edificios públicos. “Algunas unidades [policiales] hacen la vista gorda o colaboran con los terroristas”, dijo Turchínov. En lo que sonó como una rendición en las regiones del este, pidió a las fuerzas de seguridad que redoblaran esfuerzos para “impedir que el terrorismo se extienda a otras regiones”.

A su vez el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para convocar un referéndum sobre la organización territorial del país junto a las elecciones del 25 de mayo. Ésta es, desde el comienzo, una de las reivindicaciones de quienes se manifiestan en el este. Éstos reclaman una mayor autonomía dentro de Ucrania o directamente la independencia. De hecho, los grupos insurgentes han convocado referéndums de características desconocidas para el 11 y 18 de mayo. La propuesta de Kiev fue calificada como una “farsa” por parte de la cancillería rusa.

Por otra parte, el gobierno ucraniano también decretó ayer la reimplantación del servicio militar obligatorio y Turchínov anunció que la primera etapa de reclutamiento se realizará este mismo año en forma urgente, debido a la situación de tensión con Rusia.

Además, la cancillería ucraniana anunció que ordenó la salida del país al agregado naval de la embajada rusa, y lo declaró “persona non grata”, porque fue detenido “in fraganti” cuando recibía de un ucraniano información sobre la colaboración de Ucrania con los países de la OTAN.

El gobierno de Turchínov terminó la jornada de ayer celebrando la obtención de un préstamo de 17.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que le exigió como contrapartida un estricto plan de reformas que incluye aumentos en los impuestos y en las tarifas de los servicios de energía. Una parte de esos fondos será utilizada para pagar la deuda de unos 3.500 millones de dólares a la compañía de gas rusa Gazprom, que amenazó a Ucrania con dejar de enviarle gas si no saldaba su deuda. El FMI advirtió que si Kiev deja de contar con la producción industrial de Donetsk y Lugansk, el plan de reformas deberá ser revisado para que sea aún más estricto.