Para conmemorar sus 50 años las FARC publicaron un video en el que su líder, conocido como Timochenko, saludó “al conjunto del pueblo de Colombia”, reivindicó que el grupo armado se vio obligado a formarse por las circunstancias de aquel año 1964 y se refirió a las elecciones actuales.
Timochenko aseguró que las FARC no son una “fuerza foránea” salida “no sé de dónde”, sino “hijos e hijas de este pueblo” que llevan a Colombia “prendida en el alma”. Se refirió a la existencia en ese país de “millones” de “desplazados y desterrados” y de “centenares de miles” de “asesinados, desaparecidos, torturados, desposeídos, perseguidos y encarcelados”. Dijo que fue “precisamente esa barbarie demencial ejercida en Colombia por la oligarquía liberal conservadora durante décadas la que desbordó en mayo de 1964 la paciencia de los campesinos”, que se vieron en la “terrible encrucijada de transformarse en guerrillas o perecer asesinados por el régimen intolerante”. Concluyó: “Nacimos como consecuencia de una declaración de guerra total por parte de la oligarquía colombiana y la Casa Blanca”.
Por otro lado, en el video de casi 27 minutos, Timochenko mencionó al presidente Juan Manuel Santos, que buscará la reelección en el balotaje del 15 de junio. El líder guerrillero podría hacerle un favor a Santos con sus palabras, al menos ante quienes consideran que el mandatario es demasiado amable con la guerrilla. Timochenko dijo que el presidente llamaba a la paz “como si todos los días no estuviera ordenando intensificar las operaciones militares” en contra de “la insurgencia con la que dialoga en La Habana”.
En una posible referencia al rival electoral de Santos, el uribista Óscar Iván Zuluaga, Timochenko dijo: “Sabemos bien que lo único que espera la oligarquía de nosotros es una entrega humillante”. En este sentido, advirtió que las FARC llevan “50 años de lucha incorruptible” y que cumplirán “los que sean necesarios si la oligarquía insiste de nuevo en impedir la paz”.
Particulares 50
Este mes se llegó a un acuerdo sobre el tercero de los cinco puntos de la agenda en el diálogo que comenzó en 2012 en La Habana. Ayer Santos propuso que los grupos de negociadores de ambas partes se dividan en dos grupos para tratar en simultáneo los últimos dos puntos pendientes de la agenda, referentes a los derechos y el resarcimiento de las víctimas, y a los mecanismos de implementación de los acuerdos alcanzados.
La propuesta “nos ahorraría tiempo y podríamos terminar más pronto”, aseguró Santos en declaraciones a Blu Radio. Los voceros de las FARC en La Habana, que dieron una conferencia ayer por los 50 años, no se refirieron a esa propuesta ni a los resultados electorales. “Cualquier cosa que nosotros digamos puede ser interpretada de diversas formas, por lo tanto no queremos arriesgar opiniones”, indicó el jefe de la delegación, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
Los voceros también indicaron que no tienen la sensación de que el proceso de paz haya quedado en el limbo, pero eso es lo que reflejan los medios colombianos. Ayer se publicaban las declaraciones de uno y otro candidato sobre el futuro del proceso y de los guerrilleros que eventualmente se desmovilicen. El presidente dijo que “nadie que haya cometido crímenes de lesa humanidad puede llegar al Congreso”.
El marco judicial de todo este proceso todavía está pendiente de resolución. Ayer la Corte Constitucional tuvo una de las últimas audiciones para analizar el Marco para la Paz, aprobado por el gobierno de Santos previo al comienzo de las negociaciones en La Habana, que permite que el Congreso apruebe mecanismos de justicia transicional para, entre otras cosas, incorporar a la política a guerrilleros desmovilizados. La corte debe pronunciarse sobre si el Marco para la Paz colisiona con la norma constitucional que prohíbe que las personas condenadas aspiren a cargos de elección popular.
Ayer planteó su posición el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y aseguró que permitir la participación política de los guerrilleros desmovilizados es una forma de garantizar que no se repetirá el enfrentamiento armado, porque encontrarán “el cauce democrático” para sus planteos. En cambio, impedir esa incorporación a la vida política haría “inviable un proceso orientado a la solución del conflicto armado”. En un sentido similar se pronunció el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien aseguró que “la inserción en la vida política en nada implica inmunidad, porque de lo que se trata es de llevar por las vías democráticas una situación que en el pasado fue canalizada por la vía armada”.
Quien sí manifestó su oposición a esta propuesta es el procurador general, Alejandro Ordóñez, cuya opinión es considerada en todos los casos que llegan a la Corte Constitucional. “Me pregunto: ¿no se revictimiza a la víctima cuando ve que su victimario ocupa un cargo de poder y diseña políticas públicas?”, planteó Ordóñez, y agregó que los acuerdos internacionales limitan la participación de los guerrilleros que hayan cometido delitos porque da prioridad a la protección de los derechos de las víctimas.