El llamado “Caso Ciccone”, por el nombre de una empresa que imprime billetes y listas partidarias, se remonta a cuando el vicepresidente argentino, Amado Boudou, era todavía ministro de Economía (2009-2011). El viernes, el juez que investiga la causa, Ariel Lijo, lo citó a declarar el 15 de julio junto a otros sospechosos de haber actuado de manera ilícita en este caso.
En el texto emitido por el juez, publicado ayer en la página web del Centro de Información Judicial ( http://ladiaria.com.uy/UEm ), queda establecida la amplitud de indicios que a su entender implican a Boudou. Se lo investiga por su presunto interés, cuando era ministro, por salvar de la quiebra a Ciccone, y está acusado de negociaciones incompatibles con su función, que se presume que pudo haber hecho para dejar la gestión de la empresa en manos de allegados suyos.
También deberán ir a declarar José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou; Rafael Resnick Brenner, ex jefe de Gabinete de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Alejandro Vandenbroele, el representante de The Old Fund, la sociedad a cargo de la nueva Ciccone; Nicolás Ciccone, dueño original de la imprenta; y el yerno de este último, Guillermo Reinwick.
El juez escribió que “las medidas probatorias realizadas a lo largo de la instrucción” permitieron establecer un “objeto procesal” al que detalló a continuación. Según el magistrado: “Boudou, junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, [...] a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión de 70% de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de [...] que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”.
Al respecto, el texto establece que Boudou “habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición [mediante] el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP”. Además, “habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional”. Por último, agrega que “esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad”.
Con esta convocatoria judicial resurgieron los pedidos de la oposición de que renuncie el vicepresidente. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró, en una entrevista emitida en el canal TV Pública el sábado, que este asunto “es una operación mediática promovida por el grupo Clarín, que extorsiona a los jueces”.